Una larga historia negra

PATRICIA DáVILA

Por lo menos desde 1985, a raíz del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala, Michoacán comenzó a ser el territorio estratégico de los cárteles de la droga. Los capos supieron aprovechar esta ubicación y no sólo cultivaron enervantes, también tejieron alianzas con funcionarios locales para operar con impunidad. Y hoy, pese a que el presidente Felipe Calderón inició en esa su entidad natal su personal guerra contra el narco, Michoacán sigue en manos de las organizaciones criminales.

Por sus amplias comunicaciones marítimas y terrestres que lo conectan con el Golfo de México y el océano Pacífico, así como por sus tierras fértiles para el cultivo de amapola y mariguana, Michoacán se convirtió en el territorio más codiciado por los cárteles de la droga. Sus capos, además, supieron estrechar lazos con cuerpos policiacos, alcaldes, regidores y síndicos para garantizarse impunidad.A partir del secuestro de Enrique Kiki Camarena Salazar, investigador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y cuyo cadáver fue encontrado al mes siguiente en Michoacán, el estado atrajo la atención internacional. Aquel año, desaparecieron Kiki Camarena y Alfredo Zavala, piloto mexicano adscrito a la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Sus restos fueron localizados el 6 de marzo en las inmediaciones del rancho El Mareño, en Michoacán. La DEA aseguró que los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo fueron los autores de las ejecuciones. Los dos cuerpos estaban enterrados y con huellas visibles de que habían sido torturados.Ese caso evidenció las debilidades del gobierno mexicano y del entonces procurador general de la República, Sergio García Ramírez: John Gavin, embajador de Estados Unidos acreditado en México, no sólo regañó a las autoridades mexicanas encargadas de la lucha contra las drogas por su “ineficacia”, sino que, violando el protocolo diplomático, dio información que se desconocía en nuestro país.“75 jefes importantes controlan el narcotráfico en México, 18 bandas lo manejan; 38% de la heroína que entra en Estados Unidos proviene de este país, operan en México 30 agentes de la DEA que desarrollan la Operación Padrino; la corrupción de funcionarios y policías impide el éxito de las campañas antinarcóticos”, dijo públicamente Gavin.Incluso aseguró que Caro Quintero logró escapar de Guadalajara por la “ineptitud” de los agentes federales y la “connivencia” de agentes de la Dirección Federal de Seguridad (Proceso 436).Esa fue la primera vez que un gobernador, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, protestó por la violación a la soberanía de su estado. Se quejó porque, dijo, el 2 de marzo de ese año 100 agentes del grupo Águila de la Policía Judicial Federal, auxiliados por elementos de la de Jalisco, irrumpieron –sin notificar a las autoridades locales– en el rancho El Mareño en busca de los dos desaparecidos. El enfrentamiento a balazos durante una hora y media con los habitantes dejó cinco muertos.Aquella ocasión, según el comandante Alfonso Velázquez Hernández, fue el capo Miguel Ángel Félix Gallardo quien les dio la pista a los agentes para la localización de los cuerpos de Camarena y Zavala. Según Velázquez Hernández, lo hizo a cambio de protección policiaca; incluso pagó 7 millones de pesos. De ese dinero, el propio Velázquez Hernández entregó 5 millones a Armando Pavón Reyes, comandante encargado del grupo Águila, consignó el reportero Miguel Cabildo en la edición 463 de Proceso.Ramiro Valdés, dirigente del Consejo Nacional Cardenista en Michoacán, aseguró que 60% de las tierras ya se dedicaba al cultivo de mariguana y amapola. De hecho, dijo en aquella ocasión, las cosechas competían ventajosamente con el aguacate, el principal cultivo local. El estado era ya una ruta estratégica en el trasiego de enervantes.
