Julio Pimentel Ramírez
Los diagnósticos sobre la profundidad de la crisis económica que afecta al país van desde el ya moderado optimismo de los "doctores" del calderonismo hasta las previsiones de los "catastrofistas", avaladas por análisis de especialistas que auguran una caída del PIB superior al 2 por ciento, índice que se traduce en desempleo y pobreza, situación que se agrava por la incontrolable violencia desatada por el crimen organizado, fenómenos que al confluir llevan a considerar a muchos que nos encontramos ante un "Estado fallido" o en el mejor de los casos ante una "ingobernabilidad" que desnuda la ineficacia de la actual administración panista.
En los últimos días fuimos testigos de la forma en que, ejerciendo el derecho constitucional a la libre manifestación, se efectuaron múltiples protestas populares simultáneas en Monterrey, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Veracruz denunciando violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en el combate al narcotráfico y exigiendo su regreso a los cuarteles.
Entender esta situación sin dejar que por ver los árboles perdamos de vista el bosque, exige una serena reflexión que sitúe correctamente los factores que intervienen en este explosivo cóctel que ya ha sido abordado por diversos actores políticos desde su posición en la estructura social o de poder y desde su perspectiva ideológica.
No se puede ocultar la larga la cadena de arbitrariedades cometidas por soldados en retenes, cateos y operativos en contra de civiles ajenos al crimen organizado. Las denuncias de los agraviados y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no han sido atendidas adecuadamente y al permanecer las investigaciones ministeriales, cuando se llegan a abrir averiguaciones previas, bajo el fuero militar la impunidad se garantiza automáticamente.
En tanto si bien los hechos cotidianos apuntan al fracaso de la militarizada estrategia de lucha contra el narcotráfico, sobre todo por carecer de una visión integral que incluya la transformación del actual modelo económico de desarrollo, la dramática inseguridad que azota a toda la República al lado de la descomposición de los cuerpos policiacos no permite vislumbrar un retiro inmediato del Ejército de esa tarea.
Si bien muchos ejemplos (desde el caso del General Gutiérrez Rebollo, ex zar antidrogas, hasta el de los militares altamente capacitados en tareas de combate contra el narco que desertaron para formar a los temibles y sanguinarios Zetas) muestran que el Ejército no es el cuerpo incorruptible que dice ser, dejar en estas condiciones solamente a las policías en las calles equivale a fortalecer aún más a la delincuencia organizada.
Otra arista de este fenómeno, el de la manipulación de sectores marginados por parte del narcotráfico, significa en todo caso un fracaso más del neoliberalismo que excluye a amplios grupos sociales del desarrollo y los coloca en condiciones depauperadas y en la desesperanza que los hace fácil presa de quienes les ofrecen, aunque sea en forma mínima, lo que el Estado es incapaz de asegurarles.
La ingobernabilidad está ahí, presente, y es un signo ominoso de quien al usurpar el poder político ha pretendido adquirir legitimidad a un elevado costo de sangre de miles de mexicanos. El narcotráfico ya no es únicamente un enfrentamiento entre cárteles rivales o de éstos con el gobierno, ya es un problema de la sociedad en su conjunto. Muchos de los miles de ejecutados son consumados delincuentes producto de un régimen decadente, otros son jóvenes que ante la falta de perspectivas ofrecidas por la sociedad son atraídos por el dinero inmediato y los lujos "fáciles" del narco.
Pero cada día crece el número de víctimas inocentes: niños, mujeres, personas que se encuentran en el lugar equivocado en el momento indebido, los cuales no tuvieron tiempo para decir si México vive una catástrofe o se trata de simples problemas que todos unidos sacaremos adelante, como reza la propaganda oficial.
En todo caso la disyuntiva es falsa ya que el Ejército seguirá en las calles porque el gobierno ilegítimo no tiene opción pues es incapaz de romper el círculo vicioso del neoliberalismo-ineficacia-corrupción-narcotráfico. Esa tarea tendrán que llevarla a cabo otras fuerzas políticas progresistas que, en todo caso, pueden presionar para avanzar en ciertas modificaciones que disminuyan los daños al tejido social.
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