En Chihuahua, el imperio del narco

En Chihuahua, el imperio criminal

La guerra entre los loderes del cartel de Sinaloa y Juárez ha ocasionado mas de 180 asesinatos

Foto: juan carlos cruz/ procesofoto

Manuel E. Aguirre

La guerra que libran los cárteles de Sinaloa y de Juárez en el estado de Chihuahua, que sólo en este año ha ocasionado más de 180 ejecuciones, se está extendiendo a ámbitos como internet y responde con asesinatos a los desplegados del gobierno. De acuerdo con testimonios públicos, “los grandes de la droga operan en sus búnkers, coludidos y protegidos cuando menos por una parte del poder (…) viven plácidamente en los mejores centros residenciales, se divierten como sultanes y juegan golf los domingos (…) a ellos no los alcanza ningún brazo del Estado”.

CHIHUAHUA, Chih.- Ningún jefe de los cárteles de Sinaloa y de Juárez ha sido aprehendido o sufrido algún atentado, pero la guerra que libran entre sí ha ocasionado más de 180 asesinatos este año y colocado a Chihuahua como la entidad con mayor número de ejecuciones, por encima de Baja California, Sinaloa y Tamaulipas.Entre las bajas hay una veintena de policías municipales, dos funcionarios de la Policía Ministerial del estado y dos oficiales del Ejército Mexicano: un capitán de Inteligencia Militar acribillado en Ciudad Juárez y otro capitán que, el pasado 7 de marzo, cayó abatido durante un enfrentamiento con narcotraficantes en la ciudad de Chihuahua.Los mismos actores de la batalla –encabezados por Joaquín El Chapo Guzmán (cártel de Sinaloa) y por Vicente Carrillo Fuentes (cártel de Juárez)– han procurado identificarse, como lo hizo el primero de ellos horas después de asesinar al funcionario ministerial Ricardo Chacón, dejando en los pasillos de la Subprocuraduría de Justicia una corona mortuoria con el siguiente mensaje: “Para los que no creyeron, siguen sin creer y que siguen apoyando al tristemente célebre y en decadencia cártel de Juárez, les puede pasar lo mismo que a Chacón.” Aquel 26 de febrero, a las 7:50 horas, a unos pasos de la Subprocuraduría de Justicia Zona Centro, había sido muerto con ráfagas de “cuerno de chivo” el subcoordinador regional de la Policía Ministerial Investigadora, Ricardo Chacón Ruiz de la Peña, sin que intervinieran las decenas de agentes ministeriales que a esa hora cambiaban de turno ni los policías preventivos y de vialidad que recorrían la zona. Por la noche, miembros del cártel de Sinaloa dejaron la corona y el mensaje referidos en los pasillos de la propia Subprocuraduría, mencionando el apellido de aquel funcionario que, según la procuraduría del estado, “siempre contó con el respaldo de sus superiores” y que, de acuerdo con fuentes extraoficiales, mantenía relaciones con la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA). Un mensaje similar había sido dejado semanas atrás en Ciudad Juárez, junto con una lista de agentes y comandantes municipales que poco después serían igualmente ejecutados.No habían pasado ni dos semanas del asesinato de Chacón cuando también murió acribillado en esta capital el subcoordinador Regional para la Zona Norte –con sede en Ciudad Juárez– de la Policía Ministerial Investigadora, Mario Domínguez García, quien el día del atentado se hallaba “de vacaciones”.Domínguez García había relevado semanas antes a Fernando Lozano Sandoval, quien igualmente había sido víctima de otro atentado el 22 de enero y hoy continúa internado en un hospital de El Paso, Texas, por las graves heridas que sufrió. El propio Fernando Lozano, a su vez, había sustituido un año antes a Arturo Nassar Contreras luego de que éste fue ejecutado por los narcotraficantes.Tras el asesinato de Mario Domínguez, supuestos miembros del cártel de Sinaloa extendieron la guerra al ámbito mediático, pues subieron a internet información que exhibe a los operadores de Vicente Carrillo Fuentes, los responsabiliza de un gran número de crímenes –les achaca incluso el de Mario Domínguez como “un colaborador que ya no les servía”– e involucra en actos de corrupción a la procuradora de Justicia, Patricia González Rodríguez, y al gobernador del estado, José Reyes Baeza.Aunque no existen cifras ni siquiera aproximadas de las bajas que ha tenido cada bando en esta conflagración, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha informado oficialmente que han sido ejecutadas 181 personas del 1 de enero al 26 de marzo de este año. En esos cálculos se incluyen los asesinatos de los dos jefes ministeriales referidos, los directores de Seguridad Preventiva en Ciudad Juárez y Parral, cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cinco agentes de Vialidad y casi una veintena de policías municipales. Pero sólo por lo que se refiere a la Policía Ministerial ya suman 13 los agentes y comandantes asesinados de enero de 2007 al 25 de marzo de 2008.Y aunque dentro de sus cuentas la Procuraduría General de Justicia del Estado considera que en la zona de Ciudad Juárez se han producido este año 36 ejecuciones, ha habido alrededor de 130 homicidios relacionados con disputas entre pandillas por territorios dedicados al narcomenudeo.
Los operativos
