Luis Hernández Navarro
Quienes promueven la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE) ven hacia Estados Unidos. Su mirada no busca recuperar las mejores tradiciones pedagógicas nacionales. Tampoco reflexionar sobre las prácticas educativas exitosas de los países de excelencia académica. No. Su pretensión es otra: quieren copiar la reforma pedagógica impulsada por la administración de George W. Bush y reproducir la experiencia de los cristianos fundamentalistas en la construcción de una base social desde los consejos escolares.
Lo hacen a pesar de que la calidad de la educación en el país del Tío Sam dista de ser ejemplar, no obstante sus escuelas de excelencia. Estados Unidos ocupa el lugar número 28 entre 40 naciones en la enseñanza de matemáticas, y se gradúan sólo 75 por ciento de los alumnos que cursan la preparatoria.
En 2001 se aprobó en Washington la legislación Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind, NCLB, por sus siglas en inglés), ley federal cuyo objetivo es mejorar la educación de todos los niños y medir la calidad de la educación a través de exámenes estandarizados de opción múltiple, responsabilizando a las escuelas por los resultados escolares; formalmente ofrece más opciones a los padres.
Muchos de los elementos que integran la ley Que Ningún Niño se Quede Atrás están presentes en la ACE, de México. Sea en el espíritu o en la letra, ambos proyectos son almas gemelas. Más aún, el programa educativo mexicano parece, en momentos, copia directa de la de nuestro vecino.
Que Ningún Niño se Quede Atrás ha recibido fuertes críticas de pedagogos, maestros, padres de familia y directivos. Importantes estudios muestran que, más allá de sus declaraciones a favor de la calidad educativa, sus resultados son pobres y limitados, cuando no francamente contraproducentes. (Véase Linda Darling-Hammond, “Evaluating No Chlid Left Behind”, The Nation, 2/5/07.)
Detrás de la ley estadunidense se encuentra la pretensión de subvalorar la educación pública. Los mecanismos de evaluación sesgados que se han utilizado han servido para mostrar que ésta es de pobre calidad. Han dado argumentos a quienes promueven los vales escolares, iniciativa que otorga subsidios para que las familias puedan enviar a sus hijos a escuelas privadas, en detrimento de las públicas. En México, se trata de un anhelado sueño panista; es su versión de la gratuidad de la enseñanza.
Las denuncias sobre las tendencias privatizadoras ocultas en esta legislación provienen no nada más de la izquierda estadunidense, sino del mundo conservador. Por ejemplo, Susan Newman, subecretaria de Educación Primaria y Secundaria durante el primer gobierno de Bush (2000-2004), señaló que importantes funcionarios dentro de esa administración vieron en NCLB un caballo de Troya para impulsar su propia agenda, “una forma de mostrar las fallas de la educación pública y reventarla” desde adentro. La ex subsecretaria asegura que entre los promotores de la ley hay “personas empujando duro a favor de las fuerzas del mercado y la privatización” de la educación (Time, 8/6/08).
Los críticos de Que Ningún Niño se Quede Atrás, al igual que los maestros que en México se oponen a la Alianza, advierten que los instrumentos de evaluación de ambos modelos educativos se concentran en realizar pruebas cuantitativas, más que en proporcionar las herramientas adecuadas para medir la formación y el desempeño académico. Bajo este sistema, los maestros se concentran en que los estudiantes memoricen las respuestas correctas en los exámenes, en lugar de comprender a profundidad los contenidos educativos para ser capaces de aplicarlos creativamente a la hora de enfrentar retos similares que acontecen en la vida cotidiana.
Las naciones de altos niveles educativos privilegian en su currícula el desarrollo del pensamiento crítico y la solución de problemas, usando exámenes que obligan al estudiante a investigar, a resolver desafíos del mundo real y a defender ideas propias de manera oral y escrita. Estos criterios nada tienen que ver con los exámenes de opción múltiple estandarizados.
Por supuesto, alrededor de la capacitación para aprobar las pruebas estandarizadas florecen magníficos negocios privados. Neil Bush, el hermano del presidente de Estados Unidos, montó Bush’s Ignite! Inc, empresa dedicada a esta actividad, que le ha prodigado ganancias millonarias. (BusinessWeek, octubre 16, 2006.).
Pero las semejanzas de la Alianza para la Calidad de la Educación con el modelo conservador estadunidense rebasan el marco estrictamente normativo. La ACE abre a la iniciativa privada y a sus asociaciones civiles un enorme espacio para participar en la gestión de la escuela mediante los consejos escolares, y desde allí crear clientelas políticas. Por eso el entusiasmo de las cámaras patronales con ella.
En Estados Unidos los cristianos fundamentalistas han buscado conquistar los consejos escolares para impulsar sus valores y su moral. Desde allí se han dotado de una base social significativa. La derecha religiosa controla ya 15 por ciento de los consejos escolares de esa nación. Utilizando las posiciones de poder que ocupan en esos consejos, promueven la educación religiosa en las escuelas públicas. Ponen en duda la teoría de la evolución de Charles Darwin. Reivindican el creacionismo (creencia inspirada en dogmas religiosos que sostiene que la Tierra y cada ser vivo son obra de Dios) como una enseñanza igualmente válida a la de cualquier conocimiento científico. Buscan imponer a otros su moral religiosa y su doctrina teológica.
Quienes defienden la Alianza en México viendo hacia el Norte copian una política pública que no mejora la calidad de la educación. Se trata de un modelo para que algunos hagan grandes negocios y la derecha construya desde las escuelas una base social de la que, hasta ahora, carece.
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