El Justo Reclamo

Caso Cemex El choque

Hugo Chávez

Elsa Piña Y Andrés Cánsales

En la nacionalización de la industria del cemento, el gobierno de Venezuela utilizó dos equipos negociadores: uno conciliador con las empresas Lafarge de Francia y Holcim de Suiza; y otro de confrontación con la mexicana Cemex. Ante la expropiación, esta empresa anunció que recurrirá al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Pero el gobierno de Hugo Chávez está cambiando las reglas del juego: interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela un recursoque, en los hechos, desactiva el reconocimiento de este tipo de instancias internacionales.

CARACAS.- El municipio Guanta, ubicado en el norte del estado Anzoátegui, en el oriente venezolano, recibió la noticia de la nacionalización de la empresa Cementos Mexicanos (Cemex) con alegría y, a la vez, con pesar. Decenas de militantes del movimiento bolivariano del presidente Hugo Chávez, con sus camisetas rojas, se apostaron a las puertas de la planta cementera al filo de la medianoche del lunes 18 y se pusieron a festejar. Al lugar llegó el ministro de Energía y Petróleo y simultáneamente presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, quien encabezó la celebración. En un acto simbólico, cantó el himno nacional venezolano.Al mismo tiempo, concejales de la localidad sacaron cuentas y se percataron de que tendrán dificultades para cerrar el año fiscal 2008: Cemex era el principal contribuyente del municipio.En Guanta se encuentra la planta de Pertigalete, una de las tres que poseía la firma mexicana en Venezuela. Los habitantes del municipio le dieron un claro respaldo al presidente Chávez en diciembre de 2006: 57.2% de los votos, según las cifras electorales oficiales. Un año después, sin embargo, la propuesta de reformar la Constitución mediante un referéndum, lanzada por el presidente, fue rechazada de manera categórica en esta localidad: 57.1% de los electores votó por el “no” a la reforma. En entrevista telefónica con Proceso, Leonardo Rondón, presidente del Concejo Municipal de Guanta, confirmó que él y cinco concejales exigieron al gobierno de Chávez una compensación por la expropiación de la planta de Cemex en la zona de Pertigalete.Según Rondón, la empresa mexicana aportaba al municipio alrededor de 4 millones de bolívares al año (1 millón 865 mil dólares) por concepto de impuestos sobre patentes, industria y comercio. Entre el 19 de agosto, fecha en que se oficializó la expropiación de las plantas, y el próximo 31 de diciembre Cemex debía aportar al fisco municipal un total de 1 millón de bolívares (465 mil 116 dólares).El impacto se sentirá especialmente en 2009: “La municipalidad va a tener que prescindir de personal para poderse adecuar al nuevo presupuesto”, declaró Rondón.Por su parte, en declaraciones a medios de prensa locales, el concejal Jesús Navarro, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), recalcó que los pobladores de Guanta no deben temer por la nacionalización porque “la decisión presidencial convierte a Cemex en una empresa de producción social”. Afirmó que las utilidades serán repartidas entre la empresa y los trabajadores, y que se aplicará una “reinversión social” en las comunidades que se encuentran a su alrededor para mejorar su calidad de vida.
Las diferencias
Cemex tenía en Venezuela tres plantas de cemento con una capacidad de producción de 4 millones 600 mil toneladas métricas al año. Prácticamente proveía la mitad del cemento que consume el país. Era propietaria también de 33 plantas de concreto, 10 centros de distribución terrestre y cuatro terminales marítimas.Unos 3 mil trabajadores se encontraban en la nómina de las tres plantas, de los cuales aproximadamente 740 laboran en Pertigalete. Durante la toma de posesión de la planta de Pertigalete por parte del Estado venezolano, unos 400 empleados de Cemex mostraron pancartas en las que exigieron su incorporación como trabajadores fijos. El ministro Ramírez aseguró que todo el personal será contratado por la empresa, ahora estatal.Además, la planta de Pertigalete –principal centro de producción de cemento del país– arrastra un conflicto