El juicio se celebra ocho años después de que ocurrieran los hechos. Se juzga a cinco policías que, en noviembre del 2000, reprimieron una manifestación pacífica en Madrid que pedía la abolición de la deuda.
Hasta el 20 de febrero se celebran en Madrid las vistas del juicio a cinco policías que, hace ahora ocho años, reprimieron con el uso de la fuerza a un grupo de manifestantes que, ante el Congreso de los Diputados, pedía la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos. Los policías deberán responder las acusaciones de lesiones y detención ilegales presentadas por 40 personas de todo el Estado.
Los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2000, día en que miles de personas de todo el Estado participaron en una marcha unitaria en Madrid que pedía el reconocimiento parlamentario de un millón de votos a favor de la abolición de la deuda externa y que fueron recogidos en una consulta popular por la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa.
En estos momentos, ya existe una ley para la gestión de la deuda externa que incluye parte de las demandas de la sociedad civil pero que, según las organizaciones sociales, es insuficiente.
Además, se están gestando dos nuevas leyes para regular dos mecanismos generadores de deuda externa, los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) y la Compañía de Seguros de Crédito para la Exportación (CESCE).
Desde organizaciones como la campaña Quién debe a Quién y el Observatorio de la Deuda en la Globalización explican que los hechos deben poner de manifiesto "la tardanza en el proceso judicial de la denuncia planteada por los manifestantes agredidos", recuerdan que se debe exigir responsabilidad política y judicial, e instan a aprovechar el momento para pedir al Gobierno español la abolición de la deuda externa.
Hasta el 20 de febrero se celebran en Madrid las vistas del juicio a cinco policías que, hace ahora ocho años, reprimieron con el uso de la fuerza a un grupo de manifestantes que, ante el Congreso de los Diputados, pedía la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos. Los policías deberán responder las acusaciones de lesiones y detención ilegales presentadas por 40 personas de todo el Estado.
Los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2000, día en que miles de personas de todo el Estado participaron en una marcha unitaria en Madrid que pedía el reconocimiento parlamentario de un millón de votos a favor de la abolición de la deuda externa y que fueron recogidos en una consulta popular por la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa.
En estos momentos, ya existe una ley para la gestión de la deuda externa que incluye parte de las demandas de la sociedad civil pero que, según las organizaciones sociales, es insuficiente.
Además, se están gestando dos nuevas leyes para regular dos mecanismos generadores de deuda externa, los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) y la Compañía de Seguros de Crédito para la Exportación (CESCE).
Desde organizaciones como la campaña Quién debe a Quién y el Observatorio de la Deuda en la Globalización explican que los hechos deben poner de manifiesto "la tardanza en el proceso judicial de la denuncia planteada por los manifestantes agredidos", recuerdan que se debe exigir responsabilidad política y judicial, e instan a aprovechar el momento para pedir al Gobierno español la abolición de la deuda externa.
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