Marchan activistas sociales contra la construcción de la presa La Parota

Protestan por desalojo de familias precaristas en mayo

SERGIO OCAMPO Y EMIR OLIVARES (CORRESPONSAL Y REPORTERO)

Chilpancingo, Gro., 25 de agosto. Decenas de militantes de organizaciones sociales reunidas en la Asamblea Popular del Pueblo de Guerrero (APPG), marcharon de la avenida Escénica hasta el poblado de Puerto Marqués, en Acapulco, para rechazar la construcción de la presa La Parota y protestar por el desalojo de familias precaristas.

En entrevista telefónica, Pedro Nava Rodríguez, uno de los dirigentes de la APPG, señaló que demandaron castigo a los policías que hace tres meses desalojaron a los colonos de Granjas de Marqués, a pesar de que éstos habían presentado documentos oficiales que avalan su derecho de posesión de estos predios.

La marcha también fue en apoyo al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), donde su dirigente, Marco Antonio Suástegui, afirmó que el gobierno de Zeferino Torreblanca “que se dice de izquierda, es más de lo mismo, pues en nada se diferencia a los gobiernos priístas; es un gobierno represor y saqueador de los recursos públicos”.

El dirigente del Cecop recordó que una juez federal resolvió la suspensión provisional de las obras de la presa, pero que el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría, y el gobernador, siguen apoyando el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad. “Ya hubo una asamblea en la que todos los campesinos rechazamos la obra y no entendemos esa necedad del gobernador de querer imponer este proyecto”, dijeron.

Finalmente en Puerto Marqués, los militantes de la APPEG realizaron su asamblea estatal, y resolvieron efectuar protestas contra el gobierno de Torreblanca, durante el aniversario del primer Congreso de Anáhuac, que se realizará en Chilpancingo, el 13 de septiembre.

Organizaciones de derechos humanos aseguraron que el gobierno de Guerrero, la CFE, y el comisariado de bienes comunales de Cacahuatepec han generado “un clima de intolerancia y criminalización” contra los opositores a la construcción de la hidroeléctrica, y por lo mismo, integrantes del Cecop han sido acusados “sin bases” de agresiones y otros delitos.

Las ONG emitieron una acción urgente contra la criminalización de ese movimiento opositor y de miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, en Centro de Derechos Humanos y Asesoría de Pueblos Indígenas, entre otros recordaron que el pasado 12 de agosto se realizó una asamblea regida por usos y costumbres en la que participaron más de 3 mil habitantes de Cacahuatepec, y se acordó rechazar la construcción de la presa.

Las ONG denunciaron que el día de la asamblea, el secretario general de la Confederación Nacional Campesina en la región, Evencio Romero Sotelo, quien apoya el proyecto, intentó ingresar a la asamblea. Dos días después, éste convocó a una conferencia y acusó a los abogados del Centro Tlachinollan y al asesor del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo, de agredirlo. Dijo que había interpuesto una demanda en su contra por esos hechos.

“Romero Sotelo fomenta un clima de confusión y tensión buscando criminalizar la protesta social contra el proyecto hidroeléctrico, con lo que fomenta el descontento y la división entre las comunidades. Las graves acusaciones contra los abogados de Tlachinollan es un ataque grave al oficio de los defensores de derechos humanos”, subrayan los grupos civiles.

Por ello, solicitaron a los gobiernos federal y estatal, a representantes del Congreso de la Unión, a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, atender dicha situación.