TLCAN: la condena del campo

Editorial

La coalición de izquierda Frente Amplio (FA), la fuerza política gobernante en Uruguay, manifestó ayer su rechazo a la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que constituyó un revés a las intenciones del presidente, Tabaré Vázquez, quien pretende lograr un acuerdo de apertura de mercados entre Washington y Montevideo.

Es de saludarse la postura del FA frente a la suscripción de un TLC con Estados Unidos: su negativa parte del reconocimiento de que la suscripción del acuerdo bilateral no resulta favorable para el desarrollo de Uruguay en sectores fundamentales como el agropecuario, toda vez que implicaría una competencia inequitativa entre los productores de la nación sudamericana y los de la más grande economía del planeta, que acabaría por destruir el entorno rural en ese país, como ha venido ocurriendo en México desde la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.

El impacto del TLCAN sobre el campo mexicano es devastador, sobre todo en lo que respecta a la producción de maíz. Ese grano representa más de 60 por ciento de la producción agrícola nacional, ocupa un porcentaje similar de la superficie cultivada y constituye la única fuente de sustento de millones de personas. Sin embargo, con la entrada en vigor del TLCAN, las importaciones de maíz han aumentado en forma sostenida, y se ha obligado a los agricultores nacionales, prácticamente abandonados por la ineficiencia de los programas oficiales de ayuda al campo, a librar una batalla comercial injusta con los productores estadunidenses, que reciben fuertes subsidios del gobierno. Ello ha propiciado un abandono alarmante de ese sector: según un informe sobre desarrollo elaborado por el Banco Mundial (BM), en las últimas dos décadas la población campesina de México se ha reducido en 25 por ciento, aproximadamente, y ha decrecido de manera significativa el poder adquisitivo de las otras tres cuartas partes.

Para colmo, se vislumbra un nuevo golpe –acaso definitivo– para el agro mexicano en las próximas semanas: la eliminación de los aranceles a las importaciones de grano, prevista en el TLCAN para el año entrante, agudizará la situación económica de los productores mexicanos, lo que sin duda acrecentará el abandono del campo en proporciones presumiblemente trágicas y colocará al país entero ante la incertidumbre alimentaria por depender de la producción extranjera.

No es difícil imaginar, por cierto, que una buena porción de los campesinos desplazados por el TLCAN buscará emigrar a la nación vecina en busca de oportunidades de subsistencia. Todo parece indicar que, lejos de las promesas de progreso que expresaban los promotores del acuerdo regional, durante los pasados 13 años se ha preparado el desfonde del campo mexicano, dejándolo en las peores condiciones posibles de cara a la competencia en el mercado internacional.

En suma, ha quedado claro que el TLCAN, desde su concepción, representó un acuerdo inequitativo y contrario a los intereses y las necesidades del conjunto de la población. Los representantes populares debieran retomar el ejemplo que, desde Uruguay, ha planteado el FA, y atender a los diversos sectores de la sociedad mexicana que exigen una revisión de ese convenio para evitar que avance el abandono del campo, así como la migración y la descomposición del tejido social que conlleva.