Por Gilberto Balam Pereira
Maestros peninsulares, a apoyar
Desde antes de entronizarse como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, del grupo Atlacomulco, había dado señales de su ambición por llegar a la silla presidencial, para lo cual no tuvo empacho en establecer conexiones, entrarle al tráfico de influencias, pasar por sobre principios como la defensa del ladrón ex gobernador Arturo Montiel y de comenzar a invertir unos 60 millones de pesos al año para promover su imagen en Televisa. En su estrategia de sumar fuerzas, anexó al grupo Atlacomulco a gente de carroña como Salinas, Ulises Ruiz el gobernador de Oaxaca, a Mario Marín de Puebla, a Emilio Chuayffet y a otros sórdidos personajes. De la misma manera, se ha servido a su antojo del sector magisterial estatal, cuyos integrantes han llegado hasta el tope por las imposiciones, autoritarismo y demás arbitrariedades del golden boy. Pero no olvide Peña Nieto que la fuerza del magisterio “mata carita”.
La gran mayoría de los maestros mexiquenses sindicalizados se proponen crear a capa y espada un nuevo sindicato independiente a los intereses abyectos de la “maistra” Elba Ester y, por supuesto, del gobierno del Estado.
Suficientes pruebas tienen estos maestros para acusar al gobernador de hechos delictuosos, como obstaculizar la formación de un sindicato opuesto al oficial, falsedad de declaraciones judiciales, ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, etc.
El señor gobernador está haciendo los más ridículos berrinches porque teme perder no sólo el voto magisterial, sino los recursos que provienen de los profesores que alcanzan el orden de 35 millones de pesos anuales por cuotas sindicales, además de ingresos por fondos de obras, pensiones y retiros. Son fuertes cantidades de dinero que no son auditadas y que son una de las cajas chicas a servicios electorales del PRI.
Por estas razones, el gobierno de Peña nieto amenaza continuamente reprimir cualquier intento de crear un sindicalismo que escape a su control.
Entre el 8 y 18 de octubre pasado, se multiplicaron acciones de hostigamiento contra 29 profesores y sus contratos fueron rescindidos con el pretexto de haberse ausentado de las aulas para ir a reuniones sindicales de oposición. Desde esa fecha, estos maestros no cobran sus sueldos. Una semana después, se presentó la denuncia ante la PGR contra Peña Nieto. El líder principal del movimiento fue llamado por el subsecretario de Educación Básica y Superior para amenazarlo: o retira la denuncia o se va del magisterio para siempre. Ante la negativa del líder, la amenaza se cumplió. El 1 de julio pasado fue notificado de su rescisión laboral. Al recibir la notificación, el profesor escribió en ella: “se firma bajo protesta y no se acepta por ser una represión sindical y atentado contra el Art. 123 Constitucional que consagra que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”
“Lo que mantiene montados en cólera al gobernador y a su gabinete fue la demanda penal ante la PGR, en la que se acredita la violación a la Ley del Amparo y al Código Penal, algo que puede echarle a perder su pretensión de ser candidato presidencial” -dijo el líder magisterial.
Aunque el Juzgado Quinto de Distrito niega que las plazas de los cesados han sido asignadas a terceras personas, el caso es que esta injusticia ha tenido lugar. En tanto, los colaboradores inmediatos del gobernador niegan tal arbitrariedad con lo que el gobernado y sus allegados incurren en falsedades sancionables en los términos del Código Penal en materia federal. El Art. 147 del Código Penal dispone que se impondrían de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario al que, como indica la fracción V “en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable, en los que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte.”
La denuncia de los maestros dice: “Aunados a los delitos anteriores, solicitamos que los indiciados rindan declaración también por los delitos de falsificación,, utilización y uso de documentos y sellos oficiales.
En el escrito se describen, además, numerosas acciones de represión y arbitrariedad contra quienes han decidido formar parte del SUMAEM, como la intimidación física, moral y sicológica, el espionaje, el acoso y aun cárcel como le ocurrió a Manuel García García al que confundieron con un homónimo.
Termina diciendo el líder magisterial:
“No hay personajes políticos, no hay quien nos apoye políticamente, no hay ningún partido. Hemos tenido acercamiento con los presidentes de las comisiones de Educación, del Trabajo y de Justicia del Congreso, que son encabezadas por panistas, pero nosotros no tenemos la culpa. Hablamos con todos los partidos, menos con el PRI, que no nos quiere.
Comentario aparte. ¿Qué pasa en el DIF, Tirso?
Desde el miércoles de la semana pasada, corrió el rumor entre los empleados y pronto llegó a los cafés y a los antros: 300 millones de fraude en un ejercicio de diez meses de la dependencia, reportó la reciente auditoría al DIF de Yucatán. ¿Estará enterada la gober?
Los desayunos escolares están como para sentarse a llorar. Deficientes e inútiles. Son un barril sin fondo, allí hay filtrado de las llamadas fugas discrecionales que ahora ya no lo son tanto. No tienen nada de discretos.
En cuanto al horrendo Hospital de Especialidades Médicas, el director, Navarrete Ruiz del Hoyo, percibe un salario mensual de 120 mil pesos. Pero, ¿a quién dirige?, se pregunta la gente. Cuando mucho la consulta externa da un ínfimo de 30 consultas diarias y sin horario vespertino. Un médico familiar del ISSSTE presta 100 consultas al día como meta, o le descuentan.
¿Estará enterada la gober?
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