Bolivia: futuro en juego

Editorial

Más de 4 millones de bolivianos han sido convocados hoy a las urnas para pronunciarse en torno a la continuidad en sus cargos del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de los nueve prefectos departamentales. El proceso de auscultación popular se desarrolla en un clima que, en los días y semanas recientes, ha estado marcado por una creciente polarización entre las elites políticas y empresariales de Bolivia y los sectores afines al gobierno, hechos violentos y una sostenida confrontación entre el gobierno central y la oposición legislativa y regional que merma las perspectivas de normalidad de la vida política e institucional que ese país requiere.

El referéndum mismo no ha escapado, por cierto, a este clima de discordia. Las controversias se han suscitado en torno a su carácter legal –el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de su realización, en tanto que la Corte Nacional Electoral se mantiene a favor–, como por las reglas del ejercicio –Evo Morales necesita poco más de 45 por ciento de los votos para permanecer en el cargo, mientras que los prefectos necesitan 50 por ciento más uno, lo que ha generado controversia–. Algunos sectores de la oposición, desde donde se promovió el revocatorio como un instrumento más para golpear al gobierno del mandatario indígena, posteriormente intentaron paralizar el proceso, e incluso han asumido posturas insensatas en torno a los posibles resultados: Rubén Costas, dirigente agroempresarial y prefecto de Santa Cruz, dijo que si Evo Morales no obtiene una votación mayoritaria en ese departamento ya no podrá ir a la región en condición de presidente sino como un “simple ciudadano”, y el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes, ha anticipado que no aceptará los resultados de la consulta.

Estos elementos, sin embargo, no debieran incidir en la voluntad de los bolivianos para ir a sufragar hoy, sobre todo en el entendido de que es mucho lo que está en juego: no se trata de la simple permanencia de 10 funcionarios en el cargo; se decide, principalmente, si esa nación andina, que acusa graves rezagos sociales, se enfilará o no, en forma definitiva, a la configuración de un nuevo pacto social que tome en cuenta a las mayorías indígenas históricamente excluidas, que se base en los principios de distribución justa de la tierra, recuperación de las riquezas nacionales y construcción de condiciones de igualdad y democracia necesarias para revertir décadas de atraso social.

Ciertamente, el proceso para impulsar estos cambios ha resultado por demás accidentado. Evo Morales llegó a la presidencia con un respaldo electoral inusitado de 54 por ciento, y asumió el poder con la promesa de “refundar” Bolivia. La confianza del pueblo boliviano en su proyecto se vio ratificada en julio de 2006, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) –partido de Morales– ganó la Asamblea Constituyente con 50.7 por ciento de los votos. La tarea principal entonces era impulsar un proyecto constitucional que reparara los estragos de siglos de dominación de la elite criolla; una Carta Magna de tendencia indigenista, que recuperara añejas demandas populares, que fuera de carácter incluyente y de contenido social.

Un año más tarde, las protestas impulsadas por la oposición en la ciudad de Sucre, donde sesionaba la Asamblea Constituyente, obligaron a que ésta fuera trasladada a Oruro, donde en diciembre de 2007 aprobó finalmente el nuevo texto constitucional. La reacción de la derecha boliviana no se hizo esperar: Rubén Costas rechazó la nueva Constitución y presentó un proyecto de estatuto autonómico regional. Tras fallidos intentos de diálogo entre gobierno y oposición, Santa Cruz convocó al referéndum autonómico del pasado 4 de mayo, que se desarrolló bajo el signo de la ilegalidad, al que le sucedieron réplicas en los departamentos de Beni, Pando y Tarija. El 8 de mayo, al parecer envalentonada por el triunfo obtenido en la votación cruceña, la oposición retó a Morales a someterse al plebiscito revocatorio, una propuesta que ciertamente ya había planteado el mandatario en enero como una forma de zanjar la crisis política.

El camino recorrido desde el arribo de Morales al poder hasta la histórica jornada de hoy, marcado por las conjuras de una oligarquía que ha visto afectados sus privilegios tradicionales contra un gobierno emanado del pueblo, revela en buena medida el cariz de los dos proyectos que miden fuerzas hoy en esa nación. Este domingo, los bolivianos definen, en suma, si se revierte o se consolida un nuevo orden nacional más justo, viable y humano.