Violencia en México, plan de Bush.

Lilia Arellano

“Sólo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día”: Goethe.

México, DF. 16 de julio (LA JORNADA) La escalada de la violencia en México derivada de la “guerra contra el narcotráfico”, emprendida desde el principio de esta administración por Felipe Calderón, obedece al cumplimiento puntual de objetivos estratégicos programados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, definidos cuando menos desde marzo de 2005 por el entonces presidente estadounidese George W. Bush, en Waco, Tejas, donde estuvo Vicente Fox, y comprometidos por el actual inquilino de Los Pinos desde el 30 de junio de 2008, cuando se firmó la “Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional” con duración de tres años a un costo de 1,400 millones de dólares, mejor conocida como “Plan México” o “Iniciativa Mérida”, que se enmarca en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como una extensión del Tratado de Libre Comercio para América Latina (TLCAN).

La farsa de la entrevista de radio a Servando Gómez, “La Tuta”, presuntamente uno de los líderes del cártel de “La Familia Michoacana”, tuvo el efecto esperado y generó un respaldo irrestricto a la fallida “guerra contra el narcotráfico” calderonista escalada a niveles de violencia nunca vistos en el país y construyó un nuevo blindaje político a su alfil Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Senadores de las tres principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, ahora en ese orden, se fueron con la finta y respaldaron la posición del inquilino de Los Pinos de rechazar un pacto con el narcotráfico y en que no hay “marcha atrás” en la lucha contra el narcotráfico.

El coordinador del PAN en el Senado y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Gustavo Madero, respaldó la postura del gobierno federal de no pactar con el narcotráfico y rechazó que a partir de las declaraciones de ese supuesto narcotraficante se deba investigar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Le siguió el senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara Alta, quien manifestó su “respaldo total” a la postura calderonista de rechazar toda posibilidad de diálogo o negociación con organizaciones del crimen organizado. Remachó el senador sinaloense del PRI, Mario López, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, al señalar que “no son momentos de detenerse sino de ir a fondo en este compromiso del Ejecutivo”. Y claro que no podía faltar René Arce Islas, senador perredista secretario de la Comisión de Seguridad Pública, quien confirmó también su respaldo a la postura de la administración federal de rechazar cualquier pacto con el crimen organizado.

Los partidos satélites, PVEM y Nueva Alianza, respaldaron también de inmediato la negativa del gobierno federal de rechazar un diálogo con integrantes del crimen organizado, pero pidieron replantear la estrategia contra el narcotráfico. El senador verdeecologista, Arturo Escobar, declaró que un diálogo con el narco es inaceptable porque instituciones mexicanas no tienen nada que negociar con el crimen organizado. Y Guillermo Tenorio, diputado local de Nueva Alianza, confirmó que “fue oportuna” la intervención del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el sentido que no se puede negociar con grupos delictivos.

La Procuraduría General de la República, a cargo del cuestionado Eduardo Medina Mora, deslindó a Genaro García Luna de las acusaciones de “La Tuta” de estar coludido con los cárteles de la droga de los Beltrán Leyva y Los Zetas o de tener orden de presentación en Estados Unidos. En tanto que Fernando Gómez Mont, titular de la Secretaría de Gobernación sostuvo que el afán de paz en el país no significa que se deje de aplicar la justicia o que se tape la obligación del Estado de someter a los criminales.

“ES UN HÉROE”: DEA

El jefe de operaciones de inteligencia de la DEA (Agencia Antidrogas Estadounidense), Anthony Placido, declaró este jueves tras una audiencia en el Congreso, ante el subcomité de Asuntos Fronterizos, Marítimos y contra el terrorismo de la Cámara de Representantes – a la que asistió con el director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFF), en la que se analizó la violencia en México- que Calderón “es un héroe que está luchando frontalmente contra los delincuentes” y “nosotros vamos a apoyar”. Este funcionario estadounidense manifestó su preocupación por la violencia emprendida por los cárteles de la droga derivada, según él, de los operativos emprendidos de las fuerzas policiales y militares de México.

En esa audiencia, el funcionario de la DEA calificó a los cárteles de la droga como una amenaza tanto para México como para Estados Unidos y sostuvo que “el incremento de la violencia refleja los avances de ambos países en “interrumpir las actividades” de esas organizaciones. Plácido destacó que un componente importante del gobierno estadounidense para “neutralizar los poderosos cárteles mexicanos de la droga”, es la “Iniciativa Mérida” para “proporcionar expertos forenses” y fortalecer las instituciones judiciales de México. Precisó que dicha iniciativa asiste a sus contrapartes mexicanos para el desarrollo de equipos con agencias federales estadounidenses para enfrentar a los narcotraficantes, entre otros recursos.

