El Justo Reclamo

Acecho presidencial

"El Espurio"

Daniel Lizárraga

Apenas fue declarado presidente electo Felipe Calderón, la panista Laura Ballesteros creó dos empresas; una de ellas obtuvo un sospechoso contrato con el equipo de transición para realizar un “estudio” sobre el Congreso, y la otra empresa se encargó de comenzar el trabajo. Sin embargo, en palabras de los mismos funcionarios que lo encargaron y pagaron por él casi 3 millones de pesos con recursos públicos, ese documento es “inexistente”.En el equipo de transición gubernamental que encabezara Felipe Calderón como presidente electo, se cometió una malversación de recursos públicos al pagarle a una empresa privada para que realizara un estudio político, de cuya entrega no existe constancia oficial.

Como integrantes de una asociación civil de fachada –Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas–, varios panistas se encargaron de elaborar desde finales de 2006 el perfil político y personal de cada uno de los diputados y senadores con los que el gobierno de Calderón negocia ahora sus reformas estructurales.Mediante engaños obtuvieron los datos personales, las agendas políticas y los grupos de influencia de los legisladores, así como su proclividad a negociar específicamente la reforma energética.Luego de que se publicara la primera parte de la investigación sobre este asunto (Proceso 1599), una fuente anónima entregó en la redacción del semanario un CD con 204 grabaciones de entrevistas a diputados y senadores. Ellos, consultados por este reportero, reconocieron que esa asociación civil los encuestó. Gerardo Ruiz Mateos, actual jefe de la Oficina de la Presidencia y quien se desempeñó como coordinador técnico del equipo de transición, firmó una factura fechada el 7 de noviembre de 2006 para darle luz verde al pago de la consultoría. Sólo cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) les ordenó buscar minuciosamente la información solicitada por Proceso, los cuatro hombres y dos mujeres más cercanos a Felipe Calderón reconocieron que el trabajo, denominado Estudio cualitativo y análisis sobre la composición de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, no está en sus archivos.Aparte de Ruiz Mateos, en el caso está directamente involucrada María del Carmen Urzaiz, actualmente directora de Análisis Técnico de la Coordinación General de Administración. Como delegada del equipo calderonista en el fideicomiso público destinado al relevo presidencial, ella se encargó de dar seguimiento a los contratos y no debió permitir que se contratara a una asociación civil que, de acuerdo con la investigación periodística iniciada desde diciembre de 2006, desde entonces presentaba serias irregularidades.El 28 de marzo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró anomalías en el manejo de los recursos públicos destinado a la transición gubernamental. En su informe de la cuenta pública de 2006, la ASF destacó que se adjudicaron 22 servicios –no especificó el tipo– por 42 millones 300 mil pesos sin que se acreditaran los criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez.El informe, presentado a la Cámara de Diputados, señala a María del Carmen Urzaiz como la responsable de indicar a qué empresas y servicios se debía contratar.Según los primeros reportes periodísticos, el informe consta de 14 tomos. En uno de ellos se destaca que nueve contratos, por un monto sumado de 23 millones 186 mil pesos, no están vinculados con el cambio de administración. El entonces presidente Vicente Fox y la anterior legislatura aprobaron dotar de 150 millones de pesos al equipo de transición de Felipe Calderón. De ese monto, 130 millones se destinaron al presidente electo y los restantes 20 se depositaron en las cuentas del Estado Mayor Presidencial. El cheque con el que se pagó a Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas es de Banjército.Al respecto, la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia denegó a este semanario una entrevista con Gerardo Ruiz. Se sabe, sin embargo, que se trata de un tipo duro, de difícil trato y de pocas palabras. Ha participado en las campañas presidenciales de Vicente Fox, cuando operó desde la dirigencia panista, y de Felipe Calderón, en la cual manejó los donativos en especie.
El doble juego
