Financia EU espionaje telefónico en México: Los Angeles Times

El gobierno de Calderón se pliega a mecanismos fijados por la Casa Blanca, señala
Washington paga 3 millones de dólares por tecnología para la intervención de comunicaciones
El sistema de vigilancia amenaza libertades individuales en este país, advierte el Centro Pro
Autoridades podrán hurgar correos electrónicos; se compartirán los datos con la nación vecina

¿Es esto por lo que votó la parte de las clases medias que le tenían miedo a López Obrador? ¿Así es como querían "vivir mejor"? Ya no sólo espiados y controlados por el gobierno espurio sino por el gobierno de los Estados Unidos.

Roberto González Amador y David Brooks

Con dinero del gobierno de Estados Unidos, la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa obtuvo tecnología para aumentar su capacidad de intervenir llamadas telefónicas y hurgar en las cuentas de correo electrónico de ciudadanos mexicanos.

Se trata de una acción que Los Angeles Times, diario que reveló ayer el acuerdo, califica como una muestra de la manera en que "el gobierno conservador de México" está "crecientemente dispuesto" a cooperar con los mecanismos de aplicación de la ley fijados por la Casa Blanca.

La información recogida por el gobierno de Calderón con el Sistema de Intervención de Comunicaciones, como se llama el dispositivo financiado con 3 millones de dólares aportados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, podrá ser vista también por dependencias de la administración estadunidense, informó el diario.

Amplía Estados Unidos su extensión territorial

En ese contexto, Isabel Uriarte, responsable del programa de seguridad ciudadana del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, declaró a La Jornada que el sistema de espionaje de ciudadanos cedido por el gobierno de Estados Unidos representa un riesgo a las libertades individuales en México.

"Es un asunto delicadísimo", comentó Uriarte. "Este hecho concreto forma parte de la anexión de México al perímetro de seguridad creado por Estados Unidos después del 11 de septiembre" de 2001, cuando Nueva York y Washington fueron golpeadas por ataques terroristas, consideró.

El gobierno de Estados Unidos, añadió, está ampliando su extensión territorial con acciones como la descrita por el rotativo estadunidense. Lamentó que el Poder Ejecutivo de México se deje presionar y acepte actuar contra la privacidad de sus ciudadanos.

La integrante del Centro Pro afirmó que el uso de equipo de espionaje cedido por Estados Unidos puede formar parte de una estrategia de endurecimiento del gobierno mexicano, ya anticipada con la propuesta de reformas legales -que se discute en el Congreso- para poder realizar cateos sin orden judicial, lo cual esgrime la administración de Calderón como necesario para combatir la delincuencia organizada.

"Están en peligro los derechos humanos en México; cualquiera puede ser acusado sin respeto a las garantías individuales", advirtió Uriarte, y anticipó que el Centro Pro publicará en los próximos días un reporte especial sobre el sistema de intercepción de comunicaciones pagado por el Departamento de Estado.

Información compartida

"Se trata de una operación del gobierno de México financiada por Estados Unidos", señaló al diario californiano Susan Pittman, de la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado.

El diario reveló que el sistema permitirá a las autoridades mexicanas seguir a los usuarios de teléfonos celulares mientras viajan "e incluye una gran capacidad de almacenamiento que hará posible identificar a los usuarios mediante su voz".

Según el diario, que publicó la noticia en primera plana, el sistema está terminado y será usado por el gobierno mexicano "muy pronto". La tecnología fue desarrollada por Verint Systems Inc, empresa que el rotativo califica de "muy bien conectada políticamente" con el gobierno estadunidense y tiene su sede en Melville, Nueva York.

Hasta ahora el gobierno mexicano no ha informado públicamente que se disponga a utilizar equipo cedido por un gobierno extranjero para intervenir llamadas telefónicas o cuentas de correo electrónico. Fuentes del Congreso consultadas ayer por La Jornada dijeron que el gobierno no ha reportado al Legislativo esos acuerdos.

Los Angeles Times publica que la información sobre este equipo de intercepción y el trato entre los gobiernos de México y Estados Unidos para utilizarlo aquí es pública en el país vecino.

Las especificaciones del contrato, añadió el diario, señalan que el sistema está diseñado con el fin de que ambos gobiernos puedan "diseminar de manera oportuna y precisa la información a sus respectivas autoridades federales, estatales y locales, así como a sus socios privados e internacionales".

La posibilidad de participación estadunidense en la vigilancia electrónica puede ser un asunto muy sensible en México, donde Estados Unidos se advierte como un vecino históricamente entrometido, añadió el diario.

"No es claro qué tan extensa será la red de vigilancia del sistema. Expertos legales dicen que los fiscales que tengan acceso a las grabaciones hechas en México podrían usarlas en las cortes estadunidenses", añadió.

El periódico recordó que Calderón ha solicitado al Congreso mexicano que se modifiquen las leyes para permitir que la policía pueda hacer cateos y grabar de modo secreto las conversaciones entre sospechosos de crímenes graves. Su propuesta eliminaría el requisito legal vigente de contar con una orden judicial para intervenir las comunicaciones y sería un medio para aplicar el nuevo sistema de intercepción. Estos cambios legales son vistos como un requisito en la batalla contra las bandas de narcotráfico, abundó.

"Pero otros sostienen que los cambios que se buscan debilitarían las protecciones constitucionales en términos de derechos civiles y abrirían las puertas a un tipo de espionaje interno como el que ha plagado a otros países latinoamericanos", añadió.

John Ackerman, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, citado por el diario, comentó que la propuesta de Calderón se dirige a los casos urgentes de crimen organizado.

El problema, añadió, es que cuando el sistema judicial se pone al margen, el gobierno puede decidir como quiera respecto a dichas intervenciones. "Sin la participación de un juez, la puerta se abre de par en par para el abuso extensivo de las libertades civiles".