Antonio Gershenson
El abogado en México del empresario chino al que le fueron decomisados más de 200 millones de dólares en una casa en Las Lomas había dicho que ese dinero provenía de fondos electorales del PAN durante la pasada campaña para la Presidencia. Luego dijo que siempre no. Ahora otro abogado, que no está en el país y por lo mismo tampoco está expuesto a diferentes formas de "persuasión", vuelve a decir que "mi cliente alega que el dinero era del PAN, de una partida secreta de la campaña presidencial, y que eso era un tema político ultrasensible".
Al mismo tiempo, el PRD dice que es ilegal que ese dinero se haya depositado en un banco en Estados Unidos, pues se trata de un juicio o proceso en curso, y el que se disponga de ese dinero incautado debe ser algo que provenga del juicio y no de una decisión administrativa.
Además, no está claro por qué el dinero incautado, independientemente de la clase de delito que haya de por medio, sea un delito contra la salud como afirma el gobierno federal, o un delito contra la legislación electoral, se deposite fuera de nuestro país. ¿Acaso hay otros casos similares?
No se trata, en este artículo, de abordar posibles aspectos de "página roja", sino de intentar aclarar los aspectos electorales. De por sí el proceso electoral del año pasado ha sido muy, muy impugnado. Lo volvimos a ver en días recientes, con motivo del primer aniversario de las elecciones del 2 de julio de 2006. Y le agregamos que había fondos, en dólares y en cantidades importantes, y que según una de las dos versiones hechas públicas, era parte de "una partida secreta de la campaña presidencial". Esto sería una violación a la legislación electoral, que vendría a sumarse a lo antes impugnado.
Lo menos que se puede hacer es una investigación imparcial, que no sea llevada a cabo por una de las partes involucradas. Y, también, investigar el motivo de que el dinero incautado se haya depositado fuera del país.
Está justificado el cargo que se ha hecho públicamente al IFE, por su sospechoso silencio. Habiendo un aspecto electoral en el asunto, los funcionarios de esa institución voltean para otro lado. No se ve, no se oye este escándalo. El IFE, desacreditado como nunca a lo largo del proceso electoral y después, ha tratado de mostrar que todavía está vivo, aplicando sanciones a partidos. Y ahora, nada. Con esto da la razón a quienes consideran que la reforma electoral debe, necesariamente, hacer a un lado a quienes jugaron un papel muy importante en el fraude electoral.
Con esta consideración entramos plenamente al aspecto electoral. El cuadro político y parlamentario podría estarse modificando. Resulta que, en elecciones locales, le han dado al PRI de su propia medicina, el fraude electoral. Yucatán fue un caso muy notorio, pero no el único. Y los líderes priístas podrán pactar con el gobierno panista "reformas" que en realidad son contrarreformas, pero ya que les quiten "huesos"... eso sí que es lo peor que les pueden hacer. Por un lado, el gobierno paga favores al PRI apoyando a los gobernadores de Oaxaca y Puebla, pero por otro tenemos los mencionados casos de procesos electorales recientes o en curso.
Al mismo tiempo, se ven en el ámbito legislativo indicios de que priístas buscan, en la reforma electoral, evitar que les sigan haciendo este tipo de maniobras. No podemos en este momento prever qué prevalecerá dentro del PRI en lo particular, y en general en el proceso de reforma electoral. Pero lo que está cada día más claro es que, si esta reforma va a desempeñar el papel de empezar un proceso de recuperación de confianza en los procesos electorales, no puede ignorar estos hechos, además de los que ya estaban presentes a lo largo del proceso anterior.
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