Rechazará el PRD cualquier intento de imponer impuestos a clases pobres

Proponen que el gravamen contra informalidad se aplique en depósitos desde $30 mil
Destinar más recursos a municipios de alta marginación, otro de los acuerdos
Buscarán que se transparenten ingresos y gastos de la administración federal

ROBERTO GARDUñO Y ERNESTO MARTINEZ E. (ENVIADO Y CORRESPONSAL)

Morelia, Mich., 25 de agosto. Los diputados del PRD acordaron impulsar cambios fiscales para rechazar el impuesto contra la informalidad (ICI), reducir el gasto público en 5 por ciento del monto general del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), atender con una bolsa de 3 mil 500 millones de pesos a 500 municipios con alta marginación, abatir el centralismo para lograr cambios sustanciales en materia educativa y desarrollar procesos para transparentar el gasto de la administración federal.

Al concluir la reunión plenaria de legisladores del partido del sol azteca, éstos asumieron que la contribución empresarial de tasa única (CETU) no será aprobada en lo general, y en el caso del régimen de exenciones, el PRD sólo procedería a respaldar los siguientes casos: “que no sean instituciones de lucro; que en sus estados financieros (de las empresas o instituciones sociales) no se incluyan regalías y ganancias; y que se cumpla con el registro de calidad.

“Encontramos receptividad con el PRI, y los estamos amarrando en una redacción, para que no sólo las ventas totales de una empresa, sino también las parciales, las cuales se hacen de una manera protegida, sean gravadas, de modo que la enajenación de acciones que impliquen un cambio o transferencia del control de las empresas no goce de la exención prevista en la ley del impuesto sobre la renta”, argumentó Juan Guerra Ochoa, encargado de la negociación hacendaria y fiscal.

Sobre el gravamen contra la informalidad, los perredistas pretenden lograr que la base de los depósitos en efectivo y acumulables se eleve de 25 mil a 30 mil pesos para no afectar a las clases más desprotegidas. Tal límite mínimo se analizará aún en los próximos días para hacer compatible su monto con la resolución del décimo Congreso Nacional Extraordinario del PRD, cuya finalidad es no afectar con impuestos a las clases más desprotegidas y al sector medio de la sociedad.

La fracción perredista manifestó en su resolutivo la urgencia de cambiar la redacción del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de atender la inseguridad jurídica.

En este caso propone la suspensión de los plazos y generación de intereses para que cuando ocurra una solicitud de devolución de impuestos, la autoridad fiscal tenga facultades para iniciar un proceso de revisión de dicha solicitud; establecer la responsabilidad solidaria a los prestadores de servicios y profesionales independientes con las multas aplicables al contribuyente, derivadas de asesorías en materia fiscal y contable, y que se rechace la intención de conceder a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público facultades en procesos penales, ya que el acusado tendría que enfrentar al Ministerio Público y a la misma dependencia, otorgando con esto poderes discrecionales a la citada dependencia.

Ante la opacidad del manejo de los recursos públicos por parte del gobierno federal, los perredistas pretenden que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, a debatirse durante el próximo periodo ordinario de sesiones, se recorte el 5 por ciento de los gastos de administración y operación de la gestión federal. Proponen disminuir el número de delegaciones federales en los estados para evitar duplicación de funciones y reducir el número de plazas laborales.

A la fecha, los diputados de ese partido también consideran que resultará casi imposible aprobar la propuesta de Hacienda, la cual pretende integrar un órgano autoevaluatorio de las operaciones de la propia administración federal. “La Auditoría Superior de la Federación podría asumir dichas facultades bajo los siguientes argumentos”, advierte el perredismo:

Como función del Estado, la idea es avanzar para que el Legislativo realice una evaluación previa a destinar los recursos al gasto, con el propósito de revisar los objetivos, impactos y la correcta aplicación de la calendarización de las erogaciones, así como la valoración de los subejercicios para determinar su reorientación, todo ello con la aprobación explícita de la Cámara de Diputados.

Más recursos a educación

En el tema del federalismo, los legisladores perredistas consideran urgente destinar mayores recursos al desarrollo de la educación básica y respecto al impuesto promovido por el gobierno de Felipe Calderón, a la gasolina, el sol azteca declaró su tajante rechazo:

“En materia de contribuciones, nuestros gobernadores no están de acuerdo con un impuesto especial a la producción y servicios (IEPS) estatal a las gasolinas. Y es mandato del congreso nacional declarar muerto cualquier intento por gravar a las clases más pobres del país”.