Soberanía y libertades civiles, en riesgo por el espionaje

Editorial

En el combate contra el crimen organizado, el Estado tiene la responsabilidad de proceder con cautela en el uso de las herramientas judiciales destinadas a garantizar la seguridad ciudadana, para no caer en excesos y violaciones a las garantías individuales. Es por ello que resulta preocupante el sistema de espionaje telefónico y electrónico que el gobierno del presidente Felipe Calderón planea establecer en el país, el cual servirá también a los intereses de Estados Unidos, situación que plantea un doble peligro: la posible limitación de las libertades civiles y la violación a la soberanía nacional.

Según el diario estadunidense Los Angeles Times, el Sistema de Intervención de Comunicaciones tiene un costo de unos 3 millones de dólares -recursos aportados por el Departamento de Estado-, y permitirá intervenir cuentas de correo electrónico y llamadas telefónicas, seguir a los usuarios de aparatos móviles de comunicación aun mientras viajan e identificarlos mediante su voz. El sistema, que ya está terminado y cuya tecnología fue desarrollada por la empresa Verint Systems -compañía "muy bien conectada políticamente" con la administración del presidente George W. Bush, de acuerdo con el rotativo-, será empleado en el corto plazo por el gobierno mexicano, y la información que produzca se compartirá con dependencias oficiales estadunidenses y podrá ser usada en los tribunales de ese país.

Entre otras alarmantes consecuencias, compartir esta intrusión constituye una clara violación a la soberanía de México, ya que implica inmiscuir a un gobierno extranjero en temas tan delicados como la seguridad nacional y poner en sus manos información sensible que podría ser usada en contra de los propios intereses del país. Al respecto, cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos es uno de los que más recurren al espionaje en el mundo, tanto para vigilar a sus mismos ciudadanos (caso del programa informático Carnivore, de la FBI) como a personas y gobiernos extranjeros (caso del sistema Echelon), por lo que ha sido acusado de violar el derecho a la privacidad, entre otras garantías individuales. Si Washington no tiene ningún reparo en espiar a su propio pueblo, ¿por qué habría de tener consideraciones hacia México a la hora de manejar información confidencial sobre individuos u organizaciones de esta nación?

Por otra parte, esta medida podría afectar las protecciones constitucionales a los derechos civiles: el sistema se inscribe dentro de las reformas al Código Penal Federal propuestas por Calderón -en especial las modificaciones al artículo 16-, las cuales, de aprobarse, eliminarían el requisito legal de contar con una orden judicial para intervenir comunicaciones. De hecho, la reforma al artículo 16 tan sólo establece que la validez de una intervención "estará sujeta a revisión judicial posterior en los términos que determine la ley". De esta manera, sin la supervisión de un juez, no hay ningún candado que impida utilizar el sistema para otros fines, ajenos a la lucha contra el crimen organizado, y cometer abusos, tal y como han señalado expertos en la materia y defensores de los derechos humanos.

Frente a este doble riesgo, el Congreso está ante la obligación de revisar exhaustivamente el sistema propuesto y definir medidas de protección a las libertades civiles en las reformas judiciales para evitar excesos e injerencias foráneas.

Esto es muy grave, es la cereza del pastel de violaciones en contra de los derechos humanos de los mexicanos del gobierno espurio, ahora sí que como dijo AMLO "se dejan venir con todo", por tanto los mexicanos tenemos que defendernos con todo. No claudicar, por el contrario intensificar la lucha de la resistencia, 1984 ya nos alcanzó en el 2007, así que esto es serio, si avanzan en el terreno de la represión y nos despojan de las pocas garantías individuales que nos quedan después lo único que queda es la violencia, no podemos permitirlo.