Magdalena Gómez
Es muy probable que esta semana los legisladores panistas presenten la iniciativa sobre reforma energética con apariencia de “reforma de Pemex” como variable de la privatización obtenida por otros medios. El hecho de que el ocupante de Los Pinos no se haya atrevido a presentar formalmente su propuesta nos habla de los cálculos que hicieron, suponiendo que la ciudadanía se tragará la dorada píldora de que por sus afanes democráticos y concertadores el Ejecutivo remitió al Congreso un diagnóstico que muy probablemente era la base para la exposición de motivos de la propuesta que parece no será, al menos no como la suponían.
El poco común procedimiento de solicitar que los legisladores discurran sobre una propuesta que no se pone sobre la mesa, en la lógica de que en el Congreso se elabore a partir de una negociación, resultó por lo menos un fiasco. Los priístas no aceptaron cargar con el costo político y han aprovechado la situación para dejar claro que no tenemos gobierno con la fuerza suficiente para encarar los retos de tal misión.
En el otrora “partido oficial” hay diversas motivaciones, no todas de principios por cierto. A sus principales líderes les importa pavimentar el camino para recuperar el poder pleno que perdieron en 2000 y saben que del lado de la real oposición al proyecto calderonista, esto es, del movimiento en defensa del petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, están la razón histórica y la adhesión de amplios sectores ciudadanos, además de los intelectuales. Ello explica la cautela con la que se mueven para arribar a los pactos que seguramente harán con el panismo.
Dentro de los saldos de la tan anunciada reforma destacan las contradicciones que se han mostrado respecto al “debate nacional” que supuestamente se promovería desde el Senado. El referido debate fue aceptado por los intelectuales que integran un comité dentro del movimiento en defensa del petróleo y, una vez que esta postura se difundió, el panismo no tuvo los arrestos suficientes para tomarles la palabra. Señal inequívoca de que suponían que podrían explotar en la opinión pública el argumento de la “cerrazón” de los opositores a la privatización. Así que han quedado emplazados a realizar un debate verdadero y no una simple cadena de foros, como acostumbran, donde mucha gente de buena fe acude para que luego los legisladores se den la vuelta y aprueben propuestas que poco o nada tienen que ver con lo expresado en las llamadas “consultas” y sí utilicen las mismas como medio de legitimación.
Pero el famoso debate también está causando inquietudes en algunos legisladores perredistas. Ya aparecieron las opiniones sobre la necesidad de diálogo y deliberación inherente a la tarea que “el pueblo” les encomendó y debido a ello se deslindan de la propuesta de la llamada “huelga legislativa”, mecanismo que implicaría negarse a participar en las discusiones y votaciones de una próxima propuesta. Y en este terreno las posturas son de pronóstico reservado. Sería ideal que desde los recintos legislativos el Frente Amplio Progresista respaldara al movimiento en defensa del petróleo, cuyas brigadas, integradas principalmente por mujeres, están dispuestas a impedir a toda costa que se realicen las labores legislativas en esa materia en un ambiente de “normalidad”. Ciertamente se trata de estrategias excepcionales y de emergencia motivadas por la gravedad implícita en las medidas que se busca aprobar.
Hoy se puede decir con certeza que el zigzagueo calderonista, incluso el príista, ha sido un logro del movimiento opositor promovido por AMLO. Sin embargo, lamentablemente, no faltarán los recelos de quienes desde dentro y fuera del perredismo pretendan disminuir el mérito del líder tabasqueño guiados por los ánimos mezquinos de la llamada correlación de fuerzas. Situación a la que por supuesto no son ajenos otros sectores del movimiento social y sindical que no aparecen activos en defensa del petróleo, ni con AMLO ni sin él.
Por lo pronto se cuenta con un escenario que sin cantar victoria permite ubicar cómo se ha logrado presionar para que el calderonismo se defina en unos supuestos no: no a los contratos de riesgo, no a la inversión privada en explotación, no a la privatización. Lo que entraña: no a la reforma constitucional.
No obstante, queda abierto el terreno de la amplia variedad de actividades en materia de hidrocarburos, algunas de las cuales se prestan para contratos millonarios, como hemos podido conocer por las denuncias de López Obrador. ¿Qué propondrán en materia de exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución? Se les ha obligado a moverse en el terreno de la simulación y de la ilegal distorsión normativa para lograr sus objetivos privatizadores; en ello no han cambiado un ápice, así que el terreno político de los próximos días será de alto riesgo y justificada alerta.
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