El 24 de junio de 2007, Proceso (número 1599) publicó las irregularidades de la asociación civil Consultoría en Diseño de Estrategias Político-Legislativas.Según el contrato 020/06, obtenido mediante la Ley de Transparencia, la compañía tiene su domicilio en Calzada del Hueso 150, colonia El Vergel, Coyoacán, en la Ciudad de México. Sin embargo, ese domicilio corresponde a un conjunto habitacional.En la copia de la factura pagada mediante el cheque 1071247 de Banjército, además de la supuesta dirección, aparece un número telefónico como referencia. Las personas que levantan el auricular dicen que ahí no están las oficinas de la asociación civil, aunque dicen conocer a Laura Ballesteros, quien firmó, como socio administrador, el contrato con el equipo calderonista.En la segunda página del contrato se asienta que la empresa fue registrada el 1 de noviembre de 2006, es decir, ya en pleno período de transición y siete días antes de suscribir el acuerdo con Banjército. A pesar de esto, la consultoría afirmó contar con la experiencia para realizar el estudio y se benefició del contrato por adjudicación directa.La aplicación de los cuestionarios a los diputados y senadores arrancó –según el contrato– el 8 de noviembre de 2006. La factura entregada a Banjército está fechada el día anterior, lleva la firma de conformidad de Gerardo Ruiz y tiene el folio 055.Este número de folio hace pensar que entre el 1 de noviembre, cuando se creó la empresa, y el día 7, que se autorizó el pago, la consultoría realizó medio centenar de trabajos.En el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México consta que la empresa se constituyó, efectivamente, el 1 de noviembre de 2006. Pero su documentación está incompleta y le faltan hojas. Funcionarios de esta dependencia advierten que debido a errores en la captura de los datos, no fue posible localizarla en los tres primeros intentos que hizo este semanario.Después de que Proceso dio a conocer la primera parte de esta investigación, Laura Ballesteros distribuyó en las oficinas de los senadores unas cartas a nombre de otra sociedad civil, llamada Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo, una empresa anterior, creada el 12 de septiembre de 2006, apenas concluyó la campaña presidencial.En el contrato no se consigna que esta fuera la empresa que trabajó para el equipo de transición, pero fue bajo su membrete que se entrevistó a los legisladores. La relación entre la Consultoría en Diseño de Estrategias y el Observatorio Ciudadano es justamente la representante de ambas, Laura Ballesteros.En la correspondiente acta del Registro Público de la Propiedad (folio 753243) consta que Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo fue creada para realizar proyectos que impulsen “el desarrollo de la cultura democrática del país promoviendo la participación de la sociedad”. Entre el registro oficial de Observatorio Ciudadano –mediante la cual se entrevistó a los legisladores– y el de Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas –a través de la cual se cobraron 2.9 millones de pesos del fideicomiso para la transición gubernamental– hay una diferencia de 50 días.
Laura Ballesteros escribió en su carta a los senadores:
Como recordará, durante los meses de agosto a diciembre del año 2006, estuvimos realizando una serie de entrevistas a cada uno de los legisladores con la finalidad de publicar un libro que permita a los ciudadanos conocer a fondo las expectativas, metas y sueños y los principios que rigen su trabajo.A lo largo de estos meses hemos venido trabajando con el Fondo de Cultura Económica, el cual se encargará de la publicación, y también con diversos académicos, quienes a través de ensayos harán del libro una obra completa.Dado que el FCE nos ha establecido un plazo para la entrega final, estamos solicitando su aprobación por escrito o, en tal caso sus comentarios a más tardar el 29 de junio (del año 2007). Cabe mencionar que, para facilitarle la tarea de respuesta a este oficio, de no recibir comentario por parte suya o de su oficina antes de esta fecha, Observatorio Ciudadano lo considerará como una aprobación tácita para su publicación.Ante la intervención de dos asociaciones civiles en la realización del mismo trabajo y el hecho de que se iba a concluir apenas un encargo que el equipo de transición ya había pagado, Proceso solicitó al FCE –a través de la Ley Federal de Transparencia– copias de cualquier propuesta tramitada por los membretes mencionados.Resulta que el 16 de julio de 2007 el FCE notificó a Laura Ballesteros sobre el proyecto de Observatorio Ciudadano que “el análisis de publicación ha quedado pendiente hasta recibir una nueva solicitud de su parte”. El oficio fue firmado por Rafael A. Mercado Paredes, subgerente de Producción y Costos.A pesar del portazo, Ballesteros prosiguió los intentos de entrevistar a los diputados, siempre en nombre de Observatorio Ciudadano, aunque fue Consultores en Diseño la firma que se comprometió a entregar el trabajo a más tardar el 31 de noviembre de 2006. De acuerdo con el contrato signado con Banjército, si no se entregaba el trabajo concluido no podía extendérsele el cheque por 2 millones 900 mil pesos.Grabadora en mano, Laura Ballesteros se apersonó en el despacho del coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza. Quería encuestarlo el 31 de octubre de 2007.Pero el perredista estaba enterado del doble juego con las empresas y se negó a responder las preguntas. Luego, ante los reporteros acreditados en la Cámara de Diputados, denunció que una de las empresas contratada por el entonces jefe de la oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, estaba en pleno espionaje político:“Me parece ridículo que se esté utilizando dinero público para hacer este tipo de cosas. Me parece absurdo. Es cierto que somos todos personas públicas, pero que manden a investigar así y que se haga con recursos públicos, me parece un absurdo, algo que no tiene sentido.”
