Conjeturas
Álvaro Cepeda Neri
Como están las cosas, entre los dos expedientes del caso Mouriño (uno integrado por el secretario de Gobernación y el otro por su acusador, que es López Obrador) todo parece un “teatro de las disputas sin término”. Los legisladores, con excepción de los de la bancada perredista, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integraron una comisión para investigar, dicen, la legalidad de los contratos suscritos por Mouriño como apoderado y socio de las empresas suyas y de su familia, cuando al mismo tiempo era servidor público: diputado a la Legislatura de Campeche, después diputado federal y finalmente subsecretario en la Secretaría de Energía, mientras Calderón era el titular.
Lo que está en cuestión, abriéndose paso en toda la maraña de dimes y diretes, no es propiamente la legalidad de los contratos, sino fundamentalmente el hecho de que Mouriño, como funcionario y empresario, muy probablemente incurrió en tráfico de influencias, ya que los contratos de las empresas Mouriño, con PEMEX y otras paraestatales, se celebraron simultáneamente con la doble personalidad jurídica: empresario o representante empresarial y servidor público. Esto presume, cuando menos, tráfico de influencias, al gestionar por sí o interpósita persona negocios entre personas físicas o morales con instituciones públicas.
Las evidencias sobre ese presunto tráfico de influencias son los contratos exhibidos (y publicados totalmente por la revista Contralínea y por ésta misma a través de un organigrama) y que cuando menos 7 muestran la firma de Juan Camilo Mouriño Terrazo. Posteriormente Mouriño se deslindó de los negocios familiares y de cuya fabulosa riqueza es uno de los herederos. El expediente de López Obrador es bastante como para que la autodenuncia (algo insólito en los anales de la PGR) del secretario de Gobernación, de ser acompañada por una denuncia de AMLO, dé motivo a una averiguación que pondría en serios aprietos al hombre clave del calderonismo.
En cuanto al expediente del mismo Mouriño, para tratar de lavarse las manos, no lo pone al margen de las acusaciones; al contrario: lo compromete, ya que Mouriño alega que los contratos son legales y de lo que se le acusa es de si tienen un vicio de origen, porque la misma persona que los suscribió era al mismo tiempo un funcionario, lo cual, cuando venga la resolución hasta esos contratos deberán declararse nulos.
Calderón, dicen, no le ha aceptado la renuncia a su colaborador estrella; pero está en Los Pinos. No la aceptó porque le daría mayor protagonismo a López Obrador quien de todos modos adquirió mayor presencia en la oposición. Y, además, con los estiras y aflojas sobre la reforma de PEMEX, AMLO ha tenido más presencia, si acaso apenas perturbada por las tortuosas elecciones para nueva dirigencia del PRD. El caso es que dos expedientes conducen a lo mismo: Mouriño está en el banquillo, por ahora, del escándalo político.
cepedaneri@prodigy.net.mx
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