El Justo Reclamo

Bolivia: Centralismo vs autonomía

Evo Morales

jean paul guzmán saldaña

La Paz, 5 de mayo (apro).- Bolivia vivirá desde este 4 de mayo una inédita coyuntura en sus 183 años de historia republicana: el departamento (Gobernación) de Santa Cruz, el de mayor extensión territorial y riqueza del país, realizará este domingo 4 un referéndum en favor de la autonomía, un proceso orientado a que la región cree sus propios órganos de poder gubernamental, legislativo y judicial.Los mayoría de los cruceños habían anticipado que votarían por otorgar el “Sí” a la autonomía y de esta manera aprobar el Estatuto Autonómico, un documento que, a semejanza de una Constitución, establece un modelo propio de organización política y económica que no pone en duda la pertenencia de la región a Bolivia, pero pulveriza el modelo centralista y da paso a un autogobierno que únicamente excluye de sus competencias la defensa exterior, las relaciones internacionales y la política monetaria. La aprobación del Estatuto Autonómico no implica que, inmediatamente, entre en vigor, ya que es incompatible legalmente con la actual Constitución y con el proyecto de Constitución aprobado por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), y además aún no ha sido ratificado por el voto de la población, debido al mayoritario rechazo a su contenido y a la forma en que fue aprobado en la Asamblea Constituyente, a través de votaciones que excluyeron coercitivamente a la oposición.Sin embargo, los analistas no dudan en señalar que el proceso autonomista crea un nuevo escenario político con la emergencia de un poder regional que, al colisionar con el esquema centralista e indigenista defendido por el presidente Evo Morales, ha dividido al país en dos frentes con radicales diferencias sobre el modelo que debe aplicarse para una nueva organización del Estado y la sociedad. Para el gobierno, el referéndum (al que denomina una “encuesta”) es un proceso ilegal, ya que no fue convocado por el Congreso ni supervisado por la Corte Nacional Electoral. En cambio, según las autoridades y los dirigentes de Santa Cruz, el referéndum es “plenamente legal”, pues cumpió con todos los requisitos establecidos por la Constitución: recolección de firmas de apoyo, convocatoria por el prefecto del departamento y organización por la Corte Electoral Departamental. Con estas visiones contrapuestas, la única instancia para resolver el carácter legal del referéndum era el Tribunal Constitucional, pero esta institución dejó de funcionar hace meses debido a que el gobierno de Morales presionó a la mayor parte de sus integrantes hasta obtener su renuncia, sin que se haya logrado aún designar a sus sustitutos.
“Semi-Estados”
El punto de origen de esta crisis ha sido focalizado en el fracaso de la Asamblea Constituyente, instalada el 6 de agosto de 2006, que luego de 17 meses de trabajo fue incapaz de aprobar por consenso una nueva Constitución, ya que únicamente reprodujo la propuesta política del MAS, traducida en la concepción de un Estado centralista y todopoderoso, con una mayoritaria presencia indígena en todos los órganos de poder, pese a que la población declarada como tal no supera 19% de los 9 millones 800 mil habitantes del país.La denominada desde entonces irónicamente por sus críticos como “Constitución del MAS”, excluyó la principal demanda de por lo menos cinco de las nueve gobernaciones del país: la autonomía regional. Lo que desencadenó exitosos procesos autonómicos como el de Santa Cruz, a quien seguirían las gobernaciones de Beni, Pando y Tarija, las cuales han convocado a referendos para aprobar sus propios estatutos autonómicos en junio. La gobernación de Chuquisaca también ha iniciado la organización de referendo, con lo que la capacidad de influencia política de Evo Morales se ha reducido únicamente a la región andina, la más pobre del país. Todas las encuestas aseguran una victoria mayoritaria del voto a favor de las autonomías en los próximos referendos.El Estatuto Autonómico de Santa Cruz define como la máxima autoridad ejecutiva al prefecto (gobernador), que designará a los responsables de secretarías, responsables de la administración de las políticas económicas, sociales, educativas y de seguridad de la región. La Asamblea Legislativa, compuesta por 28 integrantes elegidos por voto popular, dictará leyes locales, creará impuestos y designará, con una votación de dos tercios de sus miembros, a las autoridades de la Corte de Justicia, la Fiscalía y la Corte Electoral, tras un proceso previo de calificación de los postulantes.Después de la aprobación del Estatuto Autonómico por el referendo, la siguiente etapa del proceso, que deberá completarse antes de fin de año, será la elección de un nuevo gobernador y de los 28 integrantes de la Asamblea Legislativa. Sólo después de ambos procesos, en teoría, entraría en vigencia la autonomía de la gobernación de Santa Cruz.En los hechos, sin embargo, las cosas son más complejas. El Estatuto Autonómico asigna al gobernador y a la Asamblea Legislativa varias atribuciones que corresponden, según la Constitución vigente, exclusivamente al Poder Ejecutivo y al Congreso, con lo que su aplicación está en severa duda, salvo que se recurra a actitudes de desacato y violencia. Al respecto, el gobierno ha advertido que, en materia económica, no permitirá, por ejemplo, que Santa Cruz maneje todos los impuestos e ingresos que genera, administre los recursos naturales y controle la propiedad de la tierra, porque equivaldría al reconocimiento de “un Estado paralelo”. “(Con el Estatuto Autonómico) se está planteando transformar un esquema de atribuciones limitadas que tienen las gobernaciones a competencias ilimitadas de, prácticamente, un semi-Estado soberano”, afirmó Fabian Yaksic, viceministro de Descentralización. Al respecto, el constitucionalista Juan Carlos Urenda, uno de los arquitectos del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, replicó que “el Estado hay que concebirlo no sólo desde el gobierno central. Los gobiernos departamentales también son Estado. En consecuencia, el gobierno central no es sinónimo del Estado. Lo que hay, es que Bolivia se va a transformar, a partir del 4 de mayo, de un Estado de dos gobiernos (nacional y municipal), a un Estado de tres niveles de gobierno, como 95% de los países del mundo: se tendrá un gobierno nacional, uno departamental (gobernaciones) y otro municipal”.
