El Justo Reclamo

Elba Esther Gordillo, poderío y prebendas

Manuel Fuentes Muniz

MÉXICO, D.F., 13 de octubre (apro-cimac).- Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), una organización de casi un millón 350 mil educadores, dispone de los maestros como un ejército político sindical para imponer casi todos sus deseos.
Entre los agremiados, más de 24 mil 344 gozan de licencia sindical de tiempo completo, con goce de salario íntegro, y son ellos quienes hacen el trabajo a la maestra.
No obstante, la cifra señalada podría duplicarse porque es parte de un informe parcial que la Secretaría de Seguridad Pública (SEP) proporcionó al Senado a principios de este año y proviene de informes de sólo 15 estados de la República, así como del sector central, organismos descentralizados y desconcentrados y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), todos ellos dependientes de la SEP. El resto de las entidades se negó a dar a conocer la información de las licencias otorgadas al SNTE.
Ese ejército de incondicionales con licencia está a disposición de Elba Esther Gordillo para realizar manifestaciones por reclamos sindicales, apoyos políticos, formación de corrientes políticas, centrales sindicales y hasta un partido político para obtener canonjías, todo a costa del erario público.
Ese grupo de representantes "con licencia", hace mucho que está alejado de sus centros de trabajo de origen, pues su trabajo actual es realizar actividades político-sindicales de la organización gremial.
Cualquier comisionado que no cumpla con los acuerdos sabe que perderá la licencia con goce de salario y tendrá que regresar a laborar en jornadas de trabajo y horario definido como una forma de castigo.
Ejercer las licencias con goce de salario no es un acto ilegal, las Condiciones Generales de Trabajo convenidas ente la Secretaría de Educación Pública y el SNTE obligan a otorgarlas, ya que son una "conquista sindical" sin regreso.
Y como el SNTE no tiene obligación de rendirle cuentas ni a la SEP ni a nadie en torno de las actividades que desempeñan sus comisionados con licencia sindical, ya que ello violaría "la autonomía sindical", pues muchos no son conocidos en los centros de trabajo porque sirven a la estructura sindical (como vigilantes, guardaespaldas, grupos de choque, esquiroles, asesores y ayudantes de lo que sea) o están al servicio de otras personas o instituciones ajenas al sindicato.
Los beneficiados tienen una clave en sus recibos de pago, identificada con el "Código 43, Licencia por comisión sindical o elección popular", lo que les permite alejarse de cualquier relación con su patrón, que es la SEP.
Una parte de ese grupo, que goza de salario íntegro, acude algunas horas y algunos días al mes a "sus centros de trabajo" para atender los problemas de sus representados y así justificar la representación de la que disfrutan.
Pero la fuerza de Elba Esther es producto del propio sistema que en tiempos priistas fortaleció estas estructuras corporativas que le sirvieron para fines electorales y políticos, y ahora al propio gobierno en turno se le revierten, ya que es una estructura de poder basada en acuerdos "legales" que no pueden romperse unilateralmente.
Y aunque la SEP podría implantar una supervisión para que las licencias sindicales cumplan con los fines de representación de sus asociados, los beneficiados gozan de fuero sindical, lo que impide que sean despedidos o cesados por no cumplir con las actividades convenidas. El cumplimiento o no de sus obligaciones sindicales sólo compete a los órganos de gobierno de la SNTE y no de la SEP.
Frente a esa situación, la SEP prefiere no romper con ese vicio ancestral, porque sabe que esa intención se le puede revertir. Además, las contralorías internas no tienen competencia para realizar investigaciones porque sus facultades consisten en investigar los actos u omisiones de los servidores públicos con motivo de su trabajo en relación con la institución y no en las "tareas sindicales" que realicen.
Y el Congreso de la Unión, instancia facultada por la Constitución para legislar en esta materia, tampoco quiere romper con esta estructura porque entre los beneficiados con el corporativismo hay priistas, panistas, verdes y de Convergencia.
Las facturas que el "sistema" adeuda a Elba Esther le permiten disponer de los recursos que le ha proporcionado el propio gobierno. Así, tan sólo de dos fideicomisos y un convenio obtiene recursos que ascienden a 13 mil 300 millones de pesos, que representan el ejercicio presupuestal ordinario de dos años del Sistema de Transporte Colectivo (metro) de la ciudad de México, sin contar los 193 millones de pesos que recibió entre 2003 y 2005 en tiempos de Vicente Fox, ni las millonarias cuotas sindicales que maneja a placer.
Es así que puede actuar como un poder autónomo que le permite establecer alianzas con el gobierno o enfrentarlo si así conviene a sus intereses.
Por ejemplo, en el conflicto magisterial de Morelos se permite asesorar al gobierno federal para enfrentar a la disidencia e incluso retar a "sus agremiados" que no acatan sus indicaciones.
De esa manera, en este nuevo siglo vivimos prácticas centenarias de caciquismo que representan a la vez la putrefacción del sistema y su propia supervivencia y permite a personajes como Elba Esther Gordillo manejar estructuras sindicales como patrimonio personal.
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