PLAN BUSH

El plan que concibió, firmó el 30 de junio de 2008 y convirtió en ley la Iniciativa Mérida o “Plan México” el presidente de Estados Unidos George W. Bush fue presentado como una “Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional” y fue encaminado a que las relaciones México-Estados Unidos compartan un futuro militarizado, donde el poder no acotado de unas fuerzas de seguridad ya abusivas no resuelve la alarmante violencia del crimen organizado, sino antes bien, la agrava, como advertía desde principios del año pasado la especialista del Programa de las Americas en el Center for Internacional Policy, Laura Carlsen.

La estrategia de seguridad conjunta para Norteamérica se remonta a la creación de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como una extensión del Tratado de Libre Comercio para América Latina (TLCAN). Los jefes de estado de Estados Unidos, Canadá y México se reunieron en marzo de 2005 en Waco, Tejas, y pusieron en marcha un sigiloso proceso de negociaciones entre miembros de sus ramas ejecutivas y representantes de grandes corporaciones para facilitar los negocios transfronterizos y crear un perímetro de seguridad compartido.

Bush empujó a sus socios comerciales a formar un frente común que asume la responsabilidad compartida de proteger a Estados Unidos de amenazas terroristas, promover y proteger el modelo económico de libre comercio y reforzar el control del gobierno estadounidense sobre el mundo, en especial en América Latina, donde el Departamento de Estado capta más amenazas debido a la elección de gobiernos de centro izquierda. Y en efecto así es y este jueves el presidente de Bolivia, Evo Morales, durante la celebración del Bicentenario de La Paz, pidió acabar con las bases militares que los Estados Unidos instalaron en diferentes países de Latinoamérica. El mandatario boliviano recordó que con la nueva Constitución de ese país, vigente desde febrero pasado, se logró clausurar una base militar estadounidense en Chimoré, departamento de Cochabamba. Ante sus colegas de Venezuela, Hugo Chávez, de Ecuador, Rafael Correa, y de Paraguay, Fernando Lugo, advirtió: “nunca más bases de Estados Unidos, será una forma de descolonizarnos, dignificarnos y hacer respetar la soberanía de los pueblos…”

OBLIGAN A CALDERÓN

En cambio en México, el plan de Bush obligó a Calderón a proseguir su desastrosa estrategia antiterrorista y aplicarla en todo el territorio nacional y ha provocado graves violaciones a la soberanía nacional, un riesgo mayor de ser atacado como aliados de Estados Unidos y amenaza las libertades civiles de los mexicanos. Todo esto tiene sin cuidado a los estrategas del Departamento de Estado. En abril del año pasado, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, admitió que el ASPAN “entiende a América del Norte como un espacio económico compartido… que necesitamos protegerlo… no sólo en nuestras fronteras; tiene que ser protegido en toda América del Norte, y así como hemos trabajado a través del ASPAN para mejorar nuestras relaciones comerciales y de negocios, también nos hemos esforzado por mejorar nuestra cooperación para la seguridad. En cierto modo, estamos blindando el TLCAN”.

El Plan México va mucho más allá de un combate a las drogas. Aplica políticas fallidas de manejo de la inmigración, militarización transfronteriza, integración económica, ataques a las libertades civiles e intromisión de las fuerzas de seguridad en la política social y la diplomacia internacional. Este plan reestructuró la relación binacional y cambio la naturaleza de los problemas económicos y sociales presentándolos como asuntos de seguridad; y lo más grave es que está militarizando a la sociedad mexicana con escasos controles legales o sociales. El enfoque militar para resolver la lucha antidrogas provoca una escalada de violencia relacionada con las mismas, además de abusos contra los derechos humanos, y “desembocará en la incapacidad de alcanzar sus propios objetivos”, advierte Carlsen.

OBAMA AMARRADO

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Fundar, Tlachinolla, Wola y Latin America Working Group Education Fund, pidieron al gobierno de Barack Obama retener los fondos de la Iniciativa Mérida toda vez que la administración de Calderón no ha cumplido con la investigación, enjuiciamiento y sanción a las violaciones a las garantías individuales cometidas por miembros del Ejército. En los últimos dos años las quejas de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH se han sextuplicado al pasar de 182 quejas en 2006 a mil 230 hasta el corte del año pasado.

