Infonavit: despojo y sospechas

Editorial

De acuerdo con información proporcionada por distintas organizaciones de defensa de los derechohabientes, de la cual se dio cuenta ayer en estas páginas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vendió decenas de miles de créditos vencidos a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP 2), que forman parte de cinco compañías dedicadas a la cobranza de cartera vencida.

La entrega de estos créditos a entidades privadas encargadas de “administrar” deudas constituye, en primer lugar, un acto de profunda insensibilidad del actual gobierno, pues pone a miles de familias en riesgo de perder su patrimonio al dejarlas a merced de las conocidas prácticas de hostigamiento, acoso y persecución de los despachos de cobranza. Al actuar en este sentido, las autoridades parecen soslayar que el incremento en la cartera vencida no necesariamente refleja “irresponsabilidad” o una “cultura del no pago” de los deudores, sino que en muchos casos obedece a factores como el desempleo, los ínfimos salarios, el encarecimiento de los productos básicos y los servicios, el desgaste sostenido del poder adquisitivo y la capacidad de pago, problemáticas ante las cuales el gobierno debiera contribuir a buscar soluciones, no a agravarlas. Esta actitud, por lo demás, contrasta con el apremio con que en este país se ha rescatado a grandes capitales financieros y propietarios de importantes empresas en problemas económicos, lo que pone en evidencia el signo antipopular, oligárquico y pro empresarial de las últimas administraciones, incluida la actual.

Adicionalmente, que los créditos vencidos de referencia se hayan rematado a precios irrisorios –de 15 mil pesos cada uno– deja la impresión de que, más que buscar resolver los problemas de insolvencia del Infonavit, la venta obedece a un designio de beneficiar a círculos empresariales cercanos al poder público.

Es significativo señalar que el consejo de administración de las empresas señaladas es presidido por Roberto Enrique Colliard López, ex coordinador general de recursos corporativos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), quien en 2006 adquirió para SCRAP 2 créditos vencidos del Infonavit de manera por demás irregular: la adjudicación se dio el mismo día en que esa compañía se constituyó ante notario y varios meses después de que se publicaron las convocatorias de las subastas públicas correspondientes (La Jornada, 18/01/08).

Otra de las beneficiarias de la venta de cartera vencida ha sido Capmark, compañía que adquirió 18 mil 702 créditos subastados tras la primera convocatoria, que se publicó el 31 de octubre de 2005, y a la que se ha vinculado con la empresa Construcciones Prácticas, propiedad de los hermanos Bribiesca Sahagún, señalados por haber incurrido en tráfico de influencias durante el sexenio de Vicente Fox.

En suma, la entrega de créditos vencidos del Infonavit a entidades particulares es, a lo que puede verse, una medida orientada a satisfacer la voracidad y los ánimos especulativos de dichas empresas a costa de los deudores y sus familias.

Es necesario, por tanto, que el organismo ponga fin a esa práctica y emprenda programas de restructuración de las deudas delicadas a causa de las necesidades de la población y a las circunstancias económicas actuales, que no signifiquen pérdida del patrimonio de los derechohabientes. Es obligado, asimismo, que el instituto haga transparentes los mecanismos de adjudicación de los créditos vencidos, a efecto de esclarecer las suspicacias generadas en torno a esos procesos.