No retroceder

Luna Kan

En un acto de ejercicio de la soberanía nacional el 18 de marzo de 1938, el gobierno del General Lázaro Cárdenas, decretó la expropiación de los bienes de las compañías extranjeras: inglesa, holandesa y norteamericanas que explotaban los hidrocarburos del subsuelo mexicano.
Miles de compatriotas respaldaron la decisión presidencial y muchísimas personas de diferentes posiciones económicas, en el Palacio de Bellas Artes, depositaron su contribución en efectivo o donando sus alhajas u otros modestos bienes para contribuir al pago de los expropiados.

México se ganó el respeto de otras naciones y se preocupó por organizar las diversas fases de la industria: exploración, perforación, extracción, refinación y comercialización de los productos elaborados por los trabajadores de este ramo productivo, que hizo posible que el país pasara de una economía rural a otra de tipo industrial. Se superó el pronóstico que algún resentido pronunciara augurando que pronto serían llamados los ingenieros extranjeros para manejar la industria, en vista de que, a su juicio, los mexicanos estaban incapacitados para mantenerla en pie.

Ingenieros de diversas especialidades, economistas, administradores, políticos y obreros respaldaron con su esfuerzo los planes sexenales de gobierno que giraron en torno a la explotación del petróleo y la generación de electricidad como pivotes del desarrollo nacional.

Pero la complacencia con las desviaciones del “nacionalismo revolucionario” cedieron a “conquistas” que no eran tales para los trabajadores petroleros, sino para algunos líderes que se enriquecieron personal y familiarmente cobijándose en supuestas demandas proletarias. La empresa se ubicó en posición privilegiada por las obras de expansión que realizaba y hubo manga ancha en el otorgamiento de los contratos para favorecer un amiguismo interesado.

Pese a todas las debilidades del Director en turno y a las filtraciones económicas ajenas a la función de Pemex, la empresa continúa arrojando ganancias. El gobierno de Fox y ahora el que encabeza Calderón derivaron al gasto corriente las utilidades del petróleo y lo más grave es que no se le apoya en proporción a las utilidades que produce y la función que desempeña en la vida nacional.

El lunes de esta misma semana, ante los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), el Presidente del país confirmó que el presupuesto de Pemex para este año, es del orden de 220 mil millones de pesos a todas luces insuficientes. A pesar de esta incomprensión, si las utilidades de la empresa, que fueron de más de 300 mil millones se invirtieran en su modernización, podría ser autosuficiente.

Lo que no se revela es el propósito predominante que la presenta como deficitaria para justificar, ante la opinión pública, la privatización de la empresa. Lo consignó Carlos Montemayor en un artículo (La Jornada (28-1-08) describiendo a Pemex “sometida a un proceso de desgaste, privatización y endeudamiento para forzar su desaparición como empresa pública”.

Frente a este planteamiento que pone a Pemex de cara al pueblo mexicano, vive éste ante la perspectiva histórica de unirse para defender su patrimonio o aceptar que sólo los órganos de gobierno decidan el destino de los energéticos. Ante el inicio de un sacudimiento de la conciencia colectiva, todo indica que el Presidente está indeciso sobre el destino del control de la energía. Por eso, ante la diputación panista reunida en San Miguel Regla, Hidalgo, para concretar su agenda legislativa del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, Calderón expresó: “es conveniente elaborar un diagnóstico objetivo e integral de la situación que guarda ese sector en el país” y afirmó que “el petróleo es y sólo puede ser de los mexicanos”.

Esta expresión recuerda un hecho ligado al problema energético: en días pasados, ante el reto de López Obrador para discutir públicamente sobre el destino del recurso, sólo uno de los convocados, el senador Santiago Creel del PAN, expresó que aceptaba el debate. Causó sorpresa su decisión hecha pública, porque no se le conocen facultades para esa participación. A los pocos días, presionado por su partido, se retractó argumentando que hasta que llegara al Senado de la República, la iniciativa sobre el tema, podría expresar su pensamiento.

Independientemente de que la salida de Creel causa risa por razones obvias, el mayor número de mexicanos debe participar en la discusión del tema que es primordial por tratarse de un recurso que constituye patrimonio colectivo. No es concebible, ni aceptable, que a 70 años de la expropiación se pretenda echar marcha atrás en cuanto a la explotación de un bien nacional. Personalmente siento el íntimo compromiso de expresar que apoyo la existencia de Pemex como patrimonio de todos los habitantes. Es indispensable fortalecerlo, depurarlo, modernizándolo con los recursos que genera.

Por más que el gobierno pretenda minimizar la inconformidad popular, la marcha de ayer en la que participaron cerca de 200,000 personas, revela que los desajustes sociales van en aumento. Una vez más los campesinos asumen la vanguardia para demandar acciones gubernamentales que propicien la atención al campo. Cruz López Aguilar, líder de la CNC, expuso datos contundentes: “durante 14 años de TLCAN, sólo 2% de los campesinos puede exportar; 70% entre la pobreza. Antes del Tratado había 29,000 migrantes anuales, ahora son 455 mil. En la frontera Norte han muerto más mexicanos que en los ataques a las torres gemelas de Nueva York.