La Corte

Bernardo Bátiz V.

Nuevamente se hace patente la necesidad de tener en México una Suprema Corte de Justicia que responda a las expectativas de competencia, independencia de los otros poderes y principalmente apego a la virtud de la justicia, y por tanto, una Corte menos formalista, menos kelseniana, menos timorata y más comprometida con la sociedad en general y con la exigencia popular de unos tribunales confiables.

Lo que vimos en el debate y en la resolución tomada por el pleno, respecto de la investigación sobre violaciones a garantías individuales cometidas por el gobernador Mario Marín y otros servidores públicos, si bien no era algo inesperado, sí fue en esta ocasión más indignante, principalmente porque la prueba fundamental de la investigación, desdeñada con formalismos inaceptables, había sido escuchada por todo México; la grabación corrió como reguero de pólvora y se recuerda aún, a pesar de los dos largos años transcurridos; fue aceptada públicamente, entre titubeos y contradicciones, por el mismo gobernador, y no quedó, como en otros casos, como una pieza más de unos autos escritos, oculta a la vista y a la opinión del público.

Se hace patente la necesidad de renovar, de orear, de ventilar ese oscuro recinto de la Corte, respecto del que todo mundo sabe o sospecha que es lugar de consignas, de presiones y hasta de componendas entre litigantes influyentes y poderosos y magistrados obsecuentes o asustadizos. La resolución contraria a la propuesta del ministro Juan Silva Meza, que concluyó la investigación dando por acreditada la violación grave a derechos humanos, se puede explicar porque los seis ministros que votaron en contra no quisieron desamparar a alguien de su mismo estrato social, de su amistad quizá, contertulio de algunos de ellos muy probablemente o bien, otra hipótesis, no quisieron descontentar al presidente que asumió el poder a partir de un fraude electoral, porque el investigado sirvió y apoyó a éste en su llegada irregular al poder y por tanto se le debía ese favor y se le pagó con el perdón de ministros dispuestos y obsequiosos.

No se puede pensar otra cosa; esos ministros han participado ya en diversas resoluciones de casos en total contradicción con la justicia y en choque frontal con el interés de la colectividad; recuerdo algunos: el de anatocismo, donde permitieron a los bancos el cobro de intereses sobre intereses; el de la Cooperativa Pascual, en que pusieron el derecho privado por encima del derecho social reconocido por la Constitución; el de Óscar Espinosa Villarreal, en el que aceptaron que había un delito, pero contradiciendo al sentido común y a jueces que habían ya resuelto sentenciando al acusado, consideraron que se trataba de un funcionario federal y no local, argucia con la que lo dejaron en libertad.

El caso del gobernador Marín, por lo tanto, podía haber sido esperado en el sentido del desenlace que conocemos, a favor de la impunidad y en contra de razones jurídicas, de pruebas irrefutables y de un claro interés social de sancionar a quien se lo merecía. Eso y no otra cosa es la justicia, que es dar a cada quien lo suyo, al que merece una pena sancionarlo, no absolverlo.

Sin embargo, entre todo esto tan lamentable y penoso, destaca la solidez de la argumentación el ministro Juan Silva Meza, así como los argumentos expresados durante el debate, por los otros magistrados que votaron a favor de la propuesta, y que es necesario recordar: Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío y José de Jesús Gudiño Pelayo.

La posición de estos juristas fue muy clara; consideraron primero que es importante la facultad investigadora que les otorga el artículo 97 constitucional, que no es ni un cuerpo extraño entre las facultades del Poder Judicial federal ni un parche mal pegado: es un recurso extremo que debe estar al alcance de los poderes de la Unión para responder a exigencia ciudadanas de investigación, precisamente en aquellos casos en los que el investigado, por el poder que ostenta, no puede ser alcanzado por los órganos o por los mecanismos comunes, como es el caso. En efecto, no es cierto, como se dijo, que Marín podía haber sido sancionado por la procuraduría bajo su mando o puesto en orden por una Comisión de Derechos Humanos, sin fuerza política para enfrentársele; para estos casos extremos es que la Corte tiene y debe usar su facultad investigadora.

Consideraron también que la gravedad del asunto radica en que se trata de una violación de derechos humanos, que, será un lugar común decirlo, en sí misma encierra gravedad, pero que se hace más grave si se trata de una violación a la libertad de expresión de las ideas y más aun, tratándose de una periodista y todavía más, por el fondo del asunto investigado, abusos sexuales a menores, cometidos por pervertidos millonarios y políticos que creen que los seres humanos son juguetes a su disposición. Es también grave el asunto por la esperanza que despertó de que se podría terminar con la impunidad. Nadie, salvo los ministros del contra y algunos defensores a ultranza del status quo, pueden considerar un caso así como no grave.

OTRO SÍ DIGO: No es la actual “gran” reforma electoral la única que hemos tenido en México; me tocó en suerte vivir como diputado de oposición aquella otra con algunos de los mismos actores de la actual, que no sirvió sino para darle seis años más de aire al PRI y para aparentar, hacia los medios y hacia la opinión pública, un cambio importante, que no lo fue, pero que ayudó a los entonces opositores negociantes para apaciguar sus conciencias y sentir que, como la mosca de la fábula, estaban arando. Lamentablemente, sólo estaban convalidando lo que otros pretendían; así aprobaron, entre otras barbaridades, la cláusula de gobernabilidad.