Desde el fondo

Rolando Cordera Campos

De nuevo, ocupamos el primer lugar en crecimiento mediocre de la economía y uno de los primeros en lo tocante al peso del empleo llamado informal. Así lo consignan los informes de la CEPAL sobre la economía latinoamericana y los del Banco Mundial sobre Informalidad, escape y exclusión. En la Conferencia sobre Cohesión Social, que se llevará a cabo el lunes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pasará revista a estos y otros datos para constatar que el país vive momentos de auténtica emergencia en lo que toca a sus relaciones sociales y comunitarias básicas, debido sobre todo a la debilidad sostenida de la economía y a sus efectos sobre la calidad y la cantidad de empleos que se ofrecen a los trabajadores.

No hay celebración a la vista y de poco servirá el reparto de peces y panes entre la PGR, Salud y
el Poder Judicial, provenientes de un crimen que todavía no se sentencia, lo que pone en entredicho la legalidad de esa distribución de dólares cuyo resguardo se ha vuelto un enredo y cuyo origen todavía está por determinarse. El reparto puede así convertirse pronto en una fuente más de confusión, desencanto y pérdida de credibilidad de un gobierno dedicado en cuerpo y alma a ganar al costo que sea la confianza de los mexicanos. Las encuestas reservadas pueden reiterarle a Calderón que la gente confía en él y su "manejo" de la agenda, pero los despropósitos en que incurre su gobierno en la veta más sensible de su proyecto legitimador, que es la seguridad pública, le quitan piso y le restan solidez a diario a esa supuesta simpatía que las encuestas le ofrecen.

Mientras la opinión pública es sometida a sostenidas campañas de mala información y desinformación, los grupos de poder afinan su puntería y se preparan para el asalto final de un Estado que todavía les parece peligroso. La crítica se volvió rechazo a la propuesta fiscal del gobierno y ahora, sin dispensa de trámite, el presidente Calderón declara que la especiosa CETU está siendo revisada y corregida para dar cabida a unas opiniones del sector privado cuya opacidad no tiene desperdicio.

En vez de reforma se propuso un "impuesto de control" que saliera al paso a algunas de las tropelías fiscales más socorridas, pero es probable que al fin de estas jornadas lo que vayamos a tener sea un fisco desbocado, sometido a presiones crecientes e incapaz de cumplir con sus obligaciones elementales, que se abultaron por la irresponsabilidad del gobierno anterior y la petroadicción que se impuso a los otros órdenes de gobierno desde la Presidencia de Los Pinos y la vicepresidencia de las calles de Moneda.

El "misterioso caso de la Secretaría de Hacienda" de que nos hablara don José Alvarado, se ha vuelto bochornoso pero ha perdido su velo arcano. Hoy, puede decirse sin cautela, la secretaría de Limantour no llega a oficina de recaudación de rentas, y de seguir como va la ofensiva empresarial en contra de su iniciativa, no le quedará ni eso. Todo será con cargo al petróleo que quede y luego a la venta de garaje, pero con muy poco qué ofrecer.

El debate fiscal fue cercenado desde un principio, porque el gobierno no se atrevió a reconocer que no tiene cartas que poner sobre la mesa, pero también porque las oposiciones no fueron capaces de proponer con firmeza que la hora de las misceláneas ya pasó y que no nos queda sino la reforma de la hacienda pública, que implica decisiones rigurosas sobre el gasto y su destino. Lo que sigue, antes de que la crisis fiscal empiece a estallar en las regiones o en los ductos o en los pozos sin control, es ajustar los ingresos y sacrificar lo que quede por sacrificar: la ciencia y la tecnología, desde luego; la educación superior; o la infraestructura menos visible, como los caminos vecinales o las obras hidráulicas menores.

Al reforzar algunas de las tesis sobre la informalidad mexicana, el gobernador del Banco de México se hizo eco de las que ha sostenido Santiago Levy acerca de los posibles efectos perversos que sobre el mercado de trabajo y la propia seguridad social tienen algunos programas sociales, como el Seguro Popular. Sin menoscabo de sus efectos positivos en cuanto a los accesos a la salud para quienes no están asegurados, el Seguro Popular induce a trabajadores y empresarios a incurrir en la evasión en el IMSS y por esa vía la informalidad crece.

Puede ser así, en efecto. Pero habría que reconocer que la explosión del trabajo informal se dio antes de que se inventara el Seguro Popular y que, por otro lado, la penuria del IMSS o del ISSTE recoge caídas estrepitosas en el empleo como resultado de un cambio estructural que confió todo al mercado y no contempló la intervención pública para modular las dislocaciones inevitables en todo cambio.

Haría bien el Banco de México en poner ahora sus baterías de estudios económicos a calcular lo que cuesta universalizar el acceso a la salud y las pensiones, única salida que queda para empezar a corregir un rumbo que se perdió, y recuperar en el camino a la hacienda pública, a punto se ser convertida en casa de descanso de los nuevos hacendados que los fines
de semana se visten de empresarios.

Sin una vuelta a la tuerca del Estado, para ponerlo en sintonía con el mundo y volverlo un Estado social, aunque sea poco a poco, no hay más que darle vuelta a la hoja, pero a la de la historia nacional que habrá terminado antes de los festejos del centeletón.