León Bendesky
A partir de 2005 los ingresos por exportación de petróleo han significado una entrada extraordinaria de divisas a la economía nexicana. En enero pasado el precio promedio del barril de petróleo exportado por México era del orden de 31.7 dólares, en noviembre de 2007 fue de 71.8 dólares. El valor mensual de la exportación fue entonces de 1.8 mil millones de dólares contra los 3.3 mil millones de hoy, esto quiere decir que hasta noviembre se obtuvieron ingresos por la exportación de crudo de 33.5 mil millones de dólares, contra 25.5 mil millones de dos años atrás. Mientras tanto, el volumen exportado pasó de 1.8 millones de barriles diarios a 1.6 millones, lo que indica la gran ventaja que se deriva sólo del alza de los precios en los mercados mundiales.
Estos ingresos constituyen una renta, puesto que derivan de la posibilidad de recibir un ingreso, que ahora es creciente, de la explotación de un derecho de propiedad que, en este caso, corresponde al Estado mexicano. Así está definido en las leyes y la obligación del Estado es utilizar esas rentas en beneficio público. Es elemental decir que dicha obligación pasa ineludiblemente por la responsabilidad de proteger la fuente de la renta, o sea, en primer lugar los recursos naturales que la generan: los hidrocarburos y, al mismo tiempo, a la empresa paraestatal que se encarga de administrarlos.
En ambos terrenos la política petrolera del país es un caos. Los yacimientos actuales de petróleo muestran ya su agotamiento, la exploración que realiza Pemex para sustituirlos es precaria y no se cubren los requerimientos de sustitución de las reservas de crudo para mantener los niveles técnicos requeridos. Esa empresa está a la zaga de los estándares mundiales de explotación de petróleo, cada vez está más expuesta a accidentes, y su administración, así como el sindicato de trabajadores, no son un elemento capaz de imponer criterios de rentabilidad económica y social como los que se esperan de una empresa pública de esa relevancia. Al contrario, son un lastre.
Pemex debe ser la única empresa petrolera del orbe que pierde dinero. Eso se debe tanto a la sangría fiscal a la que la someten los gobiernos en turno, como a sus deficiencias internas. Las transferencias que hace al fisco contribuyen decisivamente a la estabilidad financiera y le da margen al gobierno para movilizar el gasto. La economía se despetrolizó hace ya muchos años en términos de la participación del crudo en el producto total y en cuanto a la proporción que representa de las exportaciones. Pero se ha mantenido altamente petrolizada en cuanto a la dependencia que mantienen las finanzas públicas de esos recursos.
La renta petrolera es hoy un factor clave de la estabilidad financiera, en esto no hay ningún cambio con respecto a la forma en que se ha manejado la economía durante mucho tiempo. Esta manera de gestión se hace más notoria en periodos de altos precios como el actual. La entrada de divisas, a la que debe sumarse el envío de las remesas, apuntala al mercado cambiario y mantiene relativamente el valor del peso frente al dólar. La estabilidad cambiaria, a su vez, es un elemento crucial para reprimir la inflación puesto que abarata las importaciones.
El carácter de la estabilidad que prevalece en la economía sólo se puede asociar con un magro crecimiento de la actividad productiva y de la generación de empleos formales y permanentes. No da para más, pues no tiene un sustento en el incremento de la productividad y está abrumada por la enorme desigualdad de la distribución del ingreso.
La falta de productividad no es ajena a la estructura del sector energético, tanto en sus propias restricciones como, otra vez, en las exigencias fiscales que se le imponen. Ahora el gobierno intenta alentar en algo la productividad de las empresas ofreciendo un subsidio al consumo de energía eléctrica. Así se sustituye una distorsión por otra, de una manera que no puede mejorar la competitividad a largo plazo y de modo sostenido, vaya, no se atiende al problema de fondo, y eso puede hacerse porque se cuenta con la renta petrolera.
¿Qué tanto más puede el tipo de cambio seguir siendo el ancla para controlar la inflación? A noviembre, el incremento anualizado del índice de los precios (medido respecto del mismo mes del año pasado) fue 3.93 por ciento, siendo la meta de inflación anual 3 por ciento. Puede pensarse que es una desviación menor, pero no debe olvidarse que en promedio el ingreso de las familias se redujo en esa proporción en lo que va del año. Y, para algunas familias la pérdida es mayor, pues ésa se mide en términos de su canasta de consumo y no en los promedios. Luego habrá que subsidiar el precio del jitomate y la cebolla.
Tras un año de gobierno, las restricciones al crecimiento siguen siendo las mismas, la estabilidad es el objetivo principal de la política económica, las condiciones para mantenerla son cada vez más difíciles, su rendimiento financiero es decreciente y sus beneficios sociales son cada vez menores.
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