El despliegue militar
Tres años después, en abril de 1988, durante el gobierno de Luis Martínez Villicaña, el municipio de Uruapan era uno de los centros de operación más importantes de la campaña contra el narcotráfico, que supervisaban agentes de la DEA.A su vez, el Ejército puso en marcha la operación Saturno en varios estados de la República, pero con énfasis en Michoacán; desplegó a 20 mil 407 soldados. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Juan Arévalo Gardoqui, admitió que el narcotráfico era un “problema de Estado”.El titular de la Sedena destacó también que a través del plan Canador –que sustituyó al plan Cóndor puesto en práctica durante la década de los setenta y en el que por primera ocasión los militares se involucraron en el combate al narcotráfico–, el Ejército y la Fuerza Aérea desarrollaban acciones permanentes en las 36 zonas militares del país.Así mismo, se comenzaron a realizar acciones sorpresa “de alta movilidad, contundente intensidad y económicas en fuerza” en todo el territorio nacional, a través de 19 operaciones especiales denominadas Puma, Pantera, Águila, Lechuza, Halcón, Dragón, Centauro y Hércules, esta última se centró en Michoacán.En 1988, Uruapan era un ejemplo del “reflejo fiel de la gravedad del problema de las drogas”, según las autoridades federales. En marzo de ese año, fue descubierto un hipódromo clandestino a 12 kilómetros de ese municipio michoacano. El local, propiedad del narcotraficante Armando Valencia, se ubicaba en la huerta La Tregua, donde se cruzaban millonarias apuestas, mientras una banda de música amenizaba las competencias y los asistentes consumían bebidas alcohólicas importadas. Desde la carretera Uruapan-Carapan se podían observar las camionetas pick up, autos lujosos y remolques que transportaban los equipos, así como a patrullas de la Policía Federal de Caminos que los escoltaban.Un mes después, el municipio de Aguililla, también en Michoacán, cobró fama: de sus 20 mil pobladores, 99% sustituyó la agricultura y la producción de tabique por el cultivo de la amapola y mariguana, reconoció don Francisco Valencia Gómez, del Ejido del Pino, el único que el 25 de abril de ese año se atrevió a denunciar la situación:“Soy el malo del pueblo por no sembrar mariguana, hasta los fundadores del pueblo me propusieron el cultivo, estaban arreglados con el general de la zona militar de Apatzingán… Tengo una lista de 20 muertos de quienes ni acta se levantó. Sus viudas tienen que dejarles a los narcotraficantes sus parcelas al precio que ellos quieren, declaró Valencia Gómez (Proceso 599).En ese caso se relacionó por primera vez a una mujer con el narcotráfico: En el cerro El Borrego se encontró el cuerpo de una joven y el síndico del ayuntamiento, Amador Valencia Sandoval, informó que los vecinos de Aguililla reconocieron el cadáver y aseguraban que se trataba de una narcotraficante.En 1989, ya con Genovevo Figueroa Zamudio como gobernador, el 13 y el 15 de noviembre una veintena de agentes antinarcóticos baleó las casas, golpeó, amenazó y robó las pertenencias de varios habitantes de Aguililla; también les quitaron seis vehículos y detuvieron a una docena de campesinos. Días después, el 21 de noviembre, hubo otro incidente similar en la comunidad Los Sabinos, municipio de Nuevo Trecho. Ahí, a “golpe de metralleta” los agentes detuvieron a siete campesinos y lesionaron a varias mujeres; en Cotija sucedió lo mismo.Y el 31 de octubre de 2000, al dar a conocer los resultados de la operación Milenio, desplegada en Colombia, México y Estados Unidos, la DEA informó que el principal contacto de los narcos colombianos era el michoacano Luis Valencia o Armando Valencia. Tras ese anuncio, llevaron 100 agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) y cinco fiscales federales a Michoacán. De inmediato comenzaron a investigar a 300 personas de apellido Valencia en los municipios de Uruapan, Apatzingán, Aguililla y El Aguaje. Al final, requisitaron las propiedades de Armando Valencia (Proceso 1211).Los dos primeros años del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, quien asumió la gubernatura en 2002, quedaron marcados por más de 100 ejecuciones, producto de las disputas por el control territorial entre los cárteles del Milenio, de Juárez, de Tijuana, de Sinaloa y del Golfo.
El reparto
De acuerdo con informes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el cártel del Milenio, comandado por los hermanos Valencia, fue perdiendo dominio en la entidad, mientras otros, como el de Tijuana, comenzaron a controlar el tráfico de cocaína, mariguana y metanfetaminas en los municipios de Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Aguililla, Arteaga y Tumbiscatio.El grupo sinaloense de Los Cawboys cubría las demarcaciones de Tingüindín, Tocumbo, Los Reyes, Azuayo, Jiquilpan, Purépero, Peribán y La Piedad. Otras redes del cártel de Sinaloa tenían su base en Carácuaro, Tacámbaro, Nocupetaro, Villa Madero, Acuitzio y Turicato.A su vez, el de Juárez, tenía a Morelia, Zitácuaro, Huetamo, Jungapeo, Tiquicheo, Tuzantla, Benito Juárez y Susupuato; y los hermanos Amezcua Contreras, llamados Los Reyes de las Metanfetaminas, cuya base estaba en Colima, tenían aliados y operadores en Apatzingán, Tafetán, Tepalcatepec, Ario de Rosales, La Huacana, Buenavista, Tancítaro, Santa Clara del Cobre y Nuevo Trecho.Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo, entró a la zona a través de Carlos Rosales, antiguo socio de los hermanos Valencia. La propia PGR informó por aquellas fechas que el capo le asignó a Rosales tres exmilitares del grupo de Los Zetas. Desde entonces, el Ejército y la PGR empezaron a buscar a este grupo armado en Michoacán. El primer indicio de esta alianza se conoció en enero de 2004, cuando un grupo de 50 hombres armados asaltó el penal de Apatzingán y liberó a cuatro sicarios, entre ellos a Nazario El Chayo Moreno, operador del cártel del Golfo, así como a José El Chango Méndez.En febrero de 2004, Cárdenas Batel intentó defenderse: “Yo recibí el estado con las redes del narcotráfico enquistadas desde hace varios años”, dijo a Proceso en aquella ocasión. Y agregó: Es difícil probarlo, pero resultan preocupantes los escándalos de narcopolítica en el estado, pues existen casos de alcaldes o autoridades municipales menores que están bajo sospecha por haber sido financiados con dinero del narcotráfico.Y es que desde 1998 José Antonio García Torres, entonces senador por Michoacán, era mencionado en informes de inteligencia como presunto contacto de los hermanos Valencia y del cártel de Tijuana, que comenzaron a operar en la entidad durante del gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí (1996-2002). En ese entonces, García Torres era secretario general de Gobierno y fue subprocurador general de la República con Jorge Carpizo (Proceso 1422).Para noviembre de 2005, las ejecuciones se multiplicaron. En sólo 10 meses hubo 75, según la Procuraduría de Justicia del estado; organismos de derechos humanos contabilizaron 86.Y el 13 de julio de 2006 un centenar de agentes federales y elementos del Ejército tomaron las poblaciones de Apatzingán y Buenavista Tomatlán. Más de 200 policías municipales fueron concentrados, desarmados e interrogados por los federales debido a la existencia de evidencias de su cooperación con el cártel del Golfo y sus operadores El Chango Méndez y El Chayo Moreno, a través de Los Zetas (Proceso 1553).Meses después, el 26 de noviembre de ese mismo año, la violencia en Michoacán se recrudeció. Según las estadísticas, se registraron 470 ejecuciones.
La oferta de los capos
En vísperas de la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de la República, el 1 de diciembre de 2006, los cárteles de Sinaloa y del Golfo pretendieron “forzar” con el nuevo gobierno una negociación que les garantizara seis años más de vida impune en el negocio de las drogas, a cambio de “tranquilizarle el país”.Este dato se incluye en un informe del Grupo de Inteligencia de Zona (GIZ), que Proceso consultó. El documento señala que a cambio de “concesiones y libertades” para operar en toda la República el negocio de las drogas, el cártel de Sinaloa –privilegiado en el sexenio foxista– propuso mantener la hegemonía, mientras que el del Golfo buscaba las concesiones que el “gobierno del cambio” le había negado.La oferta del cártel del Golfo cobró fuerza en el último trimestre de 2006, cuando hizo su aparición pública La Familia Michoacana, la cual propuso “limpiar” toda la entidad de grupos de narcotraficantes.De esta manera, el cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas empezaron a enfrentarse con La Federación de Narcotraficantes, integrada por Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Ismael El Mayo Zambada; Ignacio Nacho Coronel; Joaquín El Chapo Guzmán, y los hermanos Beltrán Leyva, quienes se escindieron en abril de 2008 de la organización de El Chapo. Su propósito, según dijeron, era demostrar quién podía poner fin a la guerra entre los cárteles (Proceso 1569).Pese a ello, una de las primeras medidas del gobierno de Calderón fue el anuncio del 11 de diciembre de 2006 de la Operación Conjunta Michoacán para combatir el narco en su entidad natal. Y, en efecto, envió 5 mil elementos, 4 mil 260 eran integrantes del Ejército, así como 131 bases de operación con 30 elementos cada una para erradicar plantíos de enervantes; también se establecieron 24 puntos de control para acotar el tráfico de drogas en territorio michoacano. El equipo contaba con 17 aeronaves de ala fija, 29 helicópteros, 19 binomios calófilos y 246 vehículos terrestres.Pero los resultados fueron magros. En mayo de 2007, el Ejército había acumulado decenas de quejas en la Comisión de Derechos Humanos local. A las tropas se les acusaba de abusos contra la población civil: cateos indiscriminados, torturas, levantones y robos (Proceso 1593).En vísperas de las elecciones del 11 de noviembre de 2007, cuando se renovaron la gubernatura y 113 presidencias municipales, los cárteles del Golfo y de Sinaloa desarrollaron una estrategia para lograr “aceptación social” y ser vistos como grupos benefactores. La medida iba desde la persuasión, hasta el soborno y las amenazas de muerte para quien se negara a colaborar.Un informe de inteligencia elaborado por la PGR, la Sedena y la SSP federal establece que los dos cárteles incorporaron a sus redes criminales a presidentes municipales, síndicos, regidores y tesoreros en por lo menos una veintena de municipios michoacanos, la mayoría colindantes con Guerrero, Colima y Jalisco. Por si fuera poco, ambos grupos financiaron las campañas políticas de al menos 10 candidatos a presidentes municipales, tanto del PRI, como del PAN y del PRD.Debido a sus alianzas, el cártel del Golfo es visto por autoridades civiles y militares como la organización más poderosa en Michoacán. Tiene varias ramificaciones. La Familia, también conocida como La Empresa, controla, entre otros, los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Buena Vista Tomatlán, vía de entrada a Jalisco y Colima. Justamente en Buenavista Tomatlán llevó al poder al alcalde Fernando Chávez y terminó por ejecutarlo cuando se negó a obedecer las órdenes de la organización.El cártel de Sinaloa, relacionado con el del Milenio, tiene su red de operadores en Turicato, Aguililla y Tepalcatepec. En este último se identifica como cabecilla a Juan Farías, El Abuelo, jefe del grupo conocido como Los Antizetas. El Abuelo, según el informe citado, era el principal enlace del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon en la distribución de seudoefedrina y drogas en Michoacán.Esta célula también evidenció aspiraciones políticas: Uriel, hermano de Juan, fue precandidato del PRI a la presidencia municipal de Tepalcatepec, uno de los feudos del grupo. Además, en vísperas de los comicios de 2007, varios candidatos y precandidatos a alcaldes y diputados de todos los partidos eran investigados por la SIEDO por sus presuntas ligas con el narcotráfico y por disponer de dinero sucio, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEDIC/2006-04. La lista incluía a Antonio Cruz Lucatero, alcalde de Apatzingán y aspirante a la diputación local, por sus presuntos vínculos con el cártel del Golfo (Proceso 1608).