Entre el 10 de febrero y el 8 de marzo pasados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre varios operativos en los que fueron “reventadas” varias casas de seguridad de los cárteles en Ciudad Juárez y la capital del estado, así como del decomiso de dos toneladas de mariguana en el municipio rural de Namiquipa.En un comunicado oficial del 17 de febrero, la Sedena reportó que, un día antes, fueron sorprendidos 21 individuos “en una casa de seguridad que era utilizada por la organización delictiva denominada cártel de Juárez”. Esa finca, ubicada en la calle Oregón número 59 del fraccionamiento Campestre Arboleda, de Ciudad Juárez, era usada para preparar paquetes de cocaína con el fin de venderlos al menudeo. Hallaron 13 mil 170 dosis listas para ser distribuidas, otros dos kilos de la droga que estaban ya preparados para el “corte”, 760 gramos de mariguana, 10 fusiles “cuernos de chivo” con dos cargadores cada uno, tres vehículos sin placas de circulación, 11 radios portátiles, 23 básculas y varios juegos de ropa camuflada y/o con logotipos de la AFI.Días más tarde, el 20 de febrero, en otro operativo realizado también en Ciudad Juárez luego de una “llamada anónima”, el Ejército dio con una casa de seguridad donde se ocultaban ocho supuestos sicarios que presumiblemente habían ejecutado a más de 60 personas en dos años: Martín Salas Martínez, Ricardo Ramírez García, Lorenzo Chacón, Santos Javier Ledesma Sánchez, Manuel Padilla Roguero, César Vizcaíno Amaro, Juan Domingo Muñoz Argüello y Víctor Manuel Argüelles Pérez.En un comunicado difundido el 21 de febrero, la Sedena aseguró que se trataba de “individuos integrantes de la organización delictiva conocida como Arellano Félix y/o La Línea”. Ellos tenían en su poder cuatro rifles AK-47, dos pistolas calibre 9 milímetros, más de mil cartuchos, máscaras antigas, máquinas contadoras de dinero, 77 radios de comunicación y cuatro vehículos. El 29 de febrero fue “reventada” otra casa de seguridad –ésta en Lomas de San José–, donde se detuvo a dos presuntos miembros del cártel de Juárez que custodiaban 2.7 toneladas de mariguana.El 8 de marzo, en otro operativo del Ejército, varios de sus oficiales se enfrentaron con al menos 12 miembros del cártel de Juárez en una colonia de la capital del estado donde disponían de una casa de seguridad. Durante una balacera, que se prolongó tres horas, murieron seis miembros de la organización criminal y también un capitán del Ejército.
Desplegados y narcorréplicas
El gobierno del estado de Chihuahua empezó a fijar posiciones públicas sobre la violencia desde el pasado 23 de enero, cuando hizo publicar un desplegado. “La ola de violencia que se ha presentado en el país es una respuesta a la ofensiva iniciada por el gobierno de la República contra el crimen organizado”, decía para comenzar.“En el estado de Chihuahua –puntualizaba– los atentados y ejecuciones que se han presentado obedecen al trabajo realizado en los diversos operativos que se despliegan por fuerzas federales, estatales y municipales.”Y remataba: “Coincidimos con el presidente Felipe Calderón, quien en la XXII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 9 de enero pasado, advirtió puntualmente sobre este tipo de represalias frente a la lucha contra el narcotráfico, y determinó enfrentar este reto cueste lo que cueste, porque el futuro de nuestros hijos está en riesgo”. La réplica del crimen organizado no tardó ni 15 días. El 5 de febrero fueron acribillados en calles de Ciudad Juárez dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Vino entonces un nuevo desplegado gubernamental:
“Estos atentados contra los cuerpos de seguridad pública del estado –asentó– son producto del trabajo coordinado que vienen realizando las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en contra de la delincuencia organizada. Se continuarán estos operativos conjuntos aun y cuando el costo humano y riesgo que se tiene es alto.”Fue después de este mensaje cuando cayeron ejecutados los dos comandantes regionales de la Policía Ministerial, Chacón Ruiz y Domínguez García.Por eso el 16 de marzo se emitió un tercer desplegado, en esta ocasión firmado, además, por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; por los funcionarios responsables de la seguridad estatal; por la delegación de la PGR, y por los 67 presidentes municipales de la entidad.“La delincuencia organizada ha respondido a esta cruzada de los niveles de gobierno por la legalidad, con una escalada de violencia en contra de las corporaciones policiacas que han actuado en cumplimiento de su deber, pero también tratando de desacreditar la integridad de funcionarios, gobernantes e instituciones para minar su credibilidad social y crear confusión entre la población”, asentaba la publicación.Sin embargo, en una “carta abierta” dirigida el pasado 22 de marzo al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, el exdiputado local perredista y exdirigente estatal de ese partido, Jaime García Chávez, dice al general que “…los muertos son desconocidos al igual que los aprehendidos (…) a ningún capo de medio pelo se le echó el guante (…) los grandes de la droga operan en sus búnkers, coludidos y protegidos cuando menos por una parte del poder, al igual que altos políticos y financieros inodados internacionalmente con el crimen organizado. Viven plácidamente en los mejores centros residenciales, se divierten como sultanes y juegan golf los domingos (…) a ellos no los alcanza ningún brazo del Estado”. l