Activar la conciencia nacional

Francisco Luna Kan

Es necesario reconocer aciertos donde ocurran. Con mayor razón, en el caso de los legisladores a quienes, superficialmente, se les identifica con bajos rendimientos en sus funciones. Es de gran significación que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se hubiera aceptado que en la primera se prolongara el lapso para debatir las iniciativas, sobre energéticos, enviadas por el presidente Calderón. Aunque hubo presión por la toma de la Mesa y la Tribuna por parte de Senadores del Frente Amplio Popular (FAP) integrado por miembros del PRD, Convergencia y Partido del Trabajo, es saludable para el ambiente político y para la sociedad nacional, el que hubiera prevalecido la reflexión sobre la aplicación de la mayoría senatorial pretendiendo justificarla con la decisión mayoritaria del pleno. Cámara donde se realizarán una serie de conferencias por parte de la sociedad civil al través de ciudadanos connotados, de diversas tendencias políticas, pero con posición definida con relación al petróleo mexicano.

Después de cumplido este ciclo de comparecencias, se habrá generalizado la conveniencia de pronunciarse por una u otra de las opciones en juego: privatización o continuidad de la industria en manos del Estado, órgano que constituimos todos los mexicanos.

Parece oportuno dejar esclarecido el concepto de nacionalización. La efectuada el 18 de marzo de 1938 no constituyó una expropiación, sino el retorno de la propiedad del subsuelo a la Nación. Se determinó que las compañías extranjeras no podían vulnerar la soberanía del país en el conflicto obrero patronal en que se negaban a cumplir la determinación de la Suprema Corte de Justicia que les obligaba a reconocer el derecho de huelga de los trabajadores mexicanos. Ante esta negativa el Estado hizo uso de sus facultades legales y con el apoyo del pueblo, que contribuyó económicamente, se estableció un calendario de pagos que fue cumplido en término puntual por el gobierno nacional.

La ingeniería mexicana respondió exitosamente a la responsabilidad asignada. Nada se detuvo: la explotación, perforación, refinación y distribución de los derivados del petróleo cubrieron las necesidades del país. De esta manera se aceleró el proceso de industrialización.

En tanto PEMEX continúe funcionando como una empresa abierta al gobierno que echa mano de sus ganancias casi en forma indiscriminada, se seguirá pensando que opera sin utilidades. Lo que ocurre es que cuando no alcanza el dinero recaudado vía impuestos, para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación sin mayor trámite se transfieren de las ganancias del petróleo para satisfacer las necesidades momentáneas.

Por tal motivo es necesario una verdadera reestructuración del funcionamiento de Pemex, a fin de que no sea la "caja grande" del gobierno.

Que éste le cobre lo que legalmente le corresponde contribuir; pero nada más. Ni siquiera un sistema de excepción como el que disfrutan varias de las empresas de los dueños del capital mexicanos, sujetas a tasas de excepción en el monto de sus ganancias. Que no son pocas, ciertamente.

Según las propuestas de iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal, se busca con ellas un mejor funcionamiento de Pemex con una reorganización (a la que nadie se opone), de la misma. Mediante la posibilidad de controlar diversas actividades para tener "mayor eficacia, eficiencia y productividad". Aquí se abriría la interrogante ¿con empresas transnacionales? ¿Con inversión extranjera?

A estas alturas no puede olvidarse el contenido del Artículo 27 Constitucional que claramente señala: "Tratándose de los hidrocarburos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado y la nación llevará al cabo la explotación de esos productos".

Del paquete enviado al Senado por el presidente Calderón, la iniciativa 4 alude a la contratación de servicios de refinación del petróleo; que los contratistas puedan operar; ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos así como dar cumplimiento a los tratados internacionales en lo relativo a yacimientos de hidrocarburos transfronterizos.

Cualquier persona con sentido común podría entender que el propósito perseguido es contrario a lo prescrito en el citado artículo 27 de la Constitución. Si no existieran otras causas en el paquete de iniciativas referido, bastaría conocer las líneas anteriores para saber que lo que se busca es la entrega progresiva de la explotación de los hidrocarburos del subsuelo y la plataforma marítima que le corresponde al país.

Desde mi limitada perspectiva no creo que tales propuestas progresen en las Cámaras Legislativas Federales. Por el cabal cumplimiento de los estatutos del PRI, sus diputados y senadores no podrán aprobar semejante retroceso en la economía nacional. Con el rechazo de tal fracción parlamentaria no habría suficientes votos para su aprobación, en vista de que los congresistas del FAP han externado públicamente su negativa al proyecto de reformas.

Por otra parte, es estimulante saber que además de los debates convocados en el Senado, se llevarán al cabo otros Foros como el que se efectuó el martes 6, en la antigua Escuela de Medicina de la UNAM, en la Plaza de Santo Domingo, en el viejo barrio universitario, del Centro Histórico de la Ciudad de México. En él participaron distinguidos profesionales como David Ibarra, ex secretario de Hacienda que señaló la existencia de márgenes financieros para apoyar a PEMEX. El embajador Jorge Eduardo Navarrete, hizo énfasis para rechazar enmiendas a los artículos segundo y cuarto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. El economista y politólogo Arnaldo Córdova, que alertó sobre las propuestas presidenciales que son "campo minado". El ex senador Jesús González Schmal, que criticó los contratos de riesgo que son "nulos de pleno derecho". Eventos todos que contribuyen a despertar la conciencia nacional.

Habrá que estar pendientes del curso que sigan las comparecencias próximas a iniciarse en la Ciudad de México y otras más que pudieran efectuarse en varias entidades federativas para dar una cobertura amplia, de tipo nacional.