Luis Linares Zapata
Los resultados del pacto en la cumbre entre el PRI y el gobierno del señor Calderón son tan densos como para ensayar una crítica a profundidad sobre sus negativos efectos en la vida política, social y económica del país. El primer conjunto de consecuencias son ya notables en la vertiente electoral (Coahuila, Hidalgo, Sinaloa o Guerrero). Los triunfos priístas en las contiendas locales marcan una línea indeleble: son acciones de Estado, de oneroso dispendio y, en muchas de las posiciones ganadas por sus militantes, las conexiones con el crimen organizado son estrechas.
En el ámbito social también resaltan las derivadas de un ambiente de acentuada impunidad para diversos actores (principales o de reparto) como gobernadores, contratistas traficantes de influencias o funcionarios públicos de los distintos niveles de gobierno. La cauda disolvente de valores que acarrea tal fenómeno es ya imposible de ocultar o justificar. A pesar de que los medios de comunicación, en especial las grandes cadenas de radio y televisión, se empeñan en disfrazar sus aristas más rasposas, el cúmulo que se va apilando es tan grande que los desbordan y ponen en evidencia los trafiques, las complicidades, los fraudes abiertos en las alturas decisorias.
La reciente calificadora, Ficht Ratings, no ha hecho más que corroborar lo que aquí se ha venido poniendo en evidencia: la fragilidad de la Fábrica Nacional para responder a la crisis global. En realidad, la fortaleza y agilidad del aparato productivo para enfrentar el reto de una recesión de Estados Unidos es casi nula. Sea por las escasas reservas en monedas duras o los bajos ingresos petroleros y de remesas en relación con los déficits, comercial y de cuenta corriente. O sea también por las elevadas deudas contraídas por las grandes empresas privadas, la deuda soberana de México junto con la solvencia de la banca de desarrollo y otros bancos comerciales más de capital privado internacional, entran en una situación de inestabilidad que, con seguridad, será creciente.
Pero no sólo eso ata las posibilidades de reacción del sistema productivo ante la ferocidad de una recesión como la actual, otras variables se conjugan para acentuar dichas debilidades. Tal como lo destaca la citada calificadora, la rala capacidad fiscal de la hacienda pública se mantiene como una causal eficiente de los mermados márgenes de acción del gobierno para financiar inversiones emergentes, imprescindibles ante la emergencia. Más aún, la misma industria petrolera, con su reciente reforma tan celebrada por algunos, no podrá concurrir al auxilio de la decaída economía.
Las inversiones que se perfilan como posibles, y hasta seguras, se piensan canalizar hacia empresas externas con pocas o nulas derramas locales. El grueso de los proyectos de Pemex se está enfocando, de nueva cuenta, hacia la exploración y extracción de crudos y no hacia la refinación, mantenimiento o reposición de ductos y a la petroquímica, donde se podrían activar cadenas propias.
Las revelaciones recientes de Pemex ponen el acento en la proyectada serie de contratos de servicios múltiples multimillonarios, (35 de ellos) cuyas pretensiones apuntan a sostener o aumentar la plataforma exportadora de crudo. Esta deformación de la industria fue una de las preocupaciones del movimiento en defensa del petróleo y cuya corrección ha sido olímpicamente ignorada a pesar del irresponsable uso de las reservas que ello implica. El disfraz que se trata de tender sobre los contratos de servicios, tan cuestionados, continúa.
Lo mismo ocurre con las inminentes concesiones de bloques exclusivos para la exploración y extracción que acentuarán la extranjerización de Pemex, ya confesada (Monterrey) por la secretaria Kessel. Asuntos estos soslayados, o de plano negados, por el oficialismo y por algunos sectores de la izquierda, que ahora quedarán colgados de la brocha ante el juicio popular.
En la vertiente electoral, ya mencionada arriba, el caso Hidalgo vuelve a ser indicativo de la regresión ya bien encarrerada. Tal como afirma Porfirio Muñoz Ledo está en curso un proceso que pone en tela de juicio la validez del voto como medio para dirimir la contienda por el poder. Reconocer como válido 56.5 por ciento de participación en una contienda local es un insulto a la inteligente experiencia de cualquiera. Conocedores de tales negocios no pueden aceptar más de un 35 por ciento. El resto es manipulación rampante, como es el caso de ese estado, tristemente famoso por su asentado caciquismo y el analfabetismo electoral.
Las elecciones locales están siendo atacadas por los enemigos de la democracia, incluyendo al crimen organizado, claro está. Pero la incidencia de los gobernadores, con sus grandes talegas de recursos públicos a discrecional desuso, es una realidad inocultable. Más todavía, ha quedado establecida de manera fehaciente la ruta a seguir en las venideras, incluyendo las federales de 2009 si se continúa con la impunidad actual. Sendos distritos son asignados a gobernadores de manera exclusiva para que hagan y deshagan a su faccioso proceder. Aparecen a continuación los panegíricos mediáticos alertando sobre la indetenible recuperación del PRI, con sus victoriosos adalides con miras al 2012.
La izquierda es vilipendiada por sus propios errores, precariedad financiera y rijosas divisiones. Aun así el priísmo no logra convencer. Los números escuetos de sus celebradas victorias (388 mil votos en Hidalgo: 39 por ciento del total) no alientan el optimismo que sus líderes pavonean ante el derrumbe del panismo, pagano de las concertaciones en la cúspide, ineficiencias demostradas y de sus hipócritas afanes de lucro instantáneo.
Recorrer los municipios del país es mirar de frente el decaimiento, la postración, la pobreza que se abate sobre inmensos grupos sociales del país. Un resultado directo del fundamentalismo del modelo en boga, la corrupción y el entreguismo. Regiones enteras del sur, centro, las costas y el norte de la República lo atestiguan ante cualquier viajero poco atento, más todavía ante un observador acucioso y honesto.
Los testimonios certificados de las calamidades de la pobreza actual de México todavía esperan a su heroico narrador. Sólo una persona recorre esta geografía de la desgracia nacional incitando a conservar un cacho de esperanza en un cambio efectivo y justiciero por venir. Ningún otro líder político se atreve a presenciar las terribles, las inhumanas consecuencias ocasionadas por más de un cuarto de siglo de fracasos económicos y nula solidaridad de las elites. El resto es documentar el arraigado pesimismo sobre las soluciones que todavía insiste en ensayar la continuidad prianista.
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