Estudio fantasmal
Cuando Proceso solicitó a la Presidencia copias de los perfiles hechos a los 628 legisladores y la base de datos con sus datos personales y agendas, se le respondió que correspondía atender esa solicitud a Banjército, que controló el dinero para la transición gubernamental, o a la Secretaría de Hacienda, cuyos funcionarios formaron parte del comité para supervisar la aplicación de esos recursos.Al analizar el expediente, el comisionado del IFAI Alonso Gómez-Robledo desechó por improcedente la respuesta de Presidencia a la solicitud de Proceso y especificó que, por las actividades que desempeñó Gerardo Ruiz en el período de transición, necesariamente tuvo que ser él quien recibiera el trabajo encargado a la consultoría.Por unanimidad, el pleno del IFAI ordenó a la Presidencia realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, especialmente en la oficina de Gerardo Ruiz. En caso de no localizar el expediente, entonces deberían declarar formalmente su inexistencia.A esta última opción se recurrió en Los Pinos. En enero pasado respondieron que el Estudio cualitativo y análisis sobre la composición de la LX Legislatura del Congreso de la Unión no está en su poder. Es decir, el pago se hizo a pesar de que la cláusula cuarta del contrato especificaba que se pagaría cuando la empresa entregara la base de datos completa, con acceso por internet y “compuesta por el estudio de cada legislador y las grabaciones de las entrevistas realizadas dentro de los 45 días naturales siguientes a la presentación de la factura”. Dicho plazo se cumplió desde el 22 de diciembre de 2007. No obstante, el cheque 1071247 de Banjército fue entregado antes: el 15 de diciembre.Al atender el resolutivo del IFAI, la Presidencia aseguró que la Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales –cuyo titular al inicio del actual sexenio era Gerardo Ruiz– reportó que el trabajo no apareció. Lo mismo respondió en cuanto a la Oficina de la Presidencia, cuyo responsable fue Juan Camilo Mouriño, quien antes coordinó el equipo de transición.A otras solicitudes de acceso a la información, Banjército y la Secretaría de Hacienda respondieron que no tenían ese trabajo. El Archivo General de la Nación dijo que no contaba con ese documento, aunque desde el 31 de noviembre de 2007 debieron llegar ahí los expedientes completos de la transición, según los lineamientos emitidos por el IFAI.En los primeros días de marzo, a la redacción de Proceso llegó un CD que contiene 204 entrevistas telefónicas y cara a cara con diputados y senadores de todos los partidos, hechas por personas que se identifican como miembros de Observatorio Ciudadano. En las grabaciones, la voz que aplica la mayoría de los cuestionarios se identifica como Laura Ballesteros.Alrededor de 15 legisladores consultados, cuyos nombres aparecen en esas entrevistas, confirmaron que hablaron con Ballesteros y autorizaron a este semanario a difundir el contenido de las conversaciones. Los diputados César Camacho, del PRI; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; y Valentina Batres, del PRD, plantearon la posibilidad de presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable de lo que consideraron una maniobra de espionaje político del gobierno calderonista.En ninguna ocasión se escucha que el entrevistador pida permiso para grabar. La gente de Observatorio Ciudadano asegura que pronto van a publicar un libro con los perfiles de todos los legisladores y advierte que cualquier persona podrá acceder a su página en internet para conocer a su diputado y enterarse cómo vota, sus asistencias y su trabajo en comisiones. No obstante, lo único que obtienen son datos generales, como el número de diputados por bancada. Laura Ballesteros, egresada del Tecnológico de Monterrey, está registrada como militante del PAN en Coyoacán. El diputado panista Obdulio Ávila dijo conocerla bien y confirmó que en 2006 ella fue candidata suplente a diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como publicó Proceso. Las entrevistas se realizaron entre la primera semana de agosto y la segunda quincena de octubre de 2006, cuando estaba en su apogeo el conflicto poselectoral y la avenida Reforma permanecía tomada por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador.Este sería un dato marginal, si no fuera porque el cuestionario aplicado a los legisladores toca temas que han sido fundamentales, de manera especial para el PRD. En ese momento los legisladores de ese partido apoyaban de modo unánime el recuento de voto por voto, pero conforme respondían las preguntas de Observatorio Ciudadano dejaban ver quiénes eran proclives a la negociación sobre las reformas estructurales.Quien tenga esta información conoce qué legisladores podían votar de manera diferenciada respecto de su bancada y cuáles son sus prioridades políticas.