laboral desde 1994. Un grupo de extrabajadores exige el pago de deudas laborales por más de una década, que la empresa mexicana no reconoce. El caso llegó incluso al Tribunal Supremo de Justicia, cuya Sala Social actuó como mediadora. A finales de julio pasado, unos 40 extrabajadores apoyados por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se apostaron en las puertas de la planta e impidieron la salida y distribución del cemento durante una semana.El ministro Rafael Ramírez declaró el lunes 18 desde Guanta que el gobierno hará uso de un plazo de 60 días para determinar el precio final de Cemex, una vez que el gobierno realice auditorías de los pasivos.También aseguró que fue imposible alcanzar un acuerdo con los representantes de Cemex debido a la notable diferencia de los montos fijados por las partes. La empresa mexicana exigía una indemnización de unos mil 300 millones de dólares, en función de los “índices de valor por tonelada de capacidad instalada y múltiplos de EBITA (flujos de operación)”. El gobierno venezolano ofrecía 650 millones de dólares, monto estimado con base en la cotización de los activos de la empresa en la Bolsa de Valores de Caracas.En un comunicado emitido el miércoles 20, Cemex dijo que la propuesta presentada por el gobierno es proporcionalmente menor de lo que pagó por Holcim y Lafarge.La administración de Chávez acordó con Holcim pagar 552 millones de dólares por 85% de las acciones y el resto seguirá en manos de la firma suiza. Con Lafarge el monto fue de 267 millones de dólares por 89% de las acciones; 6% seguirá cotizándose en la Bolsa de Valores de Caracas y otro 5% continuará en manos de la trasnacional francesa. Los acuerdos con ambas empresas incluyen prolongar durante 60 días el proceso, en una pacífica transición, y el compromiso de las cementeras europeas de continuar con el apoyo tecnológico a Venezuela una vez que el Estado asuma el pleno control de las plantas. Según Ramírez, representantes de Cemex y del gobierno se reunieron una decena de veces. Sin embargo, dijo, los primeros se mostraron inflexibles en su petición, mientras que los ejecutivos de Lafarge y Holcim aceptaron acuerdos “transparentes, razonables y auditables”.A su vez, una fuente de Cemex comentó a Proceso que las conversaciones con los representantes del gobierno venezolano fueron “pobres y escasas” y que nunca se formó la comisión que realizaría el proceso de traspaso de la empresa a manos del Estado venezolano. Tal comisión estaba prevista en el decreto expropiatorio que el gobierno de Chávez publicó el pasado 19 de junio, el cual también establecía un plazo de 60 días para que las tres compañías cementeras decidieran si permanecían como accionistas minoritarias, reservando para el Estado venezolano al menos 60% de las acciones.
Doble rasero
En abril pasado, cuando el presidente Hugo Chávez anunció la nacionalización de la industria cementera, acusó a las empresas extranjeras de ser responsables de la escasez del producto. Dijo que lo exportaban en vez de destinarlo al mercado local y que eso obstruía los esfuerzos de su gobierno para resolver la crisis de construcción de vivienda y de infraestructura. Con la decisión de expropiar las plantas que operan las tres firmas internacionales, “ahora el Estado venezolano tiene control de 90% del mercado de cemento del país, y eso potenciará nuestros procesos productivos”, sostuvo el ministro Rafael Ramírez.La decisión del gobierno de Chávez de expropiar Cemex –en contraste con los acuerdos que logró con las firmas europeas– llamó la atención de analistas políticos. Consideraron que ello puede tensar las relaciones con el gobierno de México, que se encontraban en proceso de normalización después del deterioro que sufrieron durante el sexenio de Vicente Fox.Caracas mantiene una fluida relación con el gobierno de Francia, que se fortaleció con la intermediación de Chávez en el caso de los secuestrados por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A su vez, el gobierno suizo se ha abstenido de hacer críticas a Chávez.El pasado 20 de agosto, el diario El Nacional difundió la versión de que PDVSA, la cual representó al Estado