Se renuncia al mandato expreso de exclusividad del Estado en la industria petrolera, señalan
Rosa Elvira Vargas y Enrique Méndez
Los senadores de la República fueron alentados a terminar de escribir, por fin, una página digna y rescatable de la historia nacional y no aprobar el “fraude a la Constitución” que propone Felipe Calderón en su iniciativa energética. Ese exhorto del académico Ignacio Marván Laborde tomó como argumento central el que los nuevos órganos reguladores propuestos en el proyecto oficial impulsan la privatización del sector, al renunciar al mandato expreso de exclusividad estatal en la industria petrolera.
“En esta iniciativa, el ánimo privatizador se expresa sin recato alguno, y lo que se propone es precisamente dotar de facultades a la Comisión Reguladora de Energía para intervenir en el mercado vinculado a la industria petrolera, que lógicamente se formaría al abrirse la industria a diferentes modalidades de participación a favor de particulares”’, resaltó Marván.
A su vez, Cuauhtémoc Sánchez Osio, ex director de Diconsa y hoy al frente de la empresa Viromex, llamó a detener la hemorragia de renta petrolera, simplemente acabando con las comisiones de 5 o 10 por ciento, que es la “cuota estándar” de corrupción en las adquisiciones de la industria. “Ninguno de los problemas de Pemex se resuelve extranjerizando la actividad petrolera, modificando la organización industrial o los órganos reguladores de la industria”’, afirmó.
El especialista en administración pública dijo que si bien es previsible que el futuro del petróleo mexicano esté en aguas profundas, y que se requiera de mayor capacidad de refinación y distribución, “estas cuestiones no necesariamente se revuelven rindiendo nuestra industria a empresas internacionales que no han enfrentado las ataduras que ha tenido Pemex, ni creando más organismos reguladores para que dicha rendición se dé de manera ordenada”.
Adrián Lajous, ex director de Petróleos Mexicanos y quien ayer participó por segunda ocasión en el debate sobre la reforma energética convocado por el Senado, dijo que por muchos años se prefirió mantener la ilusión del control estatal de la industria, en lugar de admitir los fracasos del monopolio del Estado. Aplaudió la iniciativa presidencial de modificar la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, sobre todo porque intervendría en los mercados finales de hidrocarburos.
México, indicó Lajous, necesita incrementar la inversión en la infraestructura logística de la industria petrolera y mejorar su administración y mantenimiento. “El gobierno del presidente Calderón ha propuesto ampliar la participación privada en estas tareas”. Es algo acertado. Y añadió: “Espero que el Senado de la República le brinde su apoyo”.
El pasado de Lajous como director de la paraestatal fue cuestionado por Francisco Garaicochea, presidente del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, quien lo responsabilizó de la irracional explotación de Cantarell, al contratar a una empresa que inyectó nitrógeno. En ese campo, dijo el especialista, se quema gas natural porque aquél aceptó la recomendación que en ese sentido le formuló la compañía Netherland Sewell.
Sobre el tema a discutir en esta sesión, el especialista petrolero dijo que la carencia de reglamentos y mecanismos de control apropiados dentro de la industria ha costado al país, sólo por la quema de gas en la atmósfera, 80 mil millones de dólares por no aplicar oportunamente proyectos de recuperación mejorada, y se han perdido, por esa misma razón, 40 mil millones de dólares en petróleo, al tiempo que se han dejado de incorporar reservas también de un altísimo valor económico. La propuesta, subrayó, es “a todas luces inadmisible por su subordinación casi total al Ejecutivo federal, convirtiéndose en dictatorial”.
Guillermo Cruz Domínguez, actual director de Operación Petrolera de la Secretaría de Energía, dijo que las propuestas regulatorias del presidente Calderón aseguran a Pemex contar con un contrapeso técnico para ayudarle a planear y exportar sus productos.
El actual presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Salazar Diez de Sollano, defendió la iniciativa presidencial porque “recoge los mejores principios económicos y regulatorios”, al plantear la participación complementaria de los sectores social y privado en el transporte y distribución de productos derivados de la refinación y petroquímicos básicos, por medio de ductos. Así, indicó, “la propuesta es encomiable, pero necesita ser complementada con la apertura”.
Pascual García de Alba Iduñate, director del doctorado en políticas públicas del Tecnológico de Monterrey, respaldó el fortalecimiento de la Secretaría de Energía con la comisión del petróleo, pero propuso que a medida que se amplíe la participación privada en el sector, se extiendan también las actividades de la Comisión Reguladora de Energía y cubrir así los nuevos campos.
“La experiencia de 15 años de la Cofeco (Comisión Federal de Competencia) ha enseñado que autonomía no es sinónimo de eficiencia y eficacia”, convino quien ha sido también subsecretario de Programación y Presupuesto y de Educación Pública.
En su turno, Javier Estrada, ex integrante de la Comisión Reguladora de Energía, dijo que el “envejecimiento organizacional” está ahogando al sector petrolero y defendió la propuesta de Calderón, porque puede mejorar sustantivamente la situación del sector.
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