Ratifican que México es el segundo país del mundo más peligroso para periodistas

Critican a Orellana Wiarco y lo exhortan a fomentar la justicia y la libre expresión

Carolina Gómez Mena

Para el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), “presentar estadísticas en forma incompleta no altera el hecho de que México es uno de los países más violentos en el mundo” para los comunicadores.

El comunicado, fechado en Nueva York, responde a las declaraciones realizadas el martes por el fiscal especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, Octavio Orellana Wiarco, de que México no es el segundo país del mundo más violento para los periodistas.

De ese modo, el funcionario mexicano, quien también aseguró que sólo tres de los 25 asesinatos contra informadores se debieron al ejercicio de su profesión, recibió inmediata respuesta de organizaciones nacionales y extranjeras que se ocupan observar las garantías con las cuales se desempeña el oficio periodístico.

Para Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, la consideración de ubicar a México como un país peligroso para los periodistas es compartida por otros defensores de la libertad de expresión, así como por los directivos, que tienen temor de enviar a sus reporteros a investigar el crimen organizado.

“Lo mejor que puede hacer el fiscal especial para mejorar la dramática imagen de su país en términos de libertad de prensa es obtener procesamientos satisfactorios de los asesinos de periodistas”, subrayó el CPJ.

De igual modo, ayer mismo, trabajadores, sindicalistas y directivos de medios de comunicación nacionales expresaron: “si se calla a los periodistas se callará a la sociedad”. Exigieron también que se castigue a los responsables del “hostigamiento, coacción y asesinatos de periodistas en el país”.

En el contexto de la conmemoración por los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, demandaron al Congreso de la Unión elaborar leyes que garanticen el libre ejercicio de la profesión, así como la obtención de salarios decorosos, y los que se regule el gasto que realizan los gobiernos en medios, con el propósito de acabar con el manejo “discrecional de los recursos públicos”. También solicitaron que se tipifiquen como de orden federal los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión.

Dieron a conocer que, de acuerdo con datos proporcionados de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), durante los pasados 10 años más de 300 comunicadores han sido asesinados por actividades derivadas de su labor informativa y remarcaron que una cuarta parte eran mexicanos. Reiteraron que el país ocupa el segundo lugar, después de Irak, en el número de periodistas asesinados.

En esa ceremonia participaron, entre otros, representantes de la Fundación Manuel Buendía, del sindicato de La Jornada, del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.