¿Washington está debilitando la democracia en Bolivia?
Codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan.
La noticia sobre las repetidas ocasiones en que la Embajada estadounidense en Bolivia le ha pedido a voluntarios de los Cuerpos de Paz (Peace Corps) y luego a un becario del programa Fulbright que espíen a ciertas personas en ese país es mucho más seria de como ha sido tratada hasta el momento.
De hecho, junto con otras actividades en Bolivia financiadas por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy – NED), existen motivos para una investigación por parte del Congreso.
Estas acciones refuerzan las afirmaciones hechas por funcionarios bolivianos en las que dicen que Washington busca desestabilizar e incluso derrocar a su gobierno democrático.
Esto posiblemente tiene graves consecuencias para una región en donde, en años recientes, el grado de aceptación de Estados Unidos, y en particular de su política exterior, ha alcanzado los niveles más bajos en el mundo no musulmán.
Estas intervenciones también son moralmente reprehensibles, y ponen a Estados Unidos en el lado equivocado de una lucha por los derechos civiles, justicia e igualdad que tiene mucho en común con nuestro propio movimiento por los derechos civiles en los años sesenta.
Es quizás poco sorprendente que el gobierno de Bush, cuyo partido estaba en el lado equivocado de esa lucha, también estuviera interviniendo en contra del gobierno de Evo Morales.
Morales, un indígena aymara, rompió con más de 500 años de tradición al ser electo el primer presidente indígena de Bolivia a finales del año 2005.
Mientras que sus promesas eran de terminar con siglos de discriminación en contra de la mayoría indígena de Bolivia, la mayor parte de las medidas tomadas por el gobierno han beneficiado a la gran mayoría de bolivianos, de todos los grupos étnicos del país.
Por ejemplo, la renacionalización de la industria de hidrocarburos –gas natural, en su mayoría – por parte del gobierno, ha traído más de un millardo (mil millones) de dólares en ingresos adicionales para el gobierno. (Esto sería equivalente a más de 1,4 billones de dólares en Estados Unidos).
El gobierno ha empezado a utilizar estos ingresos para construir hospitales y escuelas, para promover la titulación de tierras y reforma agraria y para incrementar las pensiones de seguridad social para los ancianos, una iniciativa de gran importancia en contra de la pobreza.
Todo esto ha enfrentado la oposición de la élite tradicional boliviana, y especialmente de los prefectos (gobernadores departamentales) de oposición, quienes quieren conservar los ingresos por hidrocarburos en los departamentos (provincias) en donde se encuentra el gas, en vez de compartir más a nivel nacional.
Resulta irónico que Estados Unidos notoriamente apoye la distribución nacional de ingresos como éstos en Irak, pero no en Bolivia.
Usaid tiene una oficina especial, la “Oficina para Iniciativas de Transición” (OTI, por sus siglas en inglés), que opera en Bolivia dedicando millones de dólares en entrenamiento y apoyo a gobiernos y movimientos derechistas de oposición y tratando de influenciar a otros actores políticos también.
Según Usaid, “la OTI interviene rápidamente y asume intervenciones de impacto rápido a través de la provisión de fondos a corto plazo que impulsen cambios más amplios”.
La OTI también afirma que le da apoyo a la democracia, pero aparentan estar apoyando más que todo al “movimiento separatista blanco” que ha visto ya a cuatro prefectos declarar la autonomía de sus departamentos, amenazando con dividir al país.
Desafortunadamente, algunos elementos en el gobierno de Bush han asumido una actitud característica del tiempo de la Guerra Fría para con Bolivia. En esta nueva Guerra Fría, Venezuela es el equivalente a la antigua Unión Soviética (sin importar que ese país suramericano tenga un gobierno democráticamente electo y una economía capitalista) y gobiernos como los de Bolivia y Ecuador son vistos como “estados cliente”.
De ahí que se les pidió a los voluntarios de los Cuerpos de Paz y al becario del programa Fullbright (Alex Van Shiack, N.D.R.) que reportaran a cualquier venezolano o cubano que encontrasen en el país.
Pero no existe evidencia de que Venezuela –a pesar de los miles de millones de dólares en ayuda y préstamos que brinda a través de la región– ha influenciado las políticas del gobierno boliviano.
Sometimiento al Banco Mundial
Esto resulta muy al contrario a lo sucedido durante los 20 años previos al gobierno de Evo Morales, cuando Bolivia operó bajo acuerdos con el FMI a lo largo, prácticamente, del total de las dos décadas.
Existe todo un rastro de evidencias en acuerdos que muestran la clara influencia de Washington sobre decisiones económicas importantes, incluyendo en las áreas de política macroeconómica, privatizaciones y política comercial.
Estas políticas resultaron ser un desastroso fracaso en sus propios términos. El ingreso por persona en Bolivia terminó siendo menor de lo que fue 27 años atrás.
Desde que Bolivia ha logrado su independencia de estas instituciones y su gobierno democrático está intentando cumplir sus promesas, el presidente Bush ha declarado que está “preocupado por la erosión de la democracia” en ese país, y su gobierno está interviniendo.
Ahora han puesto a los voluntarios de los Cuerpos de Paz y a los becarios del programa Fullbright en riesgo. El congreso estadounidense debe investigar estos abusos.
