Cínico apareamiento PRI-PAN

Por Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS

Perredistas mendigan las migajas
Cobra víctima rapacidad de Mouriño
Desmenuzan transacciones ventajosas
Romero Deschamps fontanero intocable

“La diferencia entre un esclavo y un ciudadano es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla”. Alejandro Gándara

El ejemplo más claro de cómo “la sociedad política” se beneficia del ejercicio del poder lo encontramos precisamente en el actual secretario ilegítimo de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (d). (UNIVERSAL)

Las pandillas políticas del PAN y del PRI se aprestan a obtener sustanciosas tajadas del gran pastel en que han convertido el proceso legislativo para sacar adelante a la mayor brevedad la reforma energética, en la que las iniciativas de Felipe Calderón y la propuesta priísta “tienen más coincidencias que divergencias”, banquete al que se pretende sumar, aunque sea para recoger las sobras, la “izquierda moderna y progresista” del PRD que domina el grupo de “los chuchos”. El ejemplo más claro de cómo “la sociedad política” se beneficia del ejercicio del poder lo encontramos precisamente en el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuya actuación como legislador y funcionario federal la ha encaminado a beneficiar económicamente a las empresas de su familia y a su propio enriquecimiento personal.


El multimillonario negocio que representará la “reforma energética negociada” entre las dirigencias nacionales del PRI y del PAN y el Gobierno federal y a la que se espera se sume el ala de Nueva Izquierda del PRD, beneficiará directamente a los integrantes de las cúpulas de las tres principales fuerzas políticas del país, tal y como ha beneficiado a la familia del número 2 de la administración de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, quien ha colocado a las empresas de su propiedad, y en las que tiene participación, en una situación privilegiada que en tan sólo unos años les ha permitido a los Mouriño Terrazo pasar de ser una familia con problemas económicos a ser ahora un clan con una fortuna extraordinaria, en cuya formación hay una espesa suciedad generada por el tráfico de influencias y el rompimiento impune de la legislación mexicana.
Además de los 16 convenios suscritos con la empresa Transportes Especializados Ivancar, S. A. de C. V., que en el transcurso del año fueron denunciados por la principal fuerza política de oposición del país, encabezada por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública reveló la semana pasada que una empresa del actual secretario de Gobernación, ESGES (Estaciones de Servicio del Grupo Energético del Sureste), firmó 108 contratos con la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Este órgano de transparencia determinó que “sí existe un vínculo de carácter comercial derivado de la suscripción de 37 contratos de franquicia”, -que corresponden a gasolineras en diversos estados entre los que se cuentan Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán-, 37 de suministro y 34 de crédito. El propio corporativo GES en su página electrónica sostiene que ha celebrado diversos contratos de franquicia con Pemex Refinación en la instalación de unas 40 estaciones de servicio.

El comisionado Alfonso Gómez Robledo confirmó que “Pemex señaló que el Grupo Energético del Sureste (GES), propiedad de los Mouriño, sería el accionista mayoritario de ESGES, por lo que entre Pemex Refinación y ESGES sí existe vínculo de carácter comercial”. Derivado de lo anterior, el IFAI, en forma unánime, ordenó a la paraestatal realizar una búsqueda exhaustiva y dar a conocer los documentos de dichas contrataciones. De lo que si conoce hasta ahora la opinión pública nacional datos precisos es de los 16 convenios con Ivancar cuya documentación muestra cómo las empresas de la familia Mouriño crecieron a partir del sexenio pasado y hasta la fecha, desde que Juan Camilo ocupó diversos cargos en el sector energético e influyó para colocar a incondicionales en puestos claves de la administración pública relacionados directa o indirectamente con Pemex, como es el caos de Karim Elías Bobadilla, originario de Campeche, quien es el titular del órgano interno de control de la paraestatal y entre cuyas funciones está “la administración de bienes materiales, auditorías, investigación de delitos, labor de supervisión, licitaciones y adjudicaciones de contratos de bienes y servicios”.

