El necesario debate sobre la nación

Abraham Nuncio

El informe presidencial ya se prepara para el acto tradicional, como si el PRI se hallase en el poder -hay mucho de eso, es cierto, incluidos los cacicazgos a los que la revolución les sigue haciendo justicia, aún después de muerta, y las dirigencias vitalicias. Pero en los hechos es una práctica agotada.

El ritual o su improvisación de fatigosa memoria requiere ser sustituido por una exposición de datos, descripciones, reflexiones y proyectos debatidos por los diversos responsables del gobierno, es decir, el Presidente de la República como líder del partido, a cuyo nombre ejerce el Poder Ejecutivo, y los líderes de cada uno de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

En España tuvo lugar hace unos días lo que allá se conoce como debate sobre el estado de la nación. Esta vez el presidente José Luis Rodríguez Zapatero enfrentó, en lo esencial, a la primera mayoría y a la oposición de mayor peso al Partido Socialista Español (PSOE), que es el Partido Popular (PP), cuya bancada está dirigida por el diputado Mariano Rajoy. Pero también tuvo que dar respuesta, replicar y contrarreplicar a los demás partidos con presencia en el Congreso.

Por la proximidad de las elecciones generales, las fuertes acometidas del incisivo Rajoy y las respuestas de Rodríguez Zapatero produjeron un sesgo al debate sobre el estado de la nación. Mucha esgrima, poco análisis.

La denuncia del PP sobre la presunta negociación "bajo cuerda" de Rodríguez Zapatero con ETA en condiciones contrarias a las que implicaba la tregua con la organización guerrillera, y su exigencia de adelantar las elecciones argumentando incapacidad de la actual legislación para deliberar y resolver sobre ese problema, ocupó buena parte de las intervenciones del presidente para defender su postura, que a final de cuentas se impuso en los círculos políticos y la opinión pública debido a la amplitud de temas abordados por el mandatario. El remate de su programa para el futuro de su gobierno fue algo que para los españoles y, en general, para los europeos resulta significativo: la decisión de otorgar 2 mil 500 euros a las familias por cada nuevo hijo.

La competencia tiene que ver con la edad de la población. Y una sociedad con fuerte tendencia al envejecimiento, como la europea, no podría aspirar a competir ventajosamente con sus rivales. A España y a la Unión Europea en su conjunto no les queda alternativa para elevar su nivel de competencia que inducir la mayor cantidad de partos y atraer migrantes, por lo general dotados de juventud.

La referencia a España podría extenderse a Italia, Francia y otros países europeos donde la democracia, con todas las falencias que se puedan señalar, está convirtiendo al viejo continente en un continente renovado.

No se trata de copiar mecánicamente formatos que en otras partes han resultado exitosos, pero tampoco sería aconsejable intentar la invención del agua tibia. Y ya que el informe del presidente ha dejado de tener el significado político de otra época, lo racional es admitir la necesidad de un debate periódico, sobre todo entre los principales actores de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en torno de los grandes problemas nacionales. Es ofensivo que los representantes de la soberanía nacional -algo que con demasiada frecuencia se olvida- acudan al informe del Presidente, como hasta ahora, en calidad de extras.

El objetivo de ese debate, además de hacer un balance de la situación del país y del grado de cumplimiento o incumplimiento de la administración y la legislación de los órganos gubernamentales, sería superar el décalage (el desfase y a menudo la contradicción) entre el programa ofrecido por los partidos y los candidatos en campaña y las decisiones tomadas por éstos ya en el ejercicio del poder, que ha marcado a cuanto gobierno hemos tenido.

La laxitud institucional, por un lado, y la insuficiente o nula exigencia ciudadana, por otro, disipan la norma de concordancia entre promesas de campaña y actos del poder público. Partidos y funcionarios se desentienden de los compromisos pactados -López Obrador fue el candidato que llegó más lejos en ese sentido, al suscribir públicamente los puntos programáticos que pensaba realizar- con facilidad asombrosa y, lo peor, absoluta impunidad.

Ni obligación ni memoria ni castigo. Todo se fía al remoto ajuste de cuentas que la ciudadanía sabrá aplicar a los políticos remisos o infractores y sus partidos en las siguientes elecciones. De ellas, por supuesto, se ocuparán la televisión y los medios afines para frustrar a los frágiles ciudadanos.

El debate permite corregir, reorientar, actualizar. Hoy, ciertamente, el tono de este ejercicio alcanza su mayor fuerza en boca de López Obrador. Adquiere, por lo mismo, una dimensión excéntrica. Llevar el debate al centro de la vida pública de México no será fácil, dada la ilegitimidad que escolta a Felipe Calderón. Sin embargo, es preciso crear las condiciones para que el debate, en el futuro, se incorpore al funcionamiento institucional del país. Se puede empezar por los estados y aun por los municipios. Su aprendizaje nos es del todo imprescindible.