La noticia sobre las repetidas ocasiones en que la Embajada estadounidense en Bolivia le ha pedido a voluntarios de los Cuerpos de Paz (Peace Corps) y luego a un becario del programa Fulbright que espíen a ciertas personas en ese país es mucho más seria de como ha sido tratada hasta el momento.
De hecho, junto con otras actividades en Bolivia financiadas por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy – NED), existen motivos para una investigación por parte del Congreso.
Estas acciones refuerzan las afirmaciones hechas por funcionarios bolivianos en las que dicen que Washington busca desestabilizar e incluso derrocar a su gobierno democrático.
Esto posiblemente tiene graves consecuencias para una región en donde, en años recientes, el grado de aceptación de Estados Unidos, y en particular de su política exterior, ha alcanzado los niveles más bajos en el mundo no musulmán.
Estas intervenciones también son moralmente reprehensibles, y ponen a Estados Unidos en el lado equivocado de una lucha por los derechos civiles, justicia e igualdad que tiene mucho en común con nuestro propio movimiento por los derechos civiles en los años sesenta.
Es quizás poco sorprendente que el gobierno de Bush, cuyo partido estaba en el lado equivocado de esa lucha, también estuviera interviniendo en contra del gobierno de Evo Morales.
Morales, un indígena aymara, rompió con más de 500 años de tradición al ser electo el primer presidente indígena de Bolivia a finales del año 2005.
Mientras que sus promesas eran de terminar con siglos de discriminación en contra de la mayoría indígena de Bolivia, la mayor parte de las medidas tomadas por el gobierno han beneficiado a la gran mayoría de bolivianos, de todos los grupos étnicos del país.
Por ejemplo, la renacionalización de la industria de hidrocarburos –gas natural, en su mayoría – por parte del gobierno, ha traído más de un millardo (mil millones) de dólares en ingresos adicionales para el gobierno. (Esto sería equivalente a más de 1,4 billones de dólares en Estados Unidos).
El gobierno ha empezado a utilizar estos ingresos para construir hospitales y escuelas, para promover la titulación de tierras y reforma agraria y para incrementar las pensiones de seguridad social para los ancianos, una iniciativa de gran importancia en contra de la pobreza.
Todo esto ha enfrentado la oposición de la élite tradicional boliviana, y especialmente de los prefectos (gobernadores departamentales) de oposición, quienes quieren conservar los ingresos por hidrocarburos en los departamentos (provincias) en donde se encuentra el gas, en vez de compartir más a nivel nacional.
Resulta irónico que Estados Unidos notoriamente apoye la distribución nacional de ingresos como éstos en Irak, pero no en Bolivia.
Usaid tiene una oficina especial, la “Oficina para Iniciativas de Transición” (OTI, por sus siglas en inglés), que opera en Bolivia dedicando millones de dólares en entrenamiento y apoyo a gobiernos y movimientos derechistas de oposición y tratando de influenciar a otros actores políticos también.
Según Usaid, “la OTI interviene rápidamente y asume intervenciones de impacto rápido a través de la provisión de fondos a corto plazo que impulsen cambios más amplios”.
La OTI también afirma que le da apoyo a la democracia, pero aparentan estar apoyando más que todo al “movimiento separatista blanco” que ha visto ya a cuatro prefectos declarar la autonomía de sus departamentos, amenazando con dividir al país.
Desafortunadamente, algunos elementos en el gobierno de Bush han asumido una actitud característica del tiempo de la Guerra Fría para con Bolivia. En esta nueva Guerra Fría, Venezuela es el equivalente a la antigua Unión Soviética (sin importar que ese país suramericano tenga un gobierno democráticamente electo y una economía capitalista) y gobiernos como los de Bolivia y Ecuador son vistos como “estados cliente”.
De ahí que se les pidió a los voluntarios de los Cuerpos de Paz y al becario del programa Fullbright (Alex Van Shiack, N.D.R.) que reportaran a cualquier venezolano o cubano que encontrasen en el país.
Pero no existe evidencia de que Venezuela –a pesar de los miles de millones de dólares en ayuda y préstamos que brinda a través de la región– ha influenciado las políticas del gobierno boliviano.
Sometimiento al Banco Mundial
Esto resulta muy al contrario a lo sucedido durante los 20 años previos al gobierno de Evo Morales, cuando Bolivia operó bajo acuerdos con el FMI a lo largo, prácticamente, del total de las dos décadas.
Existe todo un rastro de evidencias en acuerdos que muestran la clara influencia de Washington sobre decisiones económicas importantes, incluyendo en las áreas de política macroeconómica, privatizaciones y política comercial.
Estas políticas resultaron ser un desastroso fracaso en sus propios términos. El ingreso por persona en Bolivia terminó siendo menor de lo que fue 27 años atrás.
Desde que Bolivia ha logrado su independencia de estas instituciones y su gobierno democrático está intentando cumplir sus promesas, el presidente Bush ha declarado que está “preocupado por la erosión de la democracia” en ese país, y su gobierno está interviniendo.
Ahora han puesto a los voluntarios de los Cuerpos de Paz y a los becarios del programa Fullbright en riesgo. El congreso estadounidense debe investigar estos abusos.
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