Lanzan huevos podridos contra la Corte por el fallo en el caso Lydia Cacho

Alicia Elena Pérez Duarte dimitió por la actuación de los magistrados

Patricia Muñoz Ríos y Gabriel León Z.

En repudio e indignación por la resolución emitida el mes pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al caso Lydia Cacho –detenida en 2005 por denunciar una red de pederastia–, un grupo de 400 manifestantes, acompañados por unos 60 niños, realizó un mitin frente a la sede del máximo tribunal del país, a la cual lanzaron huevos podridos y vertieron el contenido de botellas de coñac.

Convocadas por Internet y mediante llamadas telefónicas, organizaciones defensoras de los derechos de los menores de edad y de las garantías individuales marcharon de la Torre del Caballito a las puertas de la SCJN, donde colocaron las imágenes de los seis ministros que “absolvieron” al gobernador poblano Mario Marín y los niños les arrojaron por lo menos 10 kilos de huevo.

En medio de denuncias por la “impunidad” que persiste en el sistema de justicia del país y las redes de poder que persisten en detrimento de la mayoría, una mujer que llevaba a su hija de dos años aseguró que la menor fue violada por su padre y pidió el apoyo de la gente para hacer que se hiciera justicia. La respuesta de los asistentes fue inmediata y al grito de “no estás sola, no estás sola”, las muestras de solidaridad afloraron.

En la manifestación, la actriz Jesusa Rodríguez señaló que “es muy claro que en el país el abuso sexual contra menores de edad es un delito común y corriente, que tiene lugar todos los días y que la sociedad permite”.

Expuso que la resolución de la Corte fue emitida “en contra de niñas y niños víctimas de la prostitución infantil y de la violación a los derechos humanos de Lydia Cacho. Queda nuevamente demostrado que no les importa hacer cumplir nuestra Constitución”.

Mi renuncia, por la aberración jurídica: ex fiscal

“Mi renuncia a la Fiscalía para la Atención de Delitos contra las Mujeres fue por considerar que en último momento, de manera inexplicable”, la Suprema Corte cometió una aberración jurídica al emitir su fallo en el caso Lydia Cacho, “toda vez que con su decisión se envía una señal de que no podemos confiar en un sistema de justicia para combatir temas tan lacerantes para la sociedad como es la trata de mujeres y niñas, la pederastia y la pornografía infantil”, afirmó la ex titular del organismo, Alicia Elena Pérez Duarte.

En entrevista, la ex fiscal consideró que el pasado 29 de noviembre los ministros del máximo tribunal del país emitieron “un mensaje de impunidad, de tolerancia a la pederastia y a las violaciones de los derechos humanos de parte de las autoridades” impartidoras de justicia, ya que, agregó, con el antecedente de su fallo “no sé en quiénes vamos a confiar” los mexicanos. “Por eso renuncié, para poder, desde la ciudadanía, emprender la defensa directa de las víctimas ante la procuración de justicia del país, a cargo del Ejecutivo, como de la administración, a cargo del Poder Judicial”, apuntó la ex funcionaria de la Procuraduría General de la República.

Aclaró que su “problema” no es con el Ejecutivo federal, sino con el sistema de justicia del país. “Estoy convencida que los programas administrativos que ha propuesto el presidente Felipe Calderón son posibles, el problema está en la justicia”, matizó.

Informó que “desde la calle” retomará la defensa de los derechos humanos, en especial de las niñas y mujeres, regresará a la academia y si el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la llama para realizar tareas de asesoría, aceptará.