El Justo Reclamo

Yucatán: La larga espera de la justicia

de la redacción

México, D.F, 26 de febrero (apro-cimac).- En vísperas de que el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán confirme o modifique la sentencia de dos años de prisión impuesta por una juez de primera instancia contra la exdirectora de la antigua Escuela Social de Menores Infractores que, en 2001, abusó y torturó, entre actos crueles, a los menores recluidos en ese lugar, organizaciones de defensa de los derechos humanos entregaron a los magistrados de la Sala Penal un escrito, en el que expresan su temor de que la resolución de éstos no refleje la gravedad de los delitos cometidos por la exfuncionaria penitenciaria. A través de la figura jurídica del Amicus Curiae (amigo de la Corte), --una modalidad jurídica que permite a los ciudadanos opinar sobre una asunto de su interés-- la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Infancia Común AC, la Red por los derechos de la Infancia y el Equipo Indignación, expusieron la necesidad de que la Sala Penal modifique las penas impuestas por la juez Rubí González Alpuche, de acuerdo con la gravedad de los hechos delictivos cometidos por los en ese entonces responsables del la Escuela Social.El asunto data del año de 2001, cuando integrantes de la agrupación Equipo Indignación recibieron diversas denuncias de familiares de niños y niñas internos en la Escuela. Con base en dichas denuncias, Indignación presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Un año después, en abril de 2002, visitadores de la CNDH corroboraron las violaciones a los derechos humanos contra los menores en la Escuela Social: Por ejemplo, que las autoridades del Centro obligaban a niños y niñas por igual a comer alimentos para cerdos, que los golpeaban en diversas partes del cuerpo con mangueras, cinturones o zapatos, y que los encerraban en celdas por lapsos de hasta 15 días.También documentó que la entonces directora castigaba a los varones apretándoles los genitales y a las mujeres hacía lo propio con los pezones. Más: obligaba a los varones a vestirse con prendas femeninas con el propósito de humillarlos; dejaba a los internos sin comer hasta por lapsos de tres días; suspendía las visitas familiares; amarraba a los menores de árboles, amenazaba con trasladarlos al Centro de Readaptación Social (Cereso) de la entidad; amedrentaba con inyectarles sangre contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y administraba psicotrópicos y otros medicamentos sin ningún tipo de prescripción médica ni control.Con base en tales hechos, la CNDH emitió una recomendación al gobiernote Yucatán, particularmente contra la exdirectora del plantel.
La CNDH
A raíz de dicha recomendación, se inició un largo proceso penal en el Juzgado Séptimo de Defensa Social del estado, en el cual los menores denunciantes estuvieron sujetos a otro tipo de situaciones de violencia, pues fueron obligados a carearse con sus victimarios sin ningún tipo de medida de protección. Incluso, no pocos menores fueron amenazados por Martel, lo que provocó que los familiares retiraran la denuncia.En agosto de 2007, cuatro años después de haberse iniciado el juicio, la juez Rubí González sentenció a la exdirectora a dos años de prisión, conmutables con el pago de 19 mil pesos, y al chofer de ésta a un mes de prisión, conmutables con el pago de 500 pesos. El resto de los implicados fue absuelto.Inconforme con la actuación y la sentencia de la Juez, la Procuraduría General de Justicia del estado, como parte coadyuvante en el juicio, apeló y el asunto pasó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, cuyos magistrados están a punto de resolver la queja.Por esa razón, las cuatro organizaciones defensoras de los derechos humanos enviaron una carta a los impartidotes de justicia para pedirles que su resolución se apegue al tamaño de la gravedad de las faltas cometidas por la exfuncionaria.En el escrito, sostienen que la sentencia en cuestión determinará el grado de tolerancia que el Estado tiene hacia las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los sectores más vulnerables y, en esa medida, la posibilidad de que estos hechos vuelvan a repetirse, indican.
Normas Internacionales
Las organizaciones civiles explicaron que se dirigieron a los magistrados de la Sala Penal a través de la modalidad legal denominada Amicus Curiae (amigo de la Corte) que es, dicen, un medio de participación ciudadana que permite a diversos sectores de la sociedad emitir una opinión en torno de un tema de interés público del cual tienen conocimiento el Tribunal. Afirman que mediante ese esquema, los grupos interesados pueden exponer argumentos legales desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, en especial la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas, ratificada por el Estado mexicano, por lo cual éste está obligado a poner todos los medios necesarios para que se respeten los derechos ahí reconocidos.En el caso de los menores del Centro Social, las organizaciones firmantes expusieron a los Magistrados que no se protegió el principio internacional y constitucional del “interés superior del niño” durante el juicio. Además, denunciaron que la Juez, Rubí González Alpuche, justificó los abusos de la exdirectora con el argumentó de que lo hizo “con el afán de corregirlos”.“Tomando en consideración que su intención al llegar a esos excesos fue con una clara intención de hacer recapacitar a los menores (…) considerados ‘menores incorregibles’ (…) provenientes de familias totalmente disfuncionales (…) la acusada con el afán de corregirlos, rebazó (sic) los límites de su autoridad, llegando al grado de violentar los derechos de los menores”… “Empero tampoco pasa inadvertido para esta autoridad, el hecho de que la acusada, en el desempeño de su encargo, hubiera regresado por el ‘buen camino’, por así decirlo a varios de los internos de la referida Escuela”, consignó la juzgadora en su sentencia.