Carlos Beas Torres
En el gran debate abierto en torno a la reforma energética se han dejado una vez más de lado los derechos de los pueblos indígenas. Se ha olvidado en el caso del petróleo que muchos de los campos de extracción, refinerías e instalaciones petroquímicas, ductos y zonas de almacenamiento se localizan precisamente en territorios ancestrales de los pueblos indios de Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca y Campeche.
Hasta ahora los beneficios de la renta petrolera han llegado a cuentagotas a los pueblos indios, los cuales siguen siendo los habitantes más pobres de este país a pesar de que es precisamente en sus tierras donde se ha obtenido en los últimos 100 años los recursos energéticos que alimentan y mueven a México entero. Una muestra de esta injusta relación lo es sin lugar a dudas Chiapas, estado donde, según datos oficiales, 54 por ciento de la población enfrenta problemas de desnutrición y que sin embargo aporta 20 por ciento del petróleo, 25 por ciento de gas y 50 por ciento de la electricidad que se producen en el país.
Los pueblos indios del Golfo de México han sufrido graves impactos, producto de la explotación petrolera. A principios del siglo pasado el empresario inglés Weetman Pearson, socio de Porfirio Díaz y de Enrique Creel, estableció en tierras nahuas y popolucas del istmo veracruzano, la primera refinería que existió en México. En 1907 se inauguró la refinería de Minatitlán, hecho que significó el despojo de más de 400 mil hectáreas de tierras indígenas, así como asesinatos y desalojo de pueblos enteros.
Aún hoy en la memoria colectiva de los pueblos nahuas, popolucas, totonacas y tenek se mantiene vivo el recuerdo de cómo los pistoleros de las compañías El Aguila y la Huasteca Petroleum Companay asesinaban a mansalva a los campesinos indígenas que defendían sus tierras. “Me vendes tu tierra o se la compro a tu viuda”, es la frase que aún recuerdan los viejos.
Pero no sólo los despojos de tierras y los cientos de asesinatos han agraviado a las comunidades indígenas, otro de los graves impactos que han sufrido han sido los daños ambientales generados por la operación de la industria petrolera. En julio de 1908 en la región huasteca ocurrió uno de los más siniestros ambientales más graves en la historia de nuestro país, cuando se salió de control la perforación del pozo 3 del campo Potrero del Llano, lo que ocasiono un incendio que duró más de tres años y el derrame de más de 5 millones de galones de crudo que contaminaron tierras, ríos y la laguna de Tamiahua.
Graves daños ambientales han denunciado también los pueblos chontales de Nacajuca en Tabasco, quienes no sólo han sufrido durante los últimos 50 años afectaciones causadas por derrames de hidrocarburos, ya que en una amplia zona del sur de Veracruz y de la porción central de Tabasco la lluvia ácida afecta de manera constante cultivos y producción ganadera. Pescadores y campesinos mixes, huaves y zapotecas de Oaxaca han denunciado reiteradamente los daños ocasionados a sus tierras, ríos y lagunas por la rotura de ductos del sistema Nuevo Teapa-Salina Cruz. Similar es la denuncia de los pescadores y campesinos de la cuenca baja del Río Coatzacoalcos, quienes han visto afectada por la contaminación su ya de por sí mermada economía.
Uno de los más graves impactos que ha traído la industria petrolera a los pueblos indígenas ha sido la destrucción de sistemas económicos regionales. La construcción del complejo petrolero Pajaritos próximo a Coatzacoalcos o de la Refinería de Salina Cruz atrajo a miles de campesinos que se ocuparon como peones de obra por dos o tres años, lo cual generó una grave crisis por el abandono del campo. La destrucción de economías locales trajo como consecuencias la pérdida de valores culturales, la migración y la desintegración de comunidades y familias enteras, dejando como secuela que la tasa de suicidios en Tabasco se elevara en 10 años a más de 300 por ciento.
Las zonas petroleras han sido polos de desarrollo donde a manera de casta privilegiada, los trabajadores petroleros viven apartados del resto de la población y cuentan con servicios a los cuales los habitantes nativos no pueden acceder. Los altos ingresos de este gremio han traído además como consecuencia una gran carestía en los productos de primera necesidad, lo cual ha afectado de manera directa al grueso de la población, cuyos escasos ingresos provienen de las actividades agropecuarias o de la pesca.
Es en este momento, en el que se está definiendo el futuro de un sector estratégico para nuestro país, que se hace necesario impulsar acciones contundentes para frenar cualquier intento privatizador de Pemex y por supuesto también es prioritario demandar acciones que permitan la erradicación de la corrupción con la que gobiernos priístas y panistas han administrado a la principal industria del país. Pero también es fundamental hacer énfasis en la necesidad de fortalecer las acciones que mitiguen los graves daños ambientales que ocasiona al entorno la operación de esta importante industria. Además de la responsabilidad ambiental con la que debe operar Pemex es necesario que asuma de manera plena su responsabilidad social, transfiriendo de manera directa recursos a los pueblos indígenas con el fin de promover su efectivo desarrollo, recursos para construir hospitales, escuelas, centros deportivos y para fortalecer las actividades productivas propias de estas comunidades.
En el marco de la reforma al sector energético se deben reconocer los derechos históricos que tienen los pueblos indios, ya que estos recursos se localizan en buena medida en sus territorios, lo cual les ha significado hasta ahora muy pocos beneficios y sí muy altos costos sociales y ambientales. La modernización de la industria petrolera deberá respetar los derechos de los pueblos indios de México; nuestro país no puede tolerar ya que en los territorios donde se genera tanta riqueza, sus habitantes sigan sumidos en la pobreza, el abandono y en la explotación. Pemex es de todos los mexicanos y debe seguir siéndolo, sin olvidar que este patrimonio nacional se encuentra en buena medida en territorios indígenas, cuya población ha pagado un alto costo por ello. No lo olvidemos.
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