Signos del calderonismo: desprecio a la opinión pública y sed de negocios turbios

Julio Pimentel Ramírez

La clase gobernante mueve sus piezas, ajustándolas a sus intereses particulares y no a las necesidades de atención social a los graves problemas que afectan a todos los ámbitos de la vida nacional: lo mismo en la seguridad pública que en la generación de empleos, en la crisis del campo que en la emigración en busca de la sobrevivencia de cientos de miles de personas, en la depredación de la naturaleza que en la cancelación de un mejor futuro para los mexicanos.
Lo mismo en el incremento de precios de los productos básicos que en la pobreza que afecta a más de la mitad de los habitantes de la República, en el deterioro de la educación y el sistema de salud social que en la extensión de la drogadicción en amplios sectores sociales, en la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y en la consecuente precarización de millones de mexicanos.
En la añeja tradición del capitalismo dependiente mexicano, en las administraciones federales priístas y ahora en las panistas (observación validada en los gobiernos estatales y municipales en manos de cualquiera de los partidos de nuestro espectro político); muchas de las posiciones de poder son ocupadas no de acuerdo con perfiles profesionales de eficiencia, honestidad y vocación de servicio sino de acuerdo con criterios de conveniencia política y económica, sin dejar de lado afinidades personales con el o los responsables de las designaciones.
La imposición del “Licenciado” Patricio Patrón Laviada —desgobernador de Yucatán cuya limitación intelectual es fama pública y del que en las páginas de POR ESTO!, Diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía, se han documentado innumerables tropelías— al frente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), es una perla del respeto que el gobierno espurio tiene a los mexicanos y de la importancia que en los hechos asigna a los problemas ambientales que agobian a México y al planeta en su conjunto.
Así, no es de extrañar que en la Secretaría de Gobernación sea designado Juan Camilo Mouriño Terrazo, el hombre más cercano al usurpador de Los Pinos, sin importar que sus intereses personales y familiares en negocios vinculados con el sector petrolero, área estratégica para el presente y futuro de la nación, lo coloquen en un serio problema de conflicto de intereses, situación que en un régimen verdaderamente democrático lo descalificaría para ocupar una responsabilidad de esas dimensiones.
En México eso no importa, la cultura impuesta por quienes han gobernado al país lleva a que los partidos políticos y gran parte de la población vea como “normal” que los funcionarios, al tiempo que sirven a intereses de grupo se enriquezcan en lo personal, de lo que se trata es que “repartan” y sepan disimular adecuadamente el despojo de los recursos públicos.
El embate calderonista para profundizar el proceso de privatización de PEMEX está en marcha, la alianza entre el PAN y el PRI garantiza que en la Cámara de Diputados saquen adelante las reformas que pongan en manos privadas la enorme riqueza petrolera. Con el doble discurso que caracteriza a los políticos panistas y priístas, las modificaciones legales parecen dirigirse a dejar “intacta” la Constitución mientras se reforman leyes secundarias que permitan que la renta petrolera, en vez de canalizarse a resolver urgentes necesidades sociales, vaya a parar a los bolsillos de grandes empresas que, como se estila en estos negocios, suelen retribuir generosamente los favores prestados por los funcionarios de alto nivel involucrados en las transacciones.
En el modelo neoliberal que hemos padecidos los mexicanos en las últimas décadas, el Estado suele rescatar a los grandes empresarios que llevan al país a grandes crisis (rescates bancario, carretero, azucarero: que han endeudado a la presente y a futuras generaciones), al tiempo que instrumenta privatizaciones de bienes y recursos de la nación en beneficio de unos cuantos y en detrimento de la atención de problemas sociales, cancelando cualquier proyecto de desarrollo nacional.
Las intenciones de las transnacionales, de invertir en la exploración y explotación directa de los recursos petroleros mexicanos, no se deben a un repentino impulso altruista, del que por esencia carece el capital, sino a que a pesar del abandono a que se ha sometido a Petróleos Mexicanos (Pemex), ésta se mantenga como la tercera mayor empresa productora de crudo, después de Saudi Aramco y Nioc de Irán.
Según informes de la propia Secretaría de Energía (SENER), aun con las restricciones presupuestarias, de inversión y el sistema impositivo confiscatorio al que es sometida, la petrolera mexicana también se ubica en el sitio número siete entre las 12 principales empresas petroleras con participación estatal en el mundo.
PEMEX, con una producción promedio de 3 millones 260 mil barriles de petróleo crudo diarios, está sólo por debajo de la saudita Saudi Aramco y Nioc, las cuales alcanzaron una producción de petróleo de 8 millones 960 mil barriles y 4 millones 7 mil barriles por día, respectivamente.
Como acertadamente advierte Gilberto Ortiz, vicepresidente del Comité de Energéticos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la intención del gobierno federal de permitir la participación privada en más áreas de PEMEX, va “a contracorriente de lo que sucede en el mundo entero, donde los países petroleros se han empeñado en fortalecer sus empresas estatales del sector energético”.
Compartiendo los señalamientos que en su momento externó Andrés Manuel López Obrador al instalar el Comité en Defensa del Petróleo, el representante de los industriales mexicanos dijo que el petróleo “es el mejor negocio del mundo” pero, en lugar de aprovecharlo y destinarle más recursos a PEMEX, parece que las autoridades actuales lo único que pretenden es “dejarlo en manos de otros”.