Un destello de esperanza

Francisco Luna Kan

En los primeros 7 días del patriótico mes de septiembre, PEMEX y la Secretaría de Hacienda nos obsequiaron 3 aumentos progresivos en el precio de los combustibles derivados del petróleo. La gasolina magna pasó en este lapso negro de $7.03 a 7.38 en tanto que la premium, subió de $8.78 a $9.21. A su vez el diesel brincó de $5.95 hasta $6.58. Quizá estos incrementos en tan pocos días obedecen a que en estas fechas se presenta el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En esta ocasión, según expresiones de varios legisladores, no aprobarán aumento en impuestos como ha dejado sentir el Sr. Agustín Carstens, Secretario de Hacienda, que quiso adelantarse en tan espinoso asunto.
La gravedad del problema deriva en que un aumento en los energéticos, cualquiera que sea el origen de éstos, tiene sensible repercusión en muchísimas actividades: en la agricultura, la industria, en la rama de la construcción. El transporte de mercancía y el de personas por vía terrestre o aérea, se ve afectado en sus costos de operación y obligadamente repercute en el usuario. Si a ello agregamos la desaparición de los ferrocarriles, sistema de transporte masivo de carga y de pasajeros, tendremos las bases de comprensión de los aumentos de precios en general.

Como consecuencia de lo anterior, el poder adquisitivo del salario se reduce y por tanto, también se achica la capacidad de adquirir los alimentos necesarios para toda la familia. Ante esas situaciones de contracción de la economía, se agudizan las diferencias de vida de una pequeña parte que puede obtener producto en demasía, ante la imposibilidad de la mayoría para satisfacer sus requerimientos alimentarios, de vestido y de objetos caseros.
Estos desajustes sociales se agudizan porque en respuesta a su generalización se producen actos humanos al margen de la ley y se rompe la convivencia pacífica. Asalto, lesiones y crímenes se incuban cuando el ambiente se enrarece. El ocio producto del paro laboral, afecta más a los grupos humanos de bajos ingresos. Estos recurren a acciones al margen de la Ley y como tienen que subsistir, se organizan para la delincuencia en sus múltiples versiones: el narcotráfico, entre otras expresiones.
De ahí la importancia del trabajo como medio de prevención social. Ocurre que en esta época enfrentamos carestía, poca capacidad de empleo, salarios insuficientes y aumento de precios en los energéticos. Elementos negativos que dan cauce a un ambiente enrarecido. Por tanto, no existe la cohesión necesaria en la sociedad civil y el gobierno no ha definido el rumbo político para superar esta etapa compleja para el país. En vez de ocupar la vanguardia en el avance universal, nuestro régimen actual va a la zaga de la sociedad, incapacitado para la determinación del rumbo. Vivimos una crisis política, económica y social. México tiene el menor crecimiento económico entre todos los países de tierra firme de nuestro continente.
Por cuanto a la inseguridad se refiere, parece que por presión de la sociedad civil, se convocó a los organismos gubernamentales federales y estatales a una reunión cumbre para coordinar las acciones de seguridad en la que juega un papel de trascendencia la participación del Ejército. La detención de miembros de la Banda “La Flor” que parece ser la responsable del secuestro y crimen del adolescente Fernando Martí, marca un período de renacida esperanza en cuanto a la disminución de robos, plagios, secuestros y chantajes que ha sufrido la sociedad mexicana.
Por contraparte, con ánimo optimista debe apreciarse la Reunión Sobre la Salud, efectuada en la ciudad de Guanajuato en días pasados. Concurrieron a ella el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas; el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Miguel Angel Yunez Linares; y José Angel Córdoba Villalobos, Secretario de Salubridad. Representan el trípode sobre el que funciona el Consejo Nacional de Salubridad, que según expresiones de Molinar Horcasitas es el foro “donde se deben sentar las bases para que en el año 2011 se tenga una cobertura universal en materia de salud, como lo dispone la Constitución General de la República”.
Como se observa, las principales instituciones de salud están de acuerdo en la conveniencia de coordinarse para consolidar un sistema que respetando derechohabiencia de sus integrantes, sumen los esfuerzos de personal y la utilización óptima de los equipos, recursos de laboratorio y diagnóstico para proporcionar servicios preventivos, curativos y rehabilitatorios a las personas que lo requieran y no sólo a los favorecidos originalmente en el programa segmentado, que se justifica en su origen; pero que debe ampliarse después de 65 años de experiencia en Seguridad Social.
Lo acordado en la reunión apuntada, pudiera fructificar sólo en caso de que se elabore en un plan específico de tipo aplicativo, con etapas precisas en tiempos señalados para la afiliación con derecho al uso indiscriminado del servicio por ocupar en cada una de las unidades clasificadas por nivel de atención. Es esta una tarea que reclama la participación de profesionales altamente calificados en tareas de salud colectiva, que existe desde hace tiempo y que permanece subutilizado por multitud de circunstancias.
Si los señores directores que forman el Consejo Nacional de Salud aceptaron que de los 107 millones de mexicanos, 47 están protegidos por el IMSS; 10 son atendidos por el ISSSTE, 27 millones reciben servicios del Seguro Popular y estimando que las Fuerzas Armadas ofrezcan atención a 2 millones más, el total de población servida, sería de 86 millones. Quedan 21 millones de compatriotas en el total desamparo. Esas cifras optimistas de cobertura de salud reclaman una revisión, pero aún en caso de confirmarlas, el déficit es altamente preocupante.
Como salud, educación y trabajo guardan una interrelación estrecha para avanzar en el desarrollo, no debe permitirse el rezago en ninguno de esos frentes. El destino futuro del país, está ligado a la explotación del Petróleo y los precios elevados del crudo no pueden dilapidarse en el gasto corriente. La paz interior no debe buscarse solamente en la lucha contra la inseguridad. Razones que no deben olvidar los señores diputados ahora que estudien el Proyecto de Egresos de la Federación para el año 2009.