Bolivia: subversión de las derechas

Editorial

Tras haberse sometido a un referendo revocatorio y haberlo superado con éxito, a principios del mes pasado, el gobierno bolivano encabezado por Evo Morales enfrenta ahora una conjura subversiva en la que confluyen las oligarquías regionalistas del país y el gobierno de Estados Unidos, la cual pretende derrocar a la autoridad nacional democráticamente electa y ratificada en las urnas en agosto.

La confrontación entre el gobierno popular de Evo Morales y la oposición derechista, cuyas principales caras visibles son los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, empezó como un conjunto de reivindicaciones autonomistas, escaló en meses recientes a saqueos, bloqueos de carreteras, violentas tomas de aeropuertos y edificios gubernamentales y atentados contra gasoductos. La participación de la embajada estadunidense en La Paz en esos actos de desestabilización era tan evidente que Morales declaró persona non grata al embajador Philip Goldberg.

El jueves pasado, en las cercanías de Cobija, capital de Pando, unos 26 campesinos que acudían a una asamblea de apoyo al gobierno de La Paz fueron masacrados y el jefe del Ejecutivo atribuyó el crimen a sicarios peruanos y brasileños que habrían actuado en connivencia con el prefecto local, por lo que ordenó la implantación del estado de sitio en ese departamento, en donde los enfrentamientos entre partidarios del gobierno y opositores ha dejado un saldo global de una treintena de muertos.

Con ese telón de fondo, ambas partes iniciaron ayer una ronda de pláticas y los bloqueos carreteros fueron temporalmente suspendidos. Es poco probable, sin embargo, que se logre desactivar en la mesa de negociaciones lo que, disfrazado de falsos regionalismos o de reivindicaciones fiscales de los prefectos rebeldes, constituye, en realidad, un plan para derribar por medio de la fuerza al gobierno de La Paz.

Debe considerarse que los oligarcas bolivianos no están dispuestos a permitir la permanencia en el cargo de un presidente de origen indígena que ha emprendido acciones que afectan los intereses de los acaudalados y que apuntan a reducir la pavorosa desigualdad que afecta al país sudamericano. Por su parte, Washington ha encontrado en Bolivia al eslabón más débil del trío de gobiernos andinos que le son adversos –Venezuela y Ecuador, además de Bolivia– y parece concentrar sus esfuerzos en desestabilizar al gobierno de Evo Morales como primer paso para hacer otro tanto contra las autoridades de Caracas y de Quito. De hecho, en la Bolivia actual, las provocaciones violentas y criminales, las presiones para generar desabasto, la agitación de las clases medias para malquistarlas con el gobierno y la campaña de desinformación en curso tienen todas las características de los procesos subversivos diseñados por Washington para deponer a gobiernos que considera adversos, como lo hizo en 1954 contra la presidencia de Jacobo Arbenz y en 1973 contra el gobierno popular encabezado por Salvador Allende. La nación sudamericana vive, en suma, una regresión a los tiempos del golpismo vulgar que muchos consideraban superado en este continente.

En tal circunstancia, el respaldo activo e inequívoco a las autoridades de La Paz constituye un deber elemental de todos los gobiernos latinoamericanos. No se trata únicamente de un ejercicio de congruencia y de solidaridad democrática, sino de una obligada medida de sobrevivencia. Porque si la conjura oligárquica y la injerencia estadunidense llegaran a triunfar en Bolivia, cualquier nación podría ser la próxima víctima de una conjura. Cabe esperar que esa consideración oriente la participación de los mandatarios que se reúnen hoy en el encuentro convocado por Chile para analizar la crisis boliviana, y en el que participan, además de Evo Morales y de Michelle Bachelet, los presidentes Cristina Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Álvaro Uribe, Rafael Correa, Fernando Lugo, Tabaré Vázquez y Hugo Chávez.