venezolano en las negociaciones con las tres firmas, designó dos equipos diferentes: uno conciliador para los diálogos con Lafarge y Holcim, y otro de confrontación para tratar con Cemex. Un experto venezolano que es consultor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), creado por el Banco Mundial, dice a Proceso que esta versión puede tener base, pues fue la misma estrategia que el gobierno de Chávez puso en práctica en la nacionalización de las empresas petroleras trasnacionales. En aquellas negociaciones los representantes de Caracas tuvieron una mano más suave con la mayoría de las empresas que operaban en la faja petrolífera del Orinoco, y una actitud menos conciliadora con la estadunidense Exxon Mobil, que interpuso recursos ante tribunales en Londres y Nueva York, así como ante el Ciadi.De acuerdo con analistas políticos, esta estrategia de “doble rasero” provocó que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México enviara el martes 19 una nota diplomática al gobierno venezolano en la que expresa su preocupación por la medida y le pide continuar las negociaciones con Cemex “sobre la base de los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y apertura conforme al marco legal aplicable”. Pero no hubo más negociaciones. Ante ello, Cemex anunció en el citado comunicado del miércoles 20 que recurrirá al arbitraje del Ciadi debido a que existió una “confiscación de bienes y privación de derechos” de su filial en Venezuela.Un día después –jueves 21–, el presidente Hugo Chávez reviró: “Si ellos (los ejecutivos de Cemex) deciden ir a juicio internacional, bueno, ya PDVSA fue llevada a 100 juicios. Vamos, no tenemos miedo. Donde quiera que ellos vayan, ahí estaremos nosotros con nuestras razones”.Y calificó a los directivos de la empresa mexicana como “irrespetuosos” e “irresponsables”. Añadió: “No les importa contaminar gente, playa, vegetación, animales y todo. Lo de ellos es ganancia, dinero. Pero no para invertirlo aquí; para llevárselo, saqueando las riquezas del país y vendiendo el cemento más caro del mundo”.En su comunicado, la empresa mexicana apuntó: “Cemex califica la confiscación y el posterior procedimiento de expropiación como una violación flagrante a la Constitución, a la Ley de Expropiación y a otras leyes de Venezuela, además de no respetar los principios del derecho internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones aplicables al caso, que prohíben la ocupación de bienes y privación de derechos sin previa indemnización justa y efectiva y sin previo procedimiento de expropiación”. El ministro Ramírez señaló que se cumplieron todos los pasos legales para llevar a cabo la expropiación. Sin embargo, los abogados Victorino Márquez y Luis Alfonso Herrera, ambos expertos en el tema, dijeron que no fue así. En declaraciones a medios locales, explicaron que la ocupación que ordenó PDVSA de las instalaciones de la empresa mexicana es una medida ilegal porque debió ser antecedida de una decisión de un tribunal competente en materia de expropiaciones.Para Márquez esta decisión debilita la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras y afecta a los empresarios venezolanos: “Estamos viendo cómo el Poder Ejecutivo lleva adelante una expropiación por la vía administrativa sin tomar en cuenta al Poder Judicial”.De acuerdo con las leyes venezolanas, el Estado tiene el compromiso de reconocer los tribunales de arbitraje internacional, pero eso puede cambiar en poco tiempo. El pasado 11 de agosto, un grupo de abogados de PDVSA interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación del artículo 258 de la Constitución Bolivariana y del artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones. Este recurso busca desactivar las normas que reconocen el arbitraje de instancias internacionales para dirimir diferendos del Estado venezolano con empresas extranjeras. Si bien el recurso legal se relaciona con el caso de Exxon Mobil y no pide la derogación de los artículos referentes al arbitraje internacional, solicita que éste sólo pueda activarse por una declaración expresa de las autoridades venezolanas. Es un cambio en las reglas de juego.