El Justo Reclamo

26 años de prisión, a dos responsables del caso Acteal

Son señalados como responsables de la matanza de 45 miembros del grupo civil Las Abejas en 1997

Foto: archivo proceso

isaín mandujano

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 26 de febrero (apro).- Un juez federal sentenció a 26 años de prisión a dos de 80 indígenas presos en el penal de Amate, señalados como responsables de la matanza de 45 miembros del grupo civil Las Abejas en 1997.El Centro Fray Bartolomé de las Casas reveló hoy que el 15 de febrero fue dictada la última sentencia de primera instancia en contra de autores materiales acusados por la masacre de Acteal.Antonio Pucuj Luna y Mariano Pucuj Luna fueron sentenciados dentro de la causa penal 46/98, seguida en contra de 87 “paramilitares” procesados a lo largo de una década.Martín Rangel Cervantes, juez segundo de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, consideró que ambos acusados son penalmente responsables de los delitos de homicidio y lesiones calificadas, así como de portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército.Dicha responsabilidad, observó el Frayba, está basada en las pruebas existentes en el expediente, entre ellas imputaciones de testigos que los señalaron como responsables de privar de la vida a 45 personas, la mayoría mujeres, ancianos y niños, el 22 de diciembre de 1997 en el paraje Acteal del municipio de Chenalhó.El juez también impuso a los sentenciados el pago de la reparación del daño por homicidio, “al considerar que el derecho de los ofendidos a ser resarcidos constituye una garantía consagrada en el artículo 20 de la Constitución federal”.Definió que dicha reparación abarca el pago por concepto de gastos funerarios de los 45 ejecutados, una suma que alcanza los 70 mil 750 pesos, así como una indemnización por 739 mil 125 pesos; cantidades que deberán ser pagadas de manera solidaria y mancomunada entre los sentenciados.Cabe agregar que la sentencia ya fue apelada, por lo que no podrá ejecutarse hasta en tanto no se desahogue dicho recurso.El Frayba consideró relevante el reconocimiento que la autoridad judicial hizo sobre la reparación del daño como un derecho fundamental, sin embargo, la ONG consideró que los criterios nacionales para resarcir a familiares de víctimas siguen estando lejanos a las normas de reparación del daño a escala internacional.