Confirma la Unasur que 20 partidarios de Evo Morales fueron víctimas de una matanza

La derecha califica de “parcializado” el informe sobre lo sucedido en Pando el 11 de septiembre
¿Querrán decir que los muertos lo están "parcialmente", que la masacre fue "parcial" o que los asesinaron "parcializadamente"?

Rosa Rojas (Corresponsal)

La Paz, 3 de diciembre. La comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que investigó la matanza de campesinos ocurrida el 11 de septiembre en Pando determinó que el crimen “reviste los rasgos de una violación extremadamente grave y flagrante del derecho a la vida y la integridad de las personas”, y ubicó en 20 la cifra de víctimas mortales, contra las 16 contabilizadas hasta ahora. La oposición de derecha calificó el informe de “parcializado”.

El informe confirmó lo señalado por el Defensor de Pueblo de Bolivia en el sentido de que en El Porvenir ocurrió “una masacre”, un delito de “lesa humanidad”, en la que murieron “un número no definitivamente establecido de campesinos”, pero comprobadamente fallecieron 20 personas, además de dos funcionarios de la prefectura durante una manifestación de apoyo al presidente Evo Morales.

Entre sus recomendaciones, planteó que esos delitos sean juzgados como crímenes “comunes” por la justicia ordinaria, “ya que no constituyen delitos de función y no corresponde por tanto el procedimiento del llamado juicio de responsabilidad”, esto en alusión a la exigencia del suspendido y encarcelado prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, como responsable de los hechos, y de la oposición que reclama para él un juicio de responsabilidades por ser un alto funcionario público.

El documento, que la oposición de derecha rechazó al calificarlo de “parcializado”, fue entregado este día al presidente Evo Morales en el palacio Quemado por parte del coordinador de la Comisión de Unasur, el argentino Rodolfo Mattarollo, con quien participaron en su elaboración delegados de los gobiernos de Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Morales señaló que “con esta investigación se verifica” lo que aseveró el Ejecutivo de que en Bolivia se vivió entre septiembre y octubre “un intento de golpe civil que buscaba acabar con el gobierno”, lamentó además que “es del conocimiento público que no hay una justicia que haga justicia en el país” y apuntó que “tarde o temprano tendremos que hacer una profunda revolución en la justicia boliviana”.

En sus conclusiones y recomendaciones se señala en el informe que la matanza perpetrada en El Porvenir fue producto de una acción “organizada”, con “premeditación y alevosía”, y siguiendo “una cadena de mando”. Los agresores “contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de la empresa criminal”, en una acción de persecución con tintes raciales, étnicos, culturales y sociales.