La consulta petrolera, ¡va!

Ricardo Monreal Avila

Para algunos es “¡Bah!”, para otros es “¡Va!”, pero la consulta ciudadana nacional sobre la reforma energética no ha pasado desapercibida. No es para menos, en un país donde las decisiones fundamentales que afectan el presente de más de 100 millones de ciudadanos y el futuro de las siguientes generaciones se toman de manera cupular y oligárquica, plantear que la ciudadanía participe en la discusión y decisión final no es cualquier cosa.
La historia reciente del país está llena de ejemplos donde una élite política y económica impone al resto de la población decisiones lesivas para su vida personal y familiar. El TLC, las privatizaciones de empresas públicas y la contrarreforma agraria en la época de Carlos Salinas son ejemplos típicos. El TLC agudizó la emigración de trabajadores a los Estados Unidos en lugar de detenerla. Los consumidores mexicanos pagamos a Telmex y a los bancos los servicios y comisiones más caros del planeta. El campo está devastado y desolado después de 15 años de la reforma privatizadora que presuntamente implicaría una “revolución verde”.
Los rescates financieros de bancos y empresas constructoras en la época de Ernesto Zedillo, así como el financiamiento de empresas públicas como Pemex y CFE a través de los Pidiregas, tienen comprometidas las finanzas públicas del gobierno para las próximas dos generaciones. Para hacer frente a estos requerimientos financieros, nacionales y extranjeros, el gobierno estará condenado en ese mismo lapso de tiempo a imponer reformas fiscales recaudatorias y regresivas como el IETU a toda la población.
La imposición oligárquica en curso se llama “reforma energética”, donde el grupo económico que llevó al poder al señor Felipe Calderón, en mancuerna con el PAN y el PRI, plantean abrir la exploración y explotación de nuestro principal recurso natural al capital privado. Es decir, la privatización de una buena parte de la renta petrolera.
Otra historia económica, social y política estaríamos contando en este país si la ciudadanía, hoy marginada de las decisiones fundamentales de Estado y sólo convocada cada tres años para elegir a “sus” representantes federales o al presidente de la República, fuese convocada a conocer, debatir y decidir con su voto las principales políticas públicas.
A pesar de que 8 de cada 10 ciudadanos desean ser consultados para tomar una decisión en materia petrolera, no obstante que la posición a favor de la propuesta del gobierno del señor Calderón ha avanzado al grado de encontrarse actualmente dividida en dos partes iguales el “sí” y el “no”, el gobierno se negó sistemáticamente a cualquier modalidad de consulta a la ciudadanía. “Es un tema para especialistas y técnicos”; “es responsabilidad de los legisladores, no de los ciudadanos”; “la Constitución no reconoce ni permite la consulta”; “son planteamientos populistas de grupos irresponsables”; son algunos de los argumentos con los que el actual gobierno reiteró su desprecio y aberración a la ciudadanía, a la que sigue considerando menor de edad o inmadura para ejercer la más elemental de las formas de la democracia directa participativa: la consulta ciudadana.
Si usted es de los que desean participar en la decisión sobre la reforma energética, si usted es de los que piensan que su opinión debe ser tomada en cuenta, si usted es partidario o detractor de la reforma energética que preparan PAN y PRI, tendrá una oportunidad de ejercer este elemental derecho ciudadano a partir del próximo domingo 27 de julio. Para usted hemos preparado la siguiente información básica sobre este inédito ejercicio en nuestra vida pública.
A) ¿Cuándo se realizará?
Se contemplan tres etapas. La primera será el próximo domingo 27 de julio en el Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California Sur, Morelos, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala. La segunda será el 10 de agosto en Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Campeche y Puebla, y el tercer momento será el 24 de ese mes en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, San Luis Potosí, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Durango y Nuevo León.
B) ¿Qué se preguntará?
Unicamente dos preguntas. “1) Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas? 2) En general, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?”.
C) ¿Quién elaboró las preguntas? Un grupo de académicos de la UNAM, IPN y UAM, garantizando la imparcialidad y la objetividad de las mismas.
D) ¿Tendrá algún valor jurídico? Los resultados de la consulta no son obligatorios para los legisladores federales, quienes tienen la última palabra sobre el curso de la reforma. Sin embargo, es un marco de referencia ético-político a la hora de votar la iniciativa. En el caso específico de los legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), sí votarán siguiendo los resultados de la consulta ciudadana.
E) ¿La consulta ciudadana es violatoria de la Constitución o de algún otro ordenamiento normativo? En lo absoluto. La Constitución la contempla a nivel enunciativo (artículo 26) y 22 entidades federativas contemplan el recurso de la “consulta ciudadana” para la toma de decisiones públicas.
¿La consulta ciudadana suplanta al Congreso de la Unión? La consulta ciudadana es un mecanismo de la democracia participativa directa, mientras que el Poder Legislativo es una institución de la democracia representativa indirecta. Ambas se complementan, no se contraponen. La mayoría de las democracias contemporáneas han armonizado sus procesos legislativos con el reconocimiento de mecanismos de consulta como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato.
F) ¿Quién verificará y garantizará que los resultados sean limpios, transparentes y reales? Se planteó que el IFE realizara este ejercicio. Sin embargo, se declaró incompetente para ello. De esta forma, se propuso que un comité de ciudadanos auditores. El comité está integrado por Carlos Monsiváis, Rolando Cordera, Enrique González, Guadalupe Loaeza, Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Lorenzo Meyer, Héctor Vasconcelos, Dolores Heredia y Miguel Eraña, entre otros.
G) ¿Tiene sustento ciudadano? Tres de cada cuatro ciudadano mexicanos quieren ser consultados. ¿Usted no es uno de ellos?