Un país de reprobados

Luis Hernández Navarro

En materia de derechos humanos México es un país de reprobados. El Estado no los respeta. Eso dicen, al menos, tres instituciones internacionales encargadas de la vigilancia de las libertades relativas a bienes básicos necesarios para una vida digna. Los tres organismos estuvieron en México este mes y dieron a conocer su diagnóstico y recomendaciones.

El uso del Ejército en funciones que corresponden a la policía en el enfrentamiento contra algunos cárteles del narcotráfico, la criminalización de la protesta social y el abuso policiaco contra los inmigrantes centroamericanos que cruzan el país para tratar de llegar a Estados Unidos han deteriorado el ya de por sí precario nivel de respeto a los derechos humanos. La inminente aprobación de la reforma judicial agravará aún más la situación.

Human Rights Watch (HRW) es una ONG dedicada a defender los derechos humanos que goza de amplia reputación internacional. Fue fundada en 1985. Elabora informes sobre derechos humanos. El pasado 13 de febrero recriminó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su papel “decepcionante” y “conformista” en la tarea de “mejorar el pobre historial” que en materia de garantías individuales existe en México.

Sostiene que el organismo dirigido por José Luis Soberanes “una y otra vez no impulsa a las instituciones del Estado a reparar los abusos que ha documentado, no promueve las reformas necesarias para prevenir abusos en el futuro, no se opone a leyes y prácticas abusivas”. Según HRW, los funcionarios de la CNDH no monitorean la implementación de sus recomendaciones a dependencias de gobierno.

La ONG analizó casos emblemáticos de violación a derechos humanos en México, como el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, los crímenes de la guerra sucia y la represión a manifestantes. Calificó de “lamentable” la tarea “proactiva” de la comisión como principal impulsor de los cambios urgentes en México, para prevenir las prácticas abusivas. Mostró cómo el grupo no monitorea las recomendaciones y que 90 por ciento de las quejas presentadas a la CNDH son resueltas por la vía de la “conciliación” sin consultar a las víctimas.

Ante las críticas, en un arranque de patrioterismo barato, Javier Tapia, funcionario de la Segunda Visitaduría de la CNDH, señaló que “es lamentable que un grupo de extranjeros vengan aquí a criticarnos”. ¡Como si los derechos humanos no fueran de observancia universal!

Louise Arbour es la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. A comienzos de febrero visitó México durante cuatro días. Dijo que en este país la situación de los derechos humanos plantea persistentes preocupaciones en varias áreas. Expresó su preocupación por el tema de la impunidad, que es el mayor reto que hay que enfrentar y derrotar. “Es preocupante –afirmó– el tema de los feminicidios, donde el sistema de justicia no protege a las mujeres.” Apremió al gobierno mexicano a destinar recursos para profesionalizar y garantizar la integridad de las corporaciones policiales.

La funcionaria de la ONU criticó la participación de los militares en la lucha contra la delincuencia, “pues es fundamentalmente inapropiado –en cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas– en el desarrollo de funciones civiles para hacer cumplir la ley”. Agregó que los tribunales civiles deben tener jurisdicción sobre los actos del personal militar y deben estar disponibles recursos efectivos ante las violaciones a los derechos humanos perpetradas por elementos del Ejército Mexicano.

En esta ocasión, la defensa de las políticas de la administración de Felipe Calderón corrió a cargo del Senado. El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, le respondió que la presencia militar en las calles “no es lo deseable”, pero es consecuencia de la descomposición de las fuerzas policiacas.
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) tiene 10 años observando la situación que guardan las garantías individuales en el país. Apenas la semana pasada concluyó su sexta visita, en la que se entrevistó con 596 personas.

Según la CCIODH, “la situación de los derechos humanos en México es extremadamente crítica. Independientemente del ámbito al que afecten, la magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón en plenamente responsable de las mismas”.

De acuerdo con esa comisión, durante el mandato del actual gobierno no se ha avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones que efectuaron para los casos de Chiapas, Atenco y Oaxaca. Por el contrario, los abusos y atropellos continúan. No se ha actuado contra sus principales responsables ni atendido las causas que las originan. La comisión advirtió que el patrón de represión y hostigamiento a los espacios sociales de reivindicación implica no solamente la actuación de los distintos cuerpos policiales, locales y federales, sino que de él forma parte el Ejército Mexicano.

De nada sirve comparar lo que sucede en nuestro país con lo acontecido en alguna nación africana. El Estado mexicano está reprobado en materia de respeto a los derechos humanos. La inminente aprobación de la reforma judicial agravará la situación aún más. El hecho tiene consecuencias enormes para la paz pública y la solución a las demandas sociales. Que nadie se llame a engaño.