La terca realidad pondrá a cada quien en su lugar

Julio Pimentel Ramírez

No hay plazo que no se cumpla ni tiempo que no se venza y todo parece indicar que, finalmente, esta semana el gobierno espurio de Felipe Calderón presentará de mano propia, a través de su partido o de aliados de ocasión y/o por convicción, su “reforma energética” privatizadora ante el Congreso de la Unión. Probablemente lo haga en la Cámara de Senadores, espacio en el que espera contar con el respaldo de legisladores del PAN así como de cierta cantidad del PRI y mantener bajo control a los perredistas, que en esta hora de definiciones deberán demostrar de qué lado se encuentran.
Las persistentes denuncias de Andrés Manuel López Obrador y destacadas personalidades del mundo intelectual y académico, sobre las intenciones privatizadoras de los neoliberales en el poder, así como la firme posición asumida por el Movimiento en Defensa del Petróleo, obligó a que la administración calderonista destapara sus pretensiones primero a través de un espot televisivo y, posteriormente, mediante un diagnóstico sobre la situación de PEMEX, calificado acertadamente de catastrofista, carente de proyecto y propuestas de solución.
La realidad, que es más terca que López Obrador, pondrá las cosas en su lugar y veremos que la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo federal, su partido y sus aliados, incluirá la privatización de áreas sustanciales de PEMEX, propuestas camuflageadas bajo el manto de que es necesaria la “alianza estratégica” con el capital privado para explorar y extraer petróleo de aguas profundas, esto sin olvidar el proyecto de instalar plantas de refinación en coinversión con la llamada iniciativa privada.
En momentos en que las fuerzas que dominan el estado, es decir los grandes grupos económicos y sus representantes en el poder político (PAN y PRI), se preparan par dar el zarpazo final en contra de PEMEX y de esa forma apoderarse de la mayor parte de la renta petrolera, los perredistas se enfrascan en un proceso electoral interno plagado de irregularidades que tiene al partido del sol azteca al borde del abismo.
Las fisuras del PRD se han reflejado ya en lo que se refiere al frente en defensa del petróleo. La corriente de Nueva Izquierda, en voz del jefe de la tribu Jesús Ortega, se deslinda del movimiento social que encabeza Andrés Manuel López Obrador y declara que no apoyarán acciones callejeras de protesta aunque subraya, justo es decirlo, que se oponen a la privatización del hidrocarburo.
Extrañamente Ortega Martínez coincide con el presidente del PAN, Germán Martínez, quien señala que las cosas importantes del país se discuten en el Congreso y no en las calles, desdeñando a la “chusma” que todavía cree en el derecho de manifestación plasmado en la Constitución.
Es más Ruth Zavaleta, actual presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados -quien aduce que ella no es agitadora social sino diputada, olvidando que en su momento así calificaron a los perredistas movilizados que contribuyeron a que ella gozará del escaño que ahora usufructúa- dice que en caso de bloqueos a San Lázaro pedirá la intervención de la fuerza pública para garantizar el orden y el trabajo de los legisladores.
Zavaleta ha resuelto la dualidad militancia perredista-institucionalidad legislativa a favor de ésta última, sin tener la capacidad de mantener compromisos partidarios y con sus electores en ese espacio de poder, fenómeno que por lo demás se extiende por toda la estructura del PRD.
En todo caso veremos si los legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), mantienen la coherencia y son capaces de enfrentar la embestida privatizadora en un debate con sólidos argumentos en defensa del petróleo, logrando consensos con los priístas que comparten posiciones de soberanía nacional.
Cabe anotar que formalmente el PRI se declaró por la modernización de PEMEX sin privatización y manteniendo la rectoría del Estado, como lo señalan los estatutos del tricolor. En este punto, no hay que perder de vista que destacados priístas, legisladores y varios gobernadores de entidades petroleras se han pronunciado a favor de la inversión privada en diversas áreas de la actividad de la paraestatal, incluyendo trabajos en aguas profundas y en refinerías. La hora de la votación en el Senado y en la Cámara baja se acerca, ahí se verá la posición real de cada una de las fuerzas políticas.