Obligados a negociar
Dos años y cuatro meses después de haber llegado al gobierno con 53.7% de los votos, que hicieron pensar en la probabilidad de una fuerza política avasalladora, Evo Morales se encuentra hoy políticamente debilitado por la insurgencia de las fuerzas regionales autonómicas, la confrontación política, el debilitamiento de la institucionalidad y una cuestionada gestión económica cuyos principales resultados son bajo crecimiento, alta inflación y casi nula inversión extranjera.Sin embargo, aún tiene a su favor la capacidad de presión de los sectores sociales leales a su proyecto (cultivadores de coca, campesinos, indígenas cooperativistas y comerciantes informales) y la carta de “su” proyecto de Constitución, aprobado en la Asamblea Constituyente, pero aún no refrendado por el voto popular.“Entonces en Bolivia existen hoy dos cartas de negociación: el gobierno, por su parte, tiene su proyecto de Constitución, y Santa Cruz su Estatuto Autonómico. El gobierno, tras innumerables reveses, ha aceptado que debe modificar su proyecto de Constitución porque sabe que se trata de un documento que, tal como está hoy redactado, es imposible de aplicar y acatar. Santa Cruz sabe también que su Estatuto Autonómico tiene algunos componentes incompatibles con la legalidad e inaplicables en los hechos. Por lo tanto, ambos (el gobierno y Santa Cruz) tienen la posibilidad de hacer concesiones mutuas que establezcan un punto intermedio de equilibrio u optar por aplicar unilateralmente sus políticas, con consecuencias imprevisibles”, afirmó el analista político Jorge Lazarte.Añadió: “Lo único que está fuera de duda y negociación es que dos tercios del país, encabezados por Santa Cruz, han asumido el proceso autonómico como una opción legítima que no tiene vuelta atrás. Está pendiente únicamente cómo el país asumirá en su estructura la autonomía regional”. Por su parte, el expresidente Carlos Mesa sostiene que “la única salida a la actual crisis política es la negociación entre el gobierno, las regiones y los principales líderes políticos”. Esta negociación, señaló, debe apuntar a lograr dos acuerdos:“Reformular radicalmente el proyecto de nueva Constitución para convertirla en un auténtico pacto social, e incorporar el espíritu autonomista del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y de otras regiones al proyecto de nueva Constitución”.Hasta hoy, empero, los intentos de reunir al gobierno central con Santa Cruz y las regiones autonomistas han fracasado. La propia Organización de Estados Americanos (OEA) organizó en menos de un mes tres visitas a Bolivia de su secretario de Asuntos Políticos, Dante Caputo, con el fin de mediar en un posible acercamiento entre las partes.El único resultado de las reuniones que mantuvo por separado con los actores en conflicto ha sido el compromiso del gobierno central y de los dirigentes de Santa Cruz para evitar la violencia. Nada más.Con este panorama, todos en Bolivia se preguntan ¿qué pasara después del 4 de mayo? Uno de los analistas más prestigiosos del país, Roberto Laserna, realizó, al respecto, una encuesta en Bolivia a 31 expertos de diversas disciplinas.A la pregunta, “¿de qué manera cree que cambie el escenario político boliviano luego del referéndum autonómico de Santa Cruz?”, 46.7% de los encuestados contestó que “habrá mayores opciones para negociar acuerdos políticos”; 40% afirmó que “aumentará la confrontación entre el gobierno y las regiones”; 20% sostuvo que “desencadenará acciones que debilitarán la democracia”, y 10% dijo que “desencadenará acciones de hecho que pondrán en riesgo la unidad nacional”.En otras respuestas, los analistas consideran que el referéndum autonómico de Santa Cruz y los que están a punto de realizarse en Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca pueden convertirse en una oportunidad para relanzar el diálogo político y la concertación que, si es desaprovechada, podría generar mayor confrontación e incluso conflictos de carácter separatista.“En síntesis, podría decirse que lo que sucederá después del 4 de mayo no es algo que ya está escrito y sea inevitable, sino que dependerá de la manera en que los bolivianos procesemos sus resultados y en la medida en que seamos capaces de aprovechar las oportunidades y de reducir los riesgos que ellos mismos traen.“Una actitud orientada a desconocer la fuerza social de la demanda autonómica podría conducirnos hacia el peor de los escenarios. Por el contrario, aceptar que las autonomías serán un nuevo principio de organización del Estado y que el nuevo liderazgo político se encuentra en las regiones, nos ayudaría a reencontrarnos como país y a encontrar nuestro camino de progreso en democracia”, sostuvo Laserna.En los hechos, Bolivia se enfrenta hoy a esa encrucijada.