A pesar de esa petición. el demócrata Obama, quien visitará nuestro país el 9 y 10 de agosto próximo y se reunirá con Calderón en Guadalajara, tiene las manos amarradas por el Congreso estadounidense y por los acuerdos firmados por su antecesor George W. Bush, quien previó la llegada del demócrata a la Casa Blanca y tomó las providencias del caso. Obama vendrá sin duda a escuchar el parte de guerra de Calderón.

OFENSIVA CONTRA MICHOACÁN

Al cierre de estas líneas se ultimaban los detalles de una magna ofensiva de la administración federal contra el cartel de “La Familia Michoacana” en territorio del Estado de Michoacán, entidad en la que fueron desplegados 5 mil 500 elementos entre policías, Ejército y Marina, que se unen a los mil 200 que ya están operando en la tierra gobernada por el perredista Leonel Godoy. Los mil 500 agentes de la Policía Federal que arribaron por tierra y aire y que llevaron consigo camiones blindados, al menos 10 helicópteros y camionetas con equipo táctico, están dolidos por la sospechosa ejecución de 12 de sus compañeros y tienen sed de venganza. “Vamos a partirles la madre, sólo necesitamos huevos”, los arengó el general Rodolfo Cruz López.

Mientras tanto, el gobernador Leonel Godoy, muy bueno para la negociación política partidista para despejarle el camino a Cuauhtémoc Cárdenas hacia otra posible postulación a la presidencia de la República, poco o nada ha podido hacer para detener la invasión de las fuerzas federales en el territorio que dice que gobierna o que al menos le pagan para hacerlo. Al encabezar la ceremonia conmemorativa del aniversario de la fundación del Hospital Civil, reconoció ante médicos y enfermeras que Michoacán atraviesa por “graves dificultades de seguridad”, pero rechazó hacer comentarios a la prensa local sobre el estado de guerra que enfrentan los michoacanos.

Mejor el arzobispo de Morelia y los cinco obispos auxiliares de esa diócesis clamaron por el cese de muertes violentas en la entidad y llamaron a los criminales a la conversión. En un comunicado firmado por el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, así como los obispos de Zamora, Javier Navarro Rodríguez: de Tacámbaro, José Luis Castro Medellín; de Apatzingán, Miguel Patiño; de Lázaro Cárdenas, Fabio Martínez Castilla; y los obispos auxiliares de Morelia, Octavio Villegas Aguilar y Carlos Suárez Cázares, señalaron que “percibimos un clima de terror y de incertidumbre”.

REPRESIÓN POLÍTICA

El modelo de la guerra antidrogas aplicado por Calderón y dictado desde Washington se está expandiendo hacia la represión de la oposición política en el país, por lo que no es producto del azar que se este enfocando en estos momentos en Michoacán, bastión de la real oposición política que representa el perredismo auténtico, no el de “Los Chuchos”. La estrategia que están siguiendo García Luna y Medina Mora borraron los limites entre el combate a las drogas y contra la oposición política.

Las armas las siguen poniendo los mercenarios estadounidenses toda vez que el 90 por ciento de las armas confiscadas a los cárteles de las drogas provienen de Estados Unidos, mientras que los muertos los ponemos los mexicanos, pues la violencia relacionada con el narcotráfico dejó más de seis mil 200 muertos en 2008, mientras que en este 2009 el número de víctimas superaba los 3 mil 700 al cierre de estas líneas. ¿Cuántos cadáveres más se apilarán antes de que concluya la fallida administración de Felipe Calderón? ¿No es este un costo muy alto tan sólo para proteger capitales internacionales?

DE LOS PASILLOS

Banamex, filial de la estadounidense Citigroup, será la que hará el negocio de la construcción de la Refinería Bicentenario. El gobierno de Hidalgo adquirirá una deuda por mil 500 millones de pesos con esa institución bancaria para pagar las 700 hectáreas que dará a Pemex para la construcción de ese complejo industrial… Jeffrey Davidow, ex embajador de Estados Unidos en México, subrayó la necesidad de exigirles visa a cientos de miles de trabajadores que laboran sin ese documento en territorio estadounidense. ( lilia_arellano@yahoo.com)