PRI y PAN: cinco sexenios agarrados de la mano

Carlos Fernández-Vega

No tienen llenadera y ahora van por el petróleo

¿En qué se parecen Acción Nacional y los meseros?

De toda la vida “enemigos ideológicos”, según sus propios jilgueros, desde hace cuando menos cinco lustros PRI y PAN caminan de la mano para “sacar adelante” al país con sus incontables “reformas estructurales”, que en los hechos no han aportado mayor cosa que el desmantelamiento del aparato productivo del Estado y la entrega de prácticamente todo al de por sí concentrado capital privado.

En el inicio de esa perversa relación, el PRI impulsaba los “cambios estructurales” y el PAN los apoyaba. Dos décadas después, éste es el que los promueve y aquél es el que los secunda, pero en cualquiera de los casos el balance es por demás raquítico para la nación. Y como no tienen llenadera, ahora van por el petróleo.

Cinco sexenios agarrados de la mano e igual número de intentos, felizmente fallidos hasta ahora, para entregar el petróleo a manos privadas. Y en ese periodo una de las estrategias –relativamente exitosa– ha sido asfixiar financieramente a Petróleos Mexicano para justificar su privatización (como “no hay dinero, modernicémoslo”).

La Cepal nos ilustra sobre este caso: amén de endeudarlo hasta límites de lo imposible, la formación bruta de capital del sector petrolero de México se ha mantenido en términos reales muy por debajo de los niveles alcanzados en el período anterior a la adopción de las “reformas estructurales” y también por debajo de sus potencialidades de crecimiento y expansión.

Los cambios en política macroeconómica, apunta el organismo, han sido posibles precisamente porque el sector petrolero suministra permanentemente cuantiosos recursos al gobierno federal (75-80 por ciento del superávit operacional), como transferencia a las finanzas públicas por concepto de impuestos y derechos. En contraste, la inversión en el sector es mínima, porque se autoriza en función de los criterios para armar el presupuesto de egresos de la federación y no de los que pudieran derivar de una estrategia nacional aplicable al negocio petrolero.

Las “reformas” no han promovido el crecimiento, el empleo, el bienestar social, el desarrollo, pues, del país, pero ahora quieren sumar la “reforma” petrolera, justo cuando en el ambiente internacional se observa el retorno paulatino a la política petrolera de Estado.

Para el caso latinoamericano, la propia Cepal nos ofrece el siguiente recuento: en los últimos años se pusieron en práctica importantes cambios en las normas que regulan las actividades de los inversionistas privados, en la práctica predominantemente extranjeros, en el sector de petróleo y gas en los países andinos. No obstante, estos cambios no se dieron siempre en la misma dirección.

Mientras en Bolivia, Ecuador y Venezuela la tendencia ha sido establecer más imposiciones y restricciones a la inversión privada como forma de asegurar al país mayores beneficios de la actividad petrolera, en Colombia los cambios derivaron en una mayor apertura, entre otros motivos, para permitir el aumento de las inversiones en exploración y producción y la recuperación de los niveles de reservas.

En Venezuela el gobierno (2005) exigió a los inversionistas privados que operaban mediante “convenios operativos” que los convirtieran en empresas mixtas, con participación mayoritaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Poco después, la propia autoridad propuso el aumento de los impuestos de explotación (que se habían aumentado también en 2004) en los proyectos de extracción de crudos extrapesados de la Faja del Orinoco. A comienzos de 2007, se anunció la nacionalización de estas operaciones a partir de mayo. Los consorcios se convertirían en empresas mixtas, con mayoría accionaria de PDVSA.

En Bolivia, la ley de hidrocarburos de 2005 creó un impuesto de explotación de 32 por ciento que se sumó a los ya existentes del 18 por ciento. La ley concedió a los inversionistas extranjeros un plazo de 180 días para instrumentar los nuevos contratos. No obstante, los plazos pasaron sin que se efectuaran los cambios, aunque los inversionistas estaban pagando los impuestos de explotación adicionales al gobierno. Con la nacionalización de los hidrocarburos declarada por Evo Morales el primer día de mayo de 2006, se concedió un nuevo plazo de seis meses, esta vez para que las empresas firmaran nuevos contratos de operación (que contemplan la transferencia de la propiedad al Estado), con tasas de imposición más altas y variables según las características de cada proyecto, que pueden llegar a un máximo legal de 82 por ciento.

En Ecuador, al igual que en Bolivia y Venezuela, se reformó la ley de hidrocarburos para dar al gobierno una mayor participación en las rentas de la extracción de petróleo y gas. Las reformas no exigieron la transferencia de la propiedad de las operaciones al Estado. A pesar de ello, se registró un episodio que generó la salida de un inversionista: en una fecha muy próxima a la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, la procuraduría del Estado y Petroecuador acusaron al consorcio estadounidense Occidental de violar el contrato de exploración y explotación, lo que la llevó a abandonar el país, acusada de cesión ilegal de derechos de exploración.

En Colombia se fomenta la inversión extranjera en hidrocarburos como forma de incrementar sus reservas. Desde 1999 el gobierno ha reducido la participación obligatoria de Ecopetrol en operaciones conjuntas y emprendido cambios regulatorios que incluyen la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En 2006, se privatizó la refinería de Cartagena y Glencore International AG (Suiza) ganó la licitación.

Las rebanadas del pastel

Tras la designación de los preferidos en Gobernación y Sedeso, y la digna actitud del presidente de Acción Nacional de poner ese partido “a su servicio, señor presidente”, nada envidiarían esas prácticas los priístas de “antes”. Por ello, vale recordar aquella adivinanza que a la letra dice: ¿En qué se parecen el PAN y los meseros?... En que ambos se hacen pendejos con el cambio.