Ejército, escepticismo
Louise ArbourFoto: rafael durán
México, D.F., (apro).- Una de las principales deudas del Estado mexicano con los derechos humanos se encuentra en el Ejército. Aunque en distintos momentos de la historia reciente del país el Ejército ha intervenido en crisis políticas y sociales por órdenes del poder político, los excesos cometidos por militares en contra de la dignidad humana no han sido siquiera investigados.La fiscalía para delitos del pasado, de triste memoria, evitó a toda costa indagar y consignar a los efectivos militares –oficiales y tropa– que participaron en violaciones a los derechos humanos durante la llamada “guerra sucia” en México, sobre todo en Guerrero.Más que por compromisos con el PRI para no enjuiciar a los jefes políticos –presidentes o secretarios de estado–, el gobierno de Vicente Fox soslayó el tema para no confrontar a los militares.Felipe Calderón tiene todavía mayores razones para detener cualquier acción encaminada a evidenciar el pasado de graves violaciones a los derechos humanos del Ejército.Las Fuerzas Armadas, de las cuales el Ejército es su principal componente, pues supera en efectivos a la Marina, constituyen el pilar del combate al narcotráfico, que se ha convertido en la principal política de Calderón.El encargado del Ejecutivo federal no hará nada que vaya en contra de la imagen de sus principales aliados políticos, los militares. A lo más, cubrirá las formas en los casos de las violaciones a la dignidad humana que hasta ahora han cometido miembros del Ejército en el combate al narcotráfico. Pero los agravios siguen sin castigarse.Sin embargo, tarde o temprano tendrá que hacer frente a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicanos en materia de derechos humanos, en particular los delitos ocurridos el pasado.La próxima semana estará en México la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, y en vísperas de su llegada, la oficina de la PGR que asumió las funciones de la fiscalía del pasado habrá realizado una diligencia para investigar si hay restos humanos en lo que fue el Campo Militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero.En ese lugar tuvo lugar el mayor número de detenciones y desapariciones de personas que presuntamente fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.La diligencia, que nunca fue realizada por la fiscalía, se hará a pocos días de que Arbour vaya a Guerrero. Vaya casualidad.Detrás de esa acción hay todavía una razón de mayor peso. En la actualidad, el Ejército mexicano es investigado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla, precisamente en Atoyac durante la “guerra sucia”.La maniobra es clara: el gobierno de Calderón quiere decir a la comunidad internacional que está trabajando para esclarecer las violaciones del pasado. La retórica del respeto a los derechos humanos estará seguramente en los discursos oficiales en este mes en que el Ejército toma posiciones públicamente. Primero, el día 13 celebrará “la marcha de la lealtad”, y luego el 19 conmemorará su día. Serán días de grandilocuencia discursiva sobre la lealtad institucional del Ejército. Y por casi un siglo así ha sido, a pesar de la alternancia en el Ejecutivo federal. Pero ese mérito ha tenido un alto costo social: la impunidad. (1 de febrero de 2008)jcarrasco@proceso.com.mx
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