El Justo Reclamo

El plan de ampliación del puerto de Manzanillo viola los derechos humanos: ONG`S

Obras en la Laguna de San Pedrito

Foto: archivo

pedro zamora

Manzanillo, Col., 10 de diciembre (apro).- A casi cuatro años del inicio de los trámites formales para la ampliación de este puerto –considerado en el Programa Maestro de Desarrollo 2000-2010--, el proyecto ha sido impugnado por habitantes de las zonas aledañas y ambientalistas, quienes afirmaron que, durante el procedimiento, se han violado las leyes de la materia, en perjuicio de los ecosistemas de manglar y de los asentamientos humanos de la región. Luego de que hace semanas la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (Apiman) inició trabajos de desmonte y tala de manglares en los alrededores de la Laguna de San Pedrito, integrantes de las organizaciones Bios Iguana y Pro Manzanillo interpusieron más de 300 denuncias ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa). José Antonio Torre Sánchez, presidente de Pro Manzanillo, dijo que los inconformes son vecinos de las colonias Las Brisas, Morelos, Playa Azul, Pacífico y Esperanza Pacífico, quienes preparan también un juicio de amparo para tratar de detener la ampliación portuaria en esa zona. De acuerdo con las denuncias presentadas, el proyecto --que se realizaría sobre una superficie de 406 hectáreas en la zona norte de la actual ubicación del puerto, y que implicaría la destrucción de 30 hectáreas de manglares--, "atenta de manera flagrante contra los derechos humanos", además de que viola la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y vulnera el estado de derecho ambiental y la Ley General de Vida Silvestre.Torre Sánchez señaló que los vecinos no conocían la magnitud del proyecto hasta que se inició la tala de manglares. "Estamos en contra de la barbarie que pretenden hacer. Fue por eso que decidimos unirnos para defendernos del daño que nos están haciendo, porque si se realizan esas obras será un cambio radical para nosotros: en lugar del verde de los manglares, vamos a tener frente a nuestras colonias concreto y contenedores, así como la contaminación por ruido". Añadió: "Nos alarmamos de que en una zona habitacional urbana quieran meter un puerto con calzador. Ya arrasaron con 14 hectáreas de manglar y, si continúan con el proyecto, toda nuestra calidad de vida y patrimonio se vendrán por los suelos, porque quién querrá vivir ahí". De acuerdo con un documento reciente de la API, 2006 ha sido el mejor año para el puerto de Manzanillo, pues fue entonces cuando se convirtió en el primer puerto mexicano en manejar más de un millón de contenedores, consolidándose como puerto líder en el país en el manejo de carga contenerizada por quinto año consecutivo, además de que, por primera vez en su historia, sobrepasó la marca de 20 millones de toneladas de carga movilizadas, situación que lo colocó en el segundo lugar nacional. Ante este panorama, entre los principales retos del puerto figura "el incremento sostenido de la carga; la generación constante de empleos; la búsqueda de nuevos espacios para almacenar los miles y miles de contenedores que diariamente llegan al puerto, y lograr niveles de eficiencia que estén por encima de los estándares internacionales". Según el documento de la API, para cumplir los objetivos "es necesario contar con la infraestructura portuaria básica que logre dar respuesta a un mercado dinámico y en constante crecimiento", por lo que, dentro de los planes de construcción planteados para los próximos años, existen dos proyectos de gran visión: Zona norte y Laguna de Cuyutlán. "Dichos proyectos son mutuamente incluyentes, uno depende del otro. El primero dará solución a las demandas del mercado en el corto y mediano plazo, y el segundo logrará consolidar al puerto de Manzanillo como uno de los más importantes del continente en el largo plazo". La ampliación del puerto hacia la zona norte, para la que se prevé una inversión de alrededor de 7 mil millones de pesos, contempla la creación de cinco nuevas posiciones de atraque para buques de hasta 360 metros; la construcción de una nueva terminal especializada de contenedores para el manejo de dos millones anuales de unidades, y una instalación de usos múltiples para otros tipos de cargas. No obstante, a juicio de Gabriel Martínez Campos, presidente de Bios Iguana, "todo el procedimiento de autorización de las obras es irregular de origen, pues se han cometido muchas faltas administrativas y se ha omitido el cumplimiento de la ley ambiental en todas sus fases. Nos encontramos ante una pérdida de legalidad y de fuerza de las instituciones dentro del estado de derecho. Es un proceso perverso por parte de las instituciones de gobierno en contra del interés público".
Demandan detener los trabajos
A pesar de que el 8 de septiembre de 2004, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el cambio de uso de suelo y el 22 de noviembre de 2005 dio luz verde a la manifestación de impacto ambiental del proyecto, al mismo tiempo impuso una serie de condicionantes que la API debió cumplir antes de iniciar los trabajos. A través de un oficio enviado la semana pasada a la Profepa, Bios Iguana solicitó a esa dependencia federal detener los trabajos y verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes incluidos en el resolutivo de la Semarnat. La historia se inició el 8 de diciembre de 2003, cuando la Administración Portuaria Integral de Manzanillo presentó ante la delegación de la Semarnat la solicitud de cambio de uso de suelo forestal del manglar ubicado en la Laguna de San Pedrito. El 2 de abril de 2004, el Comité Técnico del Consejo Estatal Forestal acordó recomendar a ese consejo emitir una opinión favorable al cambio de uso de suelo solicitado por la API, lo que fue realizado el 19 de abril siguiente, pese a que en ese momento se encontraba vigente en la Norma Oficial Mexicana 022-Semarnat-2003 la prohibición de destruir manglares, situación que fue permitida hasta el 7 de mayo de 2004, con la condicionante de realizar labores compensatorias. Posteriormente, el 15 de julio de ese mismo año, la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió una opinión de factibilidad de uso de suelo que, según Bios Iguana, "fomenta e incita la destrucción del mangle y violenta lo establecido por el ordenamiento ecológico territorial". Casi dos meses después, la Semarnat emitió la autorización de cambio de uso de suelo forestal de una superficie de 98 hectáreas de San Pedrito a favor de la API, mediante el oficio SGPARN-1914/2004. Esto motivó que, en febrero de 2006, la coordinadora de Bios Iguana, Esperanza Salazar Zenil, presentara una denuncia penal contra los servidores públicos implicados en las autorizaciones de ese proyecto, pues, de acuerdo con el texto de la querella, tanto el acuerdo de la Comisión Estatal Forestal como la autorización de la Semarnat, son ilegales, pues "violan de manera clara" el artículo 1 de la Ley General de Vida Silvestre. En entrevista, Salazar Zenil dijo que, entre las irregularidades cometidas, "la opinión del Consejo Estatal Forestal se dio cuando la prohibición de la norma 022 estaba vigente, y porque se aprobó el cambio de uso de suelo con base en la Ley Forestal y no la Ley General de Vida Silvestre, que debe aplicarse a poblaciones en riesgo, como el caso de los manglares". Además, señaló, "el artículo 88 de la Ley de Vida Silvestre dice que no se otorgarán autorizaciones si el aprovechamiento extractivo pudiera tener consecuencias negativas sobre las respectivas poblaciones, las especies y el hábitat, y el hecho de que se destruya el manglar incluye todo eso". Indicó que, a pesar de ya pasó más de un año y medio de la presentación de la denuncia penal contra los funcionarios involucrados, hasta ahora no hay respuesta. Además, recordó la dirigente ambientalista, el 14 de septiembre de 2004 la API de Manzanillo ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto ante la Semarnat y, a solicitud de Bios Iguana, en noviembre de ese año se realizó una consulta pública al respecto, donde hubo denuncias de ciudadanos inconformes con el proyecto. Mientras la API argumentó que la tala de manglar no iba a causar ningún problema, además de que iban a compensar los daños con replantaciones y bombearían agua salina a la Laguna de Las Garzas, investigadores de la Universidad de Colima presentaron ponencias en las que aseveraron que no era posible, pues se generaría un daño grave. El 17 de noviembre de 2004, después de la consulta pública, la Semarnat pidió información adicional a la API, y le dijo que tenía 60 días hábiles para entregarla, y si no lo hacía se cancelaría y quedaría caduco el procedimiento. Sin embargo, narró Esperanza Salazar, el 9 de febrero de 2005, la API pidió a la Semarnat una ampliación del plazo, que ya no se podía dar. "La Semarnat le dice que no es posible dárselo, pero que tenía 60 días a partir del 23 de febrero y de manera ilegal le abrió otra puerta más". Ante esto, agregó, "interpusimos un recurso de nulidad donde pedíamos a la Semarnat que cancelara el procedimiento porque no se cumplieron los plazos, pero contestó el director de Impacto y Riesgo Ambiental que estaban dentro de la ley". El 22 de noviembre siguiente fue autorizada la ampliación del puerto, pero con una gran cantidad de condicionantes, pues "se pidió a la API que hiciera un plan de manejo de la Laguna de Las Garzas, un programa de cómo se va a tratar a la fauna silvestre para llevar a su nuevo hábitat, previo al corte del manglar hacer un estudio del lugar donde van a ir a dar esos animales para saber si el lugar tiene la capacidad de carga para recibir esa cantidad de especies, y muchas cosas más".. Esperanza Salazar está convencida de que no se cumplieron las condicionantes y, a pesar de eso, la API inició la destrucción de los manglares. "La Profepa no ha querido hacer su trabajo. El documento donde le dan la autorización a la API para hacer el proyecto, incluye al delegado de la Profepa. ¿Qué pasa con él, por qué no actúa? No sabemos. Por eso metimos un documento pidiéndole que informe qué pasó con cada uno de los condicionantes. Vamos a esperar diez días hábiles a ver si contesta, y si no lo hace, vamos a interponer una denuncia penal en su contra por no cumplir con su trabajo", concluyó.