Mario Di Costanzo Armenta
Hace algunas semanas, dentro del foro de debate sobre el petróleo que organizó el Senado de la República, muchos legisladores, especialistas, así como las personas que lo siguieron a través del Canal del Congreso se escandalizaron por los señalamientos realizados por Arturo González de Aragón –titular de la Auditoría Superior de la Federación– en torno de los casos de corrupción en Pemex y las discrecionales devoluciones de impuestos efectuadas a grandes empresas durante la gestión de Vicente Fox.
Particularmente, con respecto de este segundo tema, González de Aragón repitió casi de manera textual las conclusiones que plasmó en su Informe sobre la revisión de la cuenta pública 2005, que entregó a los legisladores muchos meses atrás. En ese documento señaló, textualmente, lo siguiente: “Se detectaron 50 grandes contribuyentes cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, esto debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron en 216 por ciento al incremento en la inversión privada, que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación (como en rigor implican las devoluciones) libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal”.
Más aún: durante su participación en dicho foro, González de Aragón sugirió que los millonarios ingresos obtenidos por concepto de excedentes petroleros durante la administración foxista habían sido utilizados para compensar lo “no recaudado y lo devuelto” a estas grandes empresas, lo cual se constituye como una transferencia directa de la renta petrolera a estos notables empresarios.
Desafortunadamente, a la fecha, ni los legisladores han actuado en consecuencia, ni mucho menos un servidor ha recibido respuesta a la solicitud que realice al propio Auditor Superior de la Federación para saber a qué empresas se les había devuelto tal cantidad de recursos públicos.
Lo anterior en virtud de que el tan anunciado Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) me ha negado en primera instancia la información solicitada, alegando que ésta se encuentra protegida debido al “secreto fiscal” por un periodo de 12 años.
Lo anterior cobra relevancia porque, de acuerdo con el más reciente informe sobre la situación de las finanzas y la deuda pública, entregado por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, se observa que al primer semestre de 2008 las devoluciones de impuestos –efectuadas principalmente a las grandes empresas– fueron de 93 mil 613.5 millones de pesos, de los cuales 9 mil 604 millones fueron a cuenta de impuesto sobre la renta (ISR) y 81 mil 528.3 millones por impuesto al valor agregado (IVA).
Para tener una idea de lo que estas devoluciones de impuestos significan, es pertinente señalar que la efectuada por concepto de IVA fue equivalente a la totalidad de los ingresos propios de Pemex durante el primer semestre del año.
Por su parte, las devoluciones por concepto de ISR fueron equivalentes a lo que se gastará en todo el año en el Programa para la Atención a los Adultos Mayores de 70 años, en las zonas rurales, que coordina Sedeso.
Así, mientras Vicente Fox devolvió impuestos por 604 mil 300 millones de pesos en un periodo de seis años (es decir, 100 mil millones por año), Felipe Calderón ha devuelto 93 mil millones de pesos en sólo seis meses.
Resulta importante señalar que en el mismo informe se observa que los créditos fiscales “irrecuperables”, es decir, los impuestos que dejarán de ingresar a las arcas nacionales por haber perdido juicios el Servicio de Administración Tributaria (SAT), registraron un incremento de 10 mil 849 millones de pesos, para ubicarse en 142 mil 248 millones de pesos. Esta cifra supera el gasto realizado en el primer semestre por las secretarías de Educación Pública (83 mil 60 millones de pesos), Salud (23 mil 100 millones), Desarrollo Social (22 mil 639 millones), y Seguridad Pública (6 mil 672 millones), que en conjunto fue de 135 mil 471 millones de pesos.
Por ello resulta ofensivo que tanto el PAN como Felipe Calderón transmitan anuncios donde, para promover su reforma privatizadora, señalan que a pesar de contar con petróleo tenemos que importar gasolina.
Más aún cuando está claramente demostrado que la gasolina se tiene que importar porque desde hace 25 años no se construye una refinería, en virtud de que el dinero proveniente del petróleo se ha utilizado para devolver impuestos a los grandes empresarios.
Luego entonces, tal pareciera por la actitud asumida por senadores y diputados, que en el asunto de los Foros del Senado, si bien podría ser cierto que se le dio voz a la sociedad, también lo es, que los legisladores “se volvieron sordos” ya que por lo que se observa, sigue la mata dando.
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