“Es dinero del pueblo que debe volver al pueblo”, afirma Evo Morales
La primera renta fue entregada en Cochabamba por el gobernante; fuerte apoyo de los militares
Sólo el Congreso puede ratificar el estatuto autonómico cruceño: vicepresidente García Linera
Rosa Rojas (Corresponsal)
La Paz, 1º de febrero. Al poner en marcha este viernes el pago de la Renta Dignidad –pensión para más de 700 mil ancianos–, el presidente boliviano, Evo Morales, aseveró que ahora se hace justicia social con el dinero de la recuperación de los hidrocarburos para el país y no, como ocurría antes, con su privatización.
El pago de la primera renta universal para mayores de 60 años, equivalente a unos 26 dólares mensuales, la entregó Morales en un cuartel de paracaidistas de la ciudad de Cochabamba, donde se observó abierto apoyo de los mandos militares.
“Estos recursos economicos (...) no son de Evo Morales ni de alcaldes y prefectos, es dinero del pueblo boliviano y tiene que volver al pueblo boliviano”, dijo el mandatario en Cochabamba.
Ante el virtual fracaso del diálogo con los gobernadores de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba, que se oponían a que esa renta se pague con el recorte de los ingresos regionales por el impuesto al gas, el vicepresidente Álvaro García Linera lamentó su intransigencia y dijo que “el gobierno nacional no solamente ha sido flexible sino que “ha cedido bastante en los temas fundamentales”.
Respecto a la carta enviada la víspera por los cinco prefectos, en que plantean como salida a la crisis que vive el país el referendo revocatorio para el presidente, vicepresidente y los prefectos, García Linera afirmó que “se mantiene” la propuesta presidencial para que sea el pueblo el que tenga la última palabra.
Pero advirtió que “la única manera constitucional y legal” de realizar en Santa Cruz un referendo para la ratificación del estatuto autonómico es acatar lo dispuesto por la ley del referendo, de que éste debe ser convocado por el Congreso Nacional, pues “no quisiéramos una consulta ilegal o de facto”.
Legalidad y legitimidad
Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz, convocó para el 4 de mayo el referendo departamental sobre los estatutos autonómicos. En ese sentido, Costas sostuvo que dicha consulta tiene legalidad y legitimidad, lo que no le reconoce al proyecto de nueva Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente.
El periódico El Deber, de Santa Cruz, reportó que la disposición que aprobó el funcionario aún espera una resolución del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no del referendo, como se establece en el artículo 9 de la ley respectiva.
La norma especifica que si en un plazo de ocho días la máxima instancia jurídica no se pronuncia sobre el tema, se declara automáticamente la constitucionalidad de la convocatoria. Sin embargo, el tribunal está paralizado porque está pendiente en el Congreso la designación de ocho magistrados que renunciaron.
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