Ricardo Monreal Avila
En la tragedia de la discoteca News Divine donde perdieran la vida 12 personas (nueve menores de edad y tres oficiales de la policía de la Ciudad de México), sólo hay una desgracia mayor: la manipulación política que están realizando algunos sectores, para medrar con el dolor de los deudos.
Hay por lo menos dos actores visibles que están utilizando partidaria y facciosamente estos lamentables acontecimientos. Uno es el PAN, que quiere sacar raja electoral con la mirada puesta en las elecciones federales del 2009, y el otro es el gobierno federal que intenta golpear y linchar políticamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por haber planteado una consulta ciudadana para aprobar o rechazar la reforma energética. Simple y sencillamente, el señor Felipe Calderón no le perdona a Marcelo Ebrard que, con base en la ley de participación ciudadana del Distrito Federal, someta a referéndum la propuesta energética.
El PAN, a través de su presidente nacional, ha solicitado la comparecencia del "jefe político" del secretario de Seguridad Pública del DF, por el irregular y fatídico operativo de la discoteca. Exige que el jefe del secretario Joel Ortega asuma sus responsabilidades, que se presente en el Senado y dé la cara por la tragedia. Que responda como un hombrecito.
Sólo que el presidente del PAN, en su desesperación por golpear al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se da un tiro en el pie derecho. Perdió de vista que el "jefe político", es decir, el responsable en términos constitucionales, administrativos y normativos del secretario de Seguridad Pública del DF se llama Felipe Calderón, no Marcelo Ebrard. Y sí --estamos totalmente de acuerdo con Germán Martínez--, es necesario que comparezca, que rinda cuentas. No sólo por el fallido y atroz operativo de una tarde en la Ciudad de México, sino por los otros desastrosos operativos que a diario tienen lugar, de manera sistemática y continua en el territorio nacional, con los mismos ingredientes letales del News Divine (fuerza bruta, arbitrariedad, ineficiencia, corrupción y complicidad), pero en dimensiones "mega".
El artículo 122 constitucional, base quinta, inciso E, señala: "en el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los términos que señale el Estatuto de Gobierno".
El 115 constitucional fracción VII dispone: "el Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendrán el mando de la fuerza pública en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente". En tanto que el artículo 34 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal norma claramente la condición de subordinado que el secretario de seguridad pública mantiene respecto de quien se ostente como Presidente de la República. "Corresponde al Presidente de la República el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal... El servidor público que tenga el mando directo de la fuerza pública en el Distrito Federal podrá ser removido libremente por el Presidente de la República o a solicitud del Jefe de Gobierno del Distrito Federal". (Estatuto de Gobierno del Distrito Federal). No hay, entonces, salida o forma de evadir esa responsabilidad política o jefatura institucional.
Ahora bien, en términos de conducta política, reacción gubernamental y respuesta de las autoridades sí existe un claro contraste, una marcada diferencia entre lo sucedido en la discoteca de la Gustavo A. Madero y lo que está aconteciendo en la guerra divine contra el crimen organizado en el país.
Por las 12 personas muertas en la discoteca (nueve menores y tres oficiales de la policía capitalina) hay 17 indiciados y detenidos. ¿Por los cinco mil muertos de la guerra contra el crimen en dos años (500 de ellos, oficiales de la Policía y el Ejército), cuántos responsables están procesados?
¿Qué pasaría si el jefe de Gobierno del Distrito Federal o el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México hubiesen declarado que las 12 víctimas "son una muestra de que los operativos van por buen camino"? Estarían desahuciados y fuera de sus puestos.
En cambio, por las concepciones necrofílicas que diariamente escuchamos del gobierno federal, relativas a que esas cinco mil víctimas fatales son "la mejor prueba de que vamos ganando la guerra, de que nuestra estrategia es todo un éxito", nadie ha tenido la menor intención de presentar, no una impensable renuncia al cargo, sino una modesta disculpa a los deudos.
Por los nueve menores fallecidos en la discoteca hay un jefe de la Unipol sujeto a proceso, Guillermo Zayas. ¿Por los 19 menores caídos en enfrentamientos entre bandas o en operativos policiales en los primeros seis meses de este año, cuántos jefes Zayas tenemos detenidos?
Por la responsabilidad administrativa en la operación de un antro irregular se ha separado de su cargo el delegado electo Francisco Chíguil. ¿Por la proliferación de narcotiendas protegidas a lo largo y ancho del territorio nacional, cuántos alcaldes o gobernadores han presentado su renuncia?
A los familiares de las víctimas de la discoteca el gobierno local los indemnizará. ¿A los miles de huérfanos y viudas de la guerra divine contra el crimen, quién les ha enviado una condolencia?
De la misma manera, por las casi 600 desapariciones forzadas o "levantones" registrados de manera indistinta contra presuntos delincuentes y activistas políticos y sociales en la presente administración federal --hechos denunciados por organizaciones no gubernamentales e investigaciones periodísticas--, ¿qué autoridad responde? Por la tragedia de Pasta de Conchos, donde en un solo día perdieron la vida 63 mineros, ¿qué alto funcionario federal ha sido procesado? Por la desaparición de dos dirigentes del EPR en Oaxaca y por los 23 activistas muertos de la APPO en este sexenio, ¿quién es responsable? Por la desaparición y asesinato de más de 30 periodistas en los últimos ocho años, entre ellos el reportero norteamericano Brad Will en Oaxaca, ¿quién ha aclarado un solo caso?
Tiene razón el presidente del PAN. Es necesaria una comparecencia del "jefe político" (es decir constitucional e institucional), de las fuerzas policiacas en la Ciudad de México y en el resto del país. Es urgente que Felipe Calderón responda porqué el país se ha convertido, en materia de seguridad y procuración de justicia, en un mega antro, en un News Divine de dimensiones nacionales.
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