Inseguridad y derechos humanos

Editorial

En un comunicado de prensa difundido ayer, Amnistía Internacional (AI) asegura, con respecto al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito el pasado 21 de agosto durante el cónclave celebrado en Palacio Nacional, que “no ha detectado el pleno compromiso de todos los representantes del Estado mexicano de poner el respeto, protección y cumplimento de los derechos humanos en el centro de las medidas y objetivos de la iniciativa”. Adicionalmente, el documento subraya que toda acción de las autoridades en el contexto del combate a la delincuencia debe evitar “el falso dilema de que la seguridad pública y los derechos humanos son conceptos contrapuestos”; más aún, el texto añade que “un Estado donde no se respetan los derechos humanos es un Estado donde la seguridad pública no existe”.

Estas afirmaciones apuntan a un elemento central y sumamente criticable del pacto de seguridad anunciado la semana antepasada: la falta de claridad y compromiso de las autoridades con relación al respeto y la vigencia de las garantías individuales. En efecto, del total de 75 medidas que comprende el referido acuerdo, sólo dos tocan el tema de los derechos humanos, y lo hacen en forma marginal: los puntos 28 y 66, que ofrecen incluir los derechos humanos como temas en los planes de estudio a cargo del gobierno y en programas de difusión promovidos por las organizaciones religiosas.

En contraste, el acuerdo –en consonancia con la política de seguridad adoptada por el actual gobierno federal– exhibe un marcado acento en el combate a la delincuencia mediante recursos exclusivamente penales, policiales y militares que, como se ha visto, plantean escenarios propicios para el atropello y las violaciones a las garantías individuales por parte de las autoridades.

Otro asunto importante y puesto en relieve por AI mediante el comunicado de ayer es la urgencia de “fortalecer el sistema de justicia mexicano como vía principal para combatir la impunidad y, en consecuencia, la inseguridad pública”. Tal reclamo resulta pertinente si se toma en cuenta que los órganos de impartición de justicia se han vuelto garantes de impunidad para transgresores de la legalidad y, en particular, para los violadores de los derechos humanos, como ocurrió en el caso Lydia Cacho, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación –cabeza del Poder Judicial– resolvió por mayoría absolver al gobernador de Puebla, Mario Marín, pese a su demostrada participación en una conjura para atentar contra las garantías individuales de la periodista.

En suma, lo expresado ayer por AI pone en perspectiva que, al contrario de lo sostenido en el discurso oficial, el pacto nacional de seguridad es un instrumento coyuntural, orientado a calmar la indignación y los reclamos de sectores de la sociedad ante la creciente ola de violencia que recorre el país, pero en el que se ignoran las violaciones a los derechos humanos, la impunidad de que gozan muchos servidores públicos que atropellan a la ciudadanía y las campañas de hostigamiento y represión hacia diversas manifestaciones de descontento social, situaciones que, al igual que el narcotráfico, el secuestro, el robo o el asesinato, vulneran el Estado de derecho y erosionan la seguridad pública nacional. Dichas omisiones constituyen una de las principales razones que justifican el escepticismo hacia el acuerdo referido: la otra es el hecho de que el actual gobierno se ha desentendido del combate a los enormes rezagos sociales, económicos y el deterioro institucional que, en conjunto, han propiciado el desgarramiento del entramado social y que constituyen, a fin de cuentas, las causas originarias de la delincuencia.