CONTRATOS MILLONARIOS

Sobre el particular, un expediente reunido por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) demuestra cómo los contratos otorgados por Pemex a Ivancar, Grupo GES, Franquicias GES, pasaron de entre 252 mil y 630 mil pesos, que firmaban antes del 2000 y de la llegada del grupo panista al poder, a otros de entre 23 y 39 millones de pesos en 2007, o cómo la Constructora Escalante, propiedad del suegro de Mouriño, que perdía la mayoría de licitaciones en que participó hasta 2004, en 2007 obtuvo contratos por 163 millones de pesos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El miércoles pasado, a 40 días de que se presentó la denuncia en contra de Juan Camilo Mouriño por los delitos de tráfico de influencias y uso indebido de funciones, la diputada perredista Aleida Alavez Ruiz acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) a ratificar dicha denuncia penal y ampliar las acusaciones en contra del secretario de Gobernación, pero se encontró con que la protección del grupo panista en el poder ha hecho que a la fecha el proceso legal haya sido congelado a tal punto de que no se haya efectuado ninguna diligencia y ni siquiera se ha asignado número al expediente o al Ministerio Público de la Federación a cargo del caso.

A pesar de que Juan Camilo Mouriño mintió una vez más al confesar el mes de marzo pasado que de diciembre de 2000 a enero de 2004 solamente firmó siete contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) en su doble condición de servidor público y apoderado legal de la empresa Ivancar SA de CV, y de que “aclaro terminantemente que no hay más contratos en los que yo haya participado, en momento alguno de mi vida, como apoderado legal de la empresa Transportes Especializados Ivancar SA (TEISA)”, el IFAI confirma la existencia de 16 contratos firmados entre la paraestatal y la empresa de Mouriño, “las cuales ya son del dominio público y están accesibles mediante el Sistema Informatizado de Solicitudes de Información (SISI), con el folio 1857600019108.

EXHIBIDO POR AMLO

La punta del iceberg del escándalo del que no se ha recuperado Juan Camilo Mouriño en torno a los delitos de tráfico de influencias y uso indebido de funciones, se dejó a la vista de la opinión pública a finales del pasado mes de febrero, el día 24, cuando Andrés Manuel López Obrador entregó a los diputados del Frente Amplio Progresista documentos de los contratos (al menos 12) firmados por Ivancar y Grupo Empresarial Energético del Sureste (GES) por más de 100 millones de pesos, firmados entre diciembre de 2000 y junio de 2005, para transporte de combustible en el sureste del país. Los más jugosos convenios fueron entregados a la familia Mouriño durante la gestión de Juan Bueno Torio, actual senador del PAN, cuando era director de Pemex Refinación, de 2003 a enero de 2006. La firma de Juan Camilo Mouriño aparece en al menos ocho convenios, en calidad de apoderado legal, cuando era diputado y presidente de la Comisión de Energía en la 58 legislatura.
A principios del mes de marzo, el día 10, López Obrador exhibió dos contratos más firmados por Juan Camilo Mouriño como apoderado legal de su empresa familiar, Transportes Especializados Ivancar, con Petróleos Mexicanos Refinación, cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Los convenios (GTT-0142-01/2001 Y GTT-0142-01/2002) fueron otorgados sin licitación y signados el 20 de diciembre de 2000 y la misma fecha del 2001, para que Ivancar transportara productos derivados del petróleo por año, en cada caso, lo que le representó a la familia del funcionario montos contratados en conjunto por un mínimo de 5 millones 893 mil 851 pesos y hasta 14 millones 709 mil 627 pesos. Ese mismo día, el grupo parlamentario de Convergencia presentó copias de dos nuevos contratos de adjudicación directa de Pemex y TEISA (Transportes Especializados Ivancar, SA), por un monto total de 42 millones de pesos, uno de ellos firmado por Juan Camilo Mouriño como apoderado legal de la empresa. El primero de los contratos fue para el transporte de turbosina y gas avión, por 2 millones 100 mil pesos. En el otro, el convenio GTT-00142-CM/2005-2008, Pemex refinación se comprometió a pagar a la empresa los 39 millones en 4 años: en 2005, 6 millones 420 mil 612.27 millones; en 2006, 10 millones 314 mil 126; en 2007, 11 millones 152 mil 665 pesos. Y para el año en curso, el contrato aún vigente indica que se entregarán 11 millones 759 mil 74 pesos. Según fuentes internas de Pemex a mediados de diciembre de 2008 el contrato se prorrogará por un periodo igual, es decir, hacia 2012, con un monto aún por definir.
Además de esos contratos, otros de los que se tiene información son el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, vigente del 4 al 31 de diciembre de 2000; cuatro meses antes de que concluyera el contrato GTT-0142-02/2001, el ocho de agosto de 2001, se le estableció un monto adicional del 20 por ciento establecido en el contrato inicial que era por 6 millones 856 mil 722.82 pesos, con el mismo periodo de vigencia, según el documento GTT-0142-M/2001; el 28 de agosto se firmó el contrato GTT-0142-02/2001 por 2 millones 100 mil pesos, vigente de agosto al 31 de diciembre de ese año; antes de que venciera el contrato anterior, se firmó otro con el número GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002, y antes de que venciera éste Ivancar recibió dos adjudicaciones directas mediante el contrato GTT-0142-01/2003, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003, por 16 millones 600 mil pesos; el 3 de marzo de 2003, el Consejo de Administración de Pemex Refinación, bajo la responsabilidad de Juan Bueno Torio, autorizó a un grupo de transportistas 40 rutas adicionales en Guadalajara, Rosario, Tijuana, Madero, Ciudad Valles, Ciudad Mante y Gómez Palacios, y decidió pagarles una tarifa de 104 mil pesos para el traslado mínimo de 8 mil kilómetros y 9.10 pesos por cada kilómetro extra por el transporte de petrolíferos. Entre las compañías beneficiadas además de Ivancar estaba Autotransportes ILENSA, en la que es accionista Javier Fox Quesada, hermano del ex presidente.
El 1 de septiembre de 2003, se le otorgó a la empresa de los Mouriño un monto adicional de 8 millones 300 mil pesos sobre el contrato GTT-0142-01/2003, por el mismo periodo estipulado, según el documento GTT-00142-01-2PP/2003; el 29 de diciembre, recibieron el contrato GTT-0142-01/2004, por 8 millones 300 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004; el primero de diciembre de 2004, Ivancar recibió un incremento del 20 por ciento al monto del contrato GTT-0142-01/2004, según el documento GTT-0142-01-M/2004; y el 29 de diciembre Ivancar recibió el contrato GTT-0142-01/2005, por 9 millones 530 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005.
La forma en que fueron concretados todos estos contratos evidencia, sin lugar a dudas, los delitos de “abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, y tráfico de influencias”, en el que presuntamente incurrieron los funcionarios de Pemex Refinación, tal y como lo señaló oportunamente en los micrófonos del programa “Estado de los Estados”, el legislador Jesús González Schmal, quien junto con las legisladoras priístas Sofía Castro y Marta Palafox Gutiérrez, pusieron la denuncia correspondiente ante la Suprocuraduría de Investigación Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

Manto de impunidad
A pesar de todas las evidencias es claro que los organismos encargados de la administración y procuración de justicia en el país, durante la actual gestión de Felipe Calderón, no procederán en contra ni de Juan Camilo Mouriño, ni de ningún otro funcionario implicado en este tipo de casos, sino que, por el contrario, además de estar decididos a cubrirlos con un poderoso manto de impunidad, también tienen la determinación de callar de tajo las voces criticas que hacen señalamientos sobre el particular, como fue el caso del reconocido periodista Francisco Rodríguez, cuyo programa de radio “Índice Político” fue sacado del aire por ordenes de los directivos de Radio Capital, quienes dieron como razón que se le había dado “mucho tiempo” a la nota sobre la revelación del IFAI sobre los 180 contratos que tiene Pemex con las empresas de Juan Camilo Mouriño, el poderoso secretario de Gobernación. El caso de censura contra Francisco Rodríguez se viene a sumar muchos otros en todo el territorio nacional entre los que se puede mencionar también la salida del aire de Radio Monitor y el despido de Carmen Aristegui de W Radio.

Así lo confirma también el hecho de que en el mes de mayo la Comisión Especial de la Cámara de Diputados creada para investigar la legalidad de los contratos de Pemex Refinación de1997 a la fecha, exonerara a Juan Camilo Mouriño Terrazo de haber cometido tráfico de influencias. En esta mascarada participaron los diputados Xavier López Adame, del PVEM; Antonio Valladolid Rodríguez y Obdulio Ávila Mayo, del PAN; Raúl Cervantes, del PRI; Miguel Ángel Jiménez, de Nueva Alianza, y Armando García Méndez de Alternativa.

El español Juan Camilo Mouriño
Otro gran hecho en contra de Juan Camilo Mouriño, actual secretario de Gobernación, es el relativo a su nacionalidad, la cual ante todas las evidencias los especialistas en la materia señalan que “es cien por ciento español”, de acuerdo con lo que establecen sus documentos de identidad y los criterios de la Constitución y el Código Civil de España. Es inocultable que Juan Camilo ha mentido abiertamente, ha dicho verdades a medias y ha ocultado información para insistir en su nacionalidad mexicana y en su derecho a ser secretario de Gobernación y hasta para aspirar a la primera magistratura de México.
Sin embargo, Juan Camilo Mouriño es “español de origen”, nació el 1 de agosto de 1971 en Madrid, donde fue inscrito en el Registro Civil de Chamberi. El artículo 11 de la Constitución española señala en su numeral 2 que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”, por lo que a pesar de que se haya nacionalizado mexicano el 2 de octubre de 1989, argumentando que era hijo de madre mexicana –otra mentira pues hay datos que confirman su nacionalidad española-, según la misma Constitución española no pierde su nacionalidad española. Además, no hay pruebas de que haya renunciado a esa nacionalidad –la cual por otra parte es irrenunciable- porque siguió utilizando su pasaporte español por lo menos siete años después de haberse nacionalizado mexicano, hecho que si en México imperará un verdadero Estado de derecho, lo hubiera llevado a perder la nacionalidad de este país, lo que implicaría que su nombramiento al frente de la Secretaría de Gobernación fue un acto ileal.

Coincidencias y cinismo
La presentación de su proyecto de reforma energética puso al descubierto que los fontaneros del PRI le hicieron el “trabajo sucio” a Felipe Calderón y le taparon hoyos para encubrir los intentos de privatización de áreas de Pemex. El cinismo de los priístas, a quienes les sangra la boca al señalar que no permitirán la “privatización”, no sólo se evidencia en el hecho de que su propuesta permite la inversión privada, mediante contratos, para exploración de aguas profundas; que prevé contrataciones sin licitación mediante procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa en casos, por ejemplo, de “innovaciones tecnológicas”; y que ante posibles controversias con las empresas extranjeras, Pemex se someterá a la jurisdicción de “tribunales arbitrales nacionales o internacionales”, sino también en el hecho de que deja intacto el cacicazgo del actual dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, personaje protagónico del Pemexgate, el primer escándalo de corrupción electoral, operado durante la administración del priísta Ernesto Zedillo Ponce de León, que estalló durante la administración foxista, y a través del cual se desviaron mil millones de pesos de Pemex al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de los cuales 500 millones se utilizaron para la campaña del candidato del PRI a la presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa, y que ahora en la administración calderonista permanece totalmente impune.
Después del Pemexgate los desmanes de Romero Deschamps han continuado al frente del sindicato petrolero. Uno de ellos, denunciado por trabajadores petroleros ante la Procuraduría General de la República señala un desvío de 7 mil 500 millones de pesos que Pemex le dio para construcción de viviendas, proyecto que nunca se realizó. Las denuncias se han ido acumulando en contra de este poderoso personaje que tiene una fuerte alianza con el actual gobierno de Felipe Calderón, por lo que ninguna de ellas ha prosperado.

De los pasillos
Hay que tomar muy en serio la advertencia del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, en el sentido de que el gobierno federal reducirá gradualmente los subsidios a la gasolina. Habrá que tener cuidado con la medida pues eliminar el subsidio a la gasolina implicará una alza de 1.5 a 1.8 puntos porcentuales a la inflación, eso sin contar los impactos indirectos… Tampoco hay que olvida que como se lo señalamos oportunamente en este espacio se rebasa ya el 62 por ciento de importación de gasolina…
Sin la amenaza de Ortíz aún concretada, los incrementos en las gasolinas, luz, electricidad, jitomate, servicios turísticos en paquete, transportes y huevo provocaron que la inflación en la primera quincena de julio fuera de 0.38%, el nivel más alto en los últimos nueve años… Luego de la consulta del 27 de julio, el PRD presentará su iniciativa de reforma energética, adelantó Guadalupe Acosta Naranjo, líder provisional del Sol Azteca. Aunque fuentes perredistas señalan que en este paquete de iniciativas basado en el proyecto de Graco Ramírez participará Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador se opone y considera que se debe esperar hasta septiembre cuando concluya la consulta del partido… Legisladores federales demandaron al gobierno federal investigar el caso del director de la Lotería Nacional, Francisco Yánez, y su intervención para liberar a una presunta narcotraficante.

lilia